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“Quien encierra a su gente significa que no le tiene mucha confianza”, escribió en su Twitter Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia. Esa confianza se logra cuando la ciudadanía es consciente de que sus gobernantes dedican sus mejores esfuerzos a garantizarles bienestar, lo que entre otras cosas significa un régimen progresivo de impuestos acorde con el patrimonio e ingreso de las personas. Confianza en la inversión transparente de los dineros recaudados en un servicio de salud público eficaz, en una amplia oferta pública de educación en todos sus niveles que la haga verdaderamente democrática, en la creación de empleos que permitan reducir la informalidad y en un seguro de desempleo, en una amplia cobertura de servicios públicos con tarifas equitativas, en la disponibilidad de un transporte público eficiente, en mejorar la seguridad y en el mantenimiento de un sistema judicial que le garantice a la ciudadanía tener la aptitud para ocuparse de todos los conflictos independientemente de su complejidad que le asegure formas simples de interacción