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El Senado de la República tomó una decisión que el país entero esperaba sobre la relación con la situación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia.
Son varios los involucrados: el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y los exmagistrados Gustavo Malo Fernández y Luis Francisco Ricaurte. Moreno y Ricaurte fueron objeto de sanción penal y Malo de medida preventiva.
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Cuando el escándalo estalló, las primeras reacciones ciudadanas fueron de rabia porque se evidenciaba un acto de corrupción del más alto nivel del poder judicial, en la propia representación de la Corte Suprema de Justicia. Compartí ese sentimiento, pero el que más me causó fue tristeza, porque habíamos aprendido a valorar a los magistrados, en general a todos, pero habíamos visto que el magistrado Bustos y el magistrado Ricaurte se habían jugado en su momento por una fuerte defensa de la Constitución y la separación de los poderes. No nos podemos olvidar que, en el gobierno del expresidente Uribe, la Corte Suprema de Justicia, fue atacada y descalificada por las investigaciones que tenía sobre parapolítica y corrupción, algunas de ellas vinculadas al alto gobierno del entonces presidente.
Muchos parlamentarios, muchos ministros fueron investigados por esta Corte y fueron condenados y eso, por supuesto, disgustó al gobierno del expresidente que entró en cólera y la Corte. El tribunal llegó a ser tratado de vocero de la guerrilla en Colombia; la Corte Suprema de Justicia fue objeto de chuzadas por parte del DAS.
En ese entonces, vimos al magistrado Ricaurte y al magistrado Leonidas Bustos, defendiendo a la Corte en una forma muy vehemente con los resultados que el país reconoció. Esto sucedió antes del 2010; luego, en los años 2012, 2013 y 2014, ocurrieron los hechos que hoy lamentamos todos y que los tiene “encartados” a estos exmagistrados.
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Hicimos una exposición bastante detallada en la parte técnica, jurídica, probatoria y conceptual y tuvimos que presentarle la propuesta a la plenaria del Senado y en su momento a la Comisión Instructora para se acepte la acusación que formulaba la Cámara de Representantes y que se tramite luego ante la Corte Suprema de Justicia. Los hechos eran evidentes; las declaraciones, los testimonios, las interceptaciones hacían entender que había elementos para que la Corte Suprema de Justicia proceda a juzgar.
Tanto la Cámara como el Senado de la República no formulan sanciones, no emiten providencias condenatorias sobre responsabilidad o culpabilidad. El Senado simplemente tramita la acusación para que la conozca la Corte Suprema de Justicia en su sala penal y ahí se determinen las responsabilidades. Es más bien un requisito de procedibilidad para que tanto Cámara y Senado argumenten ante la Corte que hay elementos de juicio para que continúe la respectiva investigación y, si hay lugar a sanción, se emita.
La justicia debe ser decente y eficiente, un ejemplo para el país. Ojalá que este tipo de episodios nunca más se repitan por el bien del poder judicial y por el bien de Colombia.
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*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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