Todo vale para marginar a las Naciones Unidas de los temas álgidos de la paz. El Gobierno aspira a que el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia deje por fuera el Acuerdo de La Habana.

El sistema de Naciones Unidas negocia un Marco de Asistencia para el Desarrollo (United Nations Development Assistance Framework – UNDAF – ) con cada país anfitrión para definir las áreas de cooperación en las que centrará sus esfuerzos durante los siguientes tres a cinco años.

Las conversaciones de la Cancillería con la ONU están en marcha y van ligeras en paz. La propuesta inicial del Gobierno solo incluyó el fenómeno migratorio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo justificó con el argumento de que el mismo Secretario General Antonio Guterres exhorta a los países “a incrustar la Agenda 2030 en todo”. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General en 2015, incorpora un plan de acción de 17 objetivos con 169 metas.

El Gobierno se considera “pionero” por plantear un UNDAF con base en Agenda 2030 . Nada tendría de malo si ello no fuera usado como pretexto para excluir el Acuerdo de Paz.

Ante la insistencia de la ONU para incorporar el aspecto de la paz, se estableció que el UNDAF tendrá tres pilares:

  • Paz con Legalidad
  • La migración venezolana
  • Objetivos de Desarrollo Sostenible

No sobra recordar que Paz con Legalidad no resulta sinónimo de Acuerdo de Paz. Es más, la Paz con Legalidad del Gobierno presume la ilegalidad del Acuerdo de Paz. Al imponer el lenguaje, la Cancillería se asegura que el sistema ONU priorizará los aspectos del Acuerdo de Paz que le interesan al Gobierno y, como bien sabemos, bien pocos son. Aun así, las Naciones Unidas han logrado incorporar aspectos del Acuerdo en la sección de indicadores.

La Misión de Verificación de la ONU no ha desatado la ira del Gobierno, como sí lo han hecho la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos o la Oficina para la Droga y el Crimen (Ver Más trizas a la paz: el Gobierno rompe convenio con la ONU, Fupad, el candidato del Gobierno para sustituir a UNODC). El Gobierno la considera una aliada y percibe al Representante Especial del Secretario General, Carlos Ruiz Massieu, como un amigo. Le gustaría que ella y solo ella se pronunciara sobre la paz, limitando al máximo la inter-agencialidad del sistema.

Le corresponde a todo el sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Misión de Verificación, resistir los embates gubernamentales para promover el más alto grado de cumplimiento del Acuerdo. Ésa es la necesidad del Estado hoy.

Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio

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