Era de esperarse que los sectores que, por años han hecho política difamando y diciendo falsedades sobre el proceso de paz, ahora ni siquiera le crean a la verdad que hace tan solo un par de semanas le exigían a las antiguas FARC que revelaran.

El 3 de octubre, el antiguo secretariado de las FARC reveló que fueron ellos quienes estuvieron detrás del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. A partir de esta revelación, salieron los enemigos de la paz, incluso el mismo Presidente Iván Duque, a esparcir teorías de conspiración en su eterno intento de minar el camino hacia una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Clarifiquemos algunas cosas.

El primer punto es que por primera vez tendremos una vía legal por precedente que dicte cómo se debe evaluar en derecho un magnicidio cometido por un grupo y no un individuo. Esto es importante porque casos como los de José Antequera, Manuel Cepeda Vargas, Jaime Garzón, entre otros, siguen en la virtual impunidad ya que no se ha podido establecer culpas concretas a la organizaciones, algunas estatales, que aportaron y fueron autores intelectuales de sus muertes. Con este testimonio, por fin se crea un precedente por medio del cual podemos buscar verdad y justicia para los magnicidios que se han visto a lo largo de las últimas décadas en el conflicto armado de Colombia. Este caso, que lleva 25 años casi completamente pausado en la justicia ordinaria, por fin sentaría precedente para evaluar otros casos similares.

El segundo punto es la teoría de que Ernesto Samper y Horacio Serpa llamaron a las FARC para tratar de escapar de la culpa por el magnicidio. Esto implicaría que el ex-mandatario y ex-ministro tomaron pasos completamente innecesarios involucrando a personas que, bajo la lógica interpuesta por el Centro Democrático, no tenían nada que ver con el asesinato, y éstas aceptaron responsabilidades que no les corresponden. Todo para conseguir una supuesta impunidad sobre un caso que no ha visto progreso en dos décadas y media y que, con toda seguridad, podría seguir completamente impune si solo siguiera pasando el tiempo.

El tercer y más importante punto es que nada de esto importa porque la JEP y las FARC son dos organizaciones diferentes. La JEP fue diseñada para no depender de que los victimarios digan la verdad y para impartir justicia si hay suficiente evidencia en contra. Si mañana se revelara que la conspiración de Samper fuera verdad, solo se trasladaría devuelta el caso a la justicia ordinaria con más evidencia de la que ha ésta ha conseguido en los últimos 20 años. No se puede juzgar a un tribunal por el accionar de sus acusados, sino en vez, sobre qué tantas garantías le da a las víctimas del acusado. La JEP ya ha logrado más avances en un par de meses de lo que la justicia ordinaria ha hecho en décadas y, si algo demuestra el caso de Gómez Hurtado, es que necesitamos a la JEP porque es la única que tiene alguna chance de resolver casos tan complejos, con tantas estructuras detrás, como los magnicidios que nuestro país ha sufrido desde los 70’s.

*Sergio Villarreal, estudiante del Colegio Anglo Colombiano, miembro de Defendamos la Paz Jóvenes y parte del comité organizador de la marcha por la vida del 26 de Julio, @sergiolideres

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