Las comunidades se resisten a ser actores pasivos en la construcción de soluciones y/o recetas que cada año se idean algunos agentes externos o las oficinas de gobierno.

Mi primer recuerdo del Catatumbo se remonta a 1974 cuando visité el entonces corregimiento de El Tarra. El viaje se realizaba por una trocha que la compañía petrolera había construido y por la cual sobresalía, en algunos tramos, el viejo oleoducto. Ya había pasado la época de las matanzas de indígenas Barí ordenadas por las petroleras y ya se había saqueado y quemado la población liberal de El Carmen, hecho ocurrido en 1949 siendo gobernador del departamento el conservador Lucio Pabón Núñez. Las tierras despojadas a los Barí estaban siendo “colonizadas”. Las historias de la violencia bipartidista, liberal y conservadora, se relataban en tiempo pretérito.

El movimiento cívico de Ocaña realizaba reuniones con campesinos de la región, acompañando la naciente Asociación de Cultivadores de Fique – ASOFIQUE -, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y las Juntas de Acción Comunal. Eran épocas de recuperación de tierras que dieron origen a los barrios Camilo Torres R, Antonia Santos y José A Galán en Ocaña, de preparación del paro cívico nacional de 1977, para el cual se elaboró el pliego de peticiones regional, que contemplaba fundamentalmente el derecho a la tierra, el arreglo de las vías de comunicación, la vivienda, la salud, la educación, nada que el Estado, que obtiene abundantes recursos de la explotación del petróleo, no hubiera podido satisfacer.

A principios de 1979, se aplicaría en el gobierno Turbay el Estatuto de Seguridad; líderes y lideresas fueron detenidos y torturados en el Batallón General Santander de Ocaña, instalaciones que junto con el aeropuerto de Aguas Claras, se habían construido por el gobierno de Pastrana para afrontar una supuesta guerra con Venezuela. Los pueblos de América Latina sufrían las dictaduras militares y, en Colombia, hacían su aparición los Escuadrones Muerte A Secuestradores (MAS) o la Asociación Anticomunista Americana (AAA). Surgían en la región las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y, posteriormente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP). Aumentaron las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.

Llegaba la década de los 80 y se exigía la apertura democrática, la elección popular de alcaldes, se exploraban salidas de paz con el gobierno de Betancur. Nacieron movimientos como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar. Se promovió el paro nororiental en 1987 y, nuevamente, los habitantes del Catatumbo marcharon por el derecho a la tierra, las vías, la salud, la educación y la vivienda. Más de 35 mil catatumberos llegaron a Ocaña. Se firmaron actas en donde los mandatarios se comprometían con las exigencias de las comunidades. Más de 100 líderes fueron asesinados en los meses que siguieron al paro y el incumplimiento de lo acordado fue la regla principal de gobierno. Eran los inicios de los cultivos de coca.

A finales de los años 80, un sector de las guerrillas inició un proceso de solución política negociada que llevaría a la firma de acuerdos de paz y a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. En el corregimiento de Campo Giles, municipio de Tibú, más de 200 combatientes del extinto EPL – Frente Libardo Mora Toro se reincorporaron a la vida civil el 1 de marzo de 1991, en lo que sería el primer intento fallido de consolidar la paz en la región. A esa desmovilización le siguió una campaña de asesinatos a excombatientes promovida desde diferentes sectores políticos y armados.

En 1996, los cultivos de coca alcanzaban a casi todos los municipios del Catatumbo y el movimiento campesino se organizaba alrededor de su siembra. Las plantaciones de coca comenzaron a primar sobre los cultivos de café, tomate, cebolla, cacao, plátano, caña panelera, piña. Diez años después del paro del nororiente, veinte años después del paro cívico de 1977, se produjeron las marchas campesinas de 1996 y 1998, cuyas exigencias centrales giraban nuevamente alrededor de la tenencia de la tierra, la salud, la educación, la vivienda, las vías carreteables. Reiteradamente, los habitantes catatumberos marcharon por reivindicaciones sociales, necesidades básica insatisfechas y pactos incumplidos.

