Según la Corte Suprema de Justicia, ni el texto de la Constitución ni la práctica respaldan la teoría de que los compromisarios del colegio electoral están autorizados a usar su criterio.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos acabó con las esperanzas de que los miembros del colegio electoral pudieran rebelarse contra una relección de Donald Trump en los comicios de noviembre de 2020. Así, continuó quitándole sentido a una entidad anacrónica y lo hizo en solo 32 páginas llenas de historia y hasta de humor.

En Estados Unidos, existe un cuerpo intermedio que elige al presidente y al vicepresidente. Está conformado por 538 compromisarios, con cada estado representado en una delegación con un número de miembros igual al de senadores y representantes en el Congreso. Quien gane en un estado se lleva todos los votos electorales y, para ser elegido, un tiquete debe obtener 270 votos en el colegio electoral.

Quienes defienden estas reglas de democracia indirecta aseguran que ellas dan relevancia a las regiones menos pobladas e influencia política a los pequeños estados. También hacen posible que se pueda obtener la presidencia sin la preferencia popular, como sucedió en 2016.

El margen de maniobra que tiene el colegio electoral como último anillo de defensa de la democracia ha sido objeto de debate desde los inicios de la república.

Hamilton, en el Federalista No. 68, argumentó que el colegio electoral constituye un espacio de reflexión y discusión sobre el futuro presidente.

“Igualmente conveniente era que la elección inmediata fuera hecha por los hombres más capaces de analizar las cualidades que es conveniente poseer para ese puesto, quienes deliberaran en circunstancias favorables y tomaran prudentemente en cuenta todas las razones y alicientes que deben normar su selección. Un pequeño número de personas, escogidas por sus conciudadanos entre la masa general, tienen más probabilidades de poseer los conocimientos y el criterio necesarios para investigaciones tan complicadas.”

John Jay defendió la misma posición cuando, en el Federalista 64, sostuvo que las decisiones del los miembros del colegio electoral debían demostrar “discreción y discernimiento”.

En teoría, un miembro del colegio electoral podría votar por una persona diferente al ganador en su estado. Lo cierto es que 32 estados y Washington D.C. prohíben lo que se conoce como “votación desleal”, 15 la sancionan y, en el resto, poco se ha practicado. Se han contado solo 180 votos desleales en total en más de 230 años. En sentencia tras sentencia, la Corte Suprema de Justicia ha defendido el derecho de los estados a restringir la libertad de los compromisarios.

El 2016, Hillary Clinton ganó en Washington y tres compromisarios del colegio electoral, en vez de depositar el voto por ella, lo hicieron por Colin Powell, un general con simpatías republicanas y ex Secretario de Estado de George W. Bush. Querían arrastrar a sus colegas, sobre todos a aquellos de estados donde ganó Trump, a inclinarse también por Powell para que el actual presidente no pudiera llegar a las 270 papeletas y la elección final se tuviera que definir en la Cámara de Representantes, tal como lo plantea el Artículo II de la Constitución. El plan, claro está, fracasó y, cuando el estado de Washington les exigió el pago de multas de mil dólares, los tres demandaron.

La Corte Suprema les dijo que ni el texto de la Constitución ni la práctica respaldan la teoría de que los compromisarios están autorizados a usar su criterio.  “Temprano en nuestra historia, los estados decidieron atar a los compromisarios a las elecciones de otros, bien sea de los votantes o de las legislaturas (estatales). Más allá de que las legislaturas ya no juegan un papel, esa práctica ha continuado durante más de 200 años… Un estado les dice a sus compromisarios que carecen de fundamento para revertir el voto de millones de ciudadanos. Esa instrucción se ajusta a la Constitución – y a la confianza de la Nación en que, aquí, nosotros, el pueblo, gobernamos – ”.

Así las cosas, esperemos que sea el resto de los ciudadanos de Estados Unidos que den muestra de buen juicio. O quizás sea hora de darle una revisión a la figura del colegio electoral. El colegio electoral, ¿para qué?

*Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils

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