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Que entre el diablo y escoja y que Dios proteja a los millones de trabajadores colombianos.
En estos días, se negocia el aumento del salario mínimo para el próximo año que tendrá incidencia en el bolsillo de millones de trabajadores colombianos que obtienen su sustento de esa asignación salarial y fuimos sorprendidos por la mezquina propuesta de los empresarios e industriales agrupados en el Consejo Gremial.
Cuando esperábamos una oferta algo generosa, el empresariado propone un reajuste del 2%, lo que significaría un aumento de $17.556, es decir, $585 diarios. Eso es una burla a la clase obrera y una bofetada para los trabajadores que son quienes ponen a rodar el aparato productivo.
Las centrales obreras plantearon un reajuste salarial de 13,9%, equivalente a un millón 200 mil pesos, ya incluido el básico, más el subsidio de transporte, una propuesta sin duda, más justa, equitativa, que ayudaría a dinamizar mucho más la lánguida economía nacional, tan golpeada por la actual crisis por cuenta de la pandemia.
El Gobierno nacional y quienes dominan el país, empresarios, bancos, pretenden hacer el ajuste para enfrentar las consecuencias graves de la pandemia en materia de desempleo, de desigualdad, de crisis en general, por cuenta de los trabajadores, bajando sus salarios, eliminando sus primas, eliminando las horas de trabajo. Pretenden precarizar mediante contratos por horas y ajustar hacia abajo salarios y prestaciones sociales.
Por otro lado, el Gobierno está ofreciendo una reforma tributaria para ampliar la base, es decir, para involucrar a muchos más colombianos y especialmente afectar las rentas laborales. Se escucha que habrá reajuste de IVA para cargar la canasta familiar que no se había tocado por ningún gobierno. El Gobierno pretende que no se discutan temas como los costos financieros de los bancos, que no se pongan impuestos a los ricos como el impuesto al patrimonio, que sí debe operar en tiempos de crisis para quienes tengan capitales superiores a $3.500.000.000.oo líquidos. Aspira a que no se toquen esos temas y está esperando bajar el impuesto a la renta de las empresas, que ya había disminuido en la anterior reforma tributaria, y conservar esos privilegios como el esquema de beneficios tributarios para los empresarios nacionales y extranjeros, que incluyen el retiro del IVA a las importaciones de bienes de capital. Quiere un ajuste para que la crisis la paguen los pobres y los trabajadores.
El Gobierno deja ver una vez más sus claras intenciones de seguir favoreciendo a toda costa al gran empresariado, a los industriales y a los ricos de este país, en detrimento de la economía de millones de familias colombianas que subsisten con un escaso salario mínimo, para hablar de los que tienen empleo.
Según cifras del propio DANE, de 14 millones 243 mil hogares colombianos, 6 millones 223 mil tienen ingresos de un salario mínimo o menos. Esto representa más del 43 por ciento de los hogares colombianos.
Si nos ponemos en los zapatos de las familias que devengan un salario mínimo o incluso menos, vemos que están en serios aprietos económicos; de ese valor, tienen que suplir gastos de vivienda o arriendos, alimentación, transporte, educación, es decir, que no les quedaría nada para gastos adicionales como vestuario o recreación familiar y esa penosa situación el gran empresariado poco la entiende. No existe esa sinergia por parte de los ricos de este país con los trabajadores colombianos que son quienes, con su fuerza laboral, ponen a marchar sus empresas.
Somos conscientes del difícil momento que atraviesa no sólo Colombia, sino el mundo entero por la actual crisis de la Covid-19. Como se dice en el argot popular, “el palo no está para cucharas”. Sí se podría hacer un esfuerzo para dinamizar la economía; sin salario no hay demanda y, sin demanda, las empresas no invierten para producir más. Las empresas necesitan nivelar costos y también necesitan quien compre sus productos.
De todas formas, la situación es compleja, porque ningún sector quiere “aflojar” en sus propuestas y, si no se logra un consenso, será el Gobierno nacional que entre a terciar en el asunto y fijar por decreto el nuevo salario mínimo, tal como sucede casi todos los años. Si eso ocurre esta vez, pues… ya sabemos de qué lado está el Gobierno.
Que entre el diablo y escoja y que Dios proteja a los millones de trabajadores colombianos.
*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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