A principios de 1999, llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando de Mancuso. Masacres, desapariciones, asesinatos, desplazamientos, despojo de tierras, falsos positivos, se produjeron con la complicidad o la participación de sectores políticos, económicos, sociales, la policía, el ejército, la fiscalía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como quedó comprobado bajo la Ley de Justicia y Paz. El 10 de diciembre de 2004, se produjo la desmovilización de más de 1.425 combatientes del bloque Catatumbo, en el corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú. Este se convertiría en el segundo intento fallido por consolidar la paz en la región. A esa desmovilización, le siguió una campaña de reclutamiento que favoreció el surgimiento de bandas criminales, algunas de las cuales aún operan en la zona.

En el 2008, se iniciaron nuevamente las protestas campesinas y populares que tuvieron su máxima expresión en 2013. Los y las catatumberas agrupadas en varias organizaciones sociales y comunitarias exigieron el cumplimiento de un pliego de peticiones en el cual retomaban exigencias de cuarenta años de incumplimiento y exclusión estatal, aumentados por la desidia del Estado central, la corrupción, el narcotráfico y el clientelismo que afectan desde hace décadas a este departamento.

En el 2012, con el inicio de las conversaciones que llevaron a la firma del acuerdo entre el Estado y las FARC-EP, el histórico frente 33 incluido en el proceso expresaba su compromiso con la paz. Así, 182 mujeres, hombres y niños se ubicaron el Espacio Territorial para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) en Caño Indio, en el municipio de Tibú. Algunas de las reivindicaciones históricas de la población del Catatumbo fueron recogidas en el Acuerdo de Paz. Este proceso y la instalación de conversaciones con el ELN llenaron de optimismo a la comunidad. Hoy, los incumplimientos del Gobierno y el Estado a las reivindicaciones históricas ligadas a la reforma rural integral pactada, más las negligencias en el proceso de restitución de tierras, sustitución de cultivos de uso ilícito, de reincorporación de excombatientes, los asesinatos de líderes, lideresas y excombatientes, el aumento del pie de fuerza de ejército, policía y la llegada de militares norteamericanos, configuran el tercer intento fallido por consolidar la paz en la región.

Éste es un breve relato que describe la demencia e incapacidad de más de 50 años de gobiernos y de un Estado empecinado en implementar un modelo de desarrollo centralista e inequitativo y unas políticas mezquinas y temerosas frente a los retos transformadores que la paz requiere, demostrando el desinterés de la dirigencia tradicional en construir un aparato estatal del tamaño y la calidad que los habitantes del Catatumbo anhelan. Un breve relato que evidencia el desacierto de unas insurgencias que implementando la violencia como estrategia central de transformación infringen el derecho internacional humanitario y se acompasan con las erráticas políticas dominantes que empobrecen, excluyen y reprimen. El Catatumbo, como otras regiones del país, es la radiografía de una paz inconclusa.

Con justa razón, las comunidades del Catatumbo hoy reclaman garantías para la vida y para la organización comunitaria, social y política, el desarrollo de un programa capaz de involucrar a todos sus habitantes y a sus líderes y lideresas sociales. Una estrategia centrada en el surgimiento de un nuevo ser humano, respetuoso de la vida y la biodiversidad, capaz de construir colectivamente un pacto territorial que legitime la soberanía popular y la democracia directa, para que las estrategias de cambio y transformación hacia la paz y la reconciliación prosperen de la mano de la justicia social, de la capacidad y la creatividad local. Un acuerdo de paz territorial, más ambicioso y creativo que la guerra y la violencia que han llevado los diferentes actores. Un proceso que reconozca, respete e involucre la cultura Barí, su territorio y su autonomía.

Las comunidades se resisten a ser actores pasivos en la construcción de soluciones y/o recetas que cada año se idean algunos agentes externos o las oficinas de gobierno. Lo que se clama a gritos es soberanía, autonomía, participación y democracia que hagan posible el reencuentro con la vida, el territorio.

*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz

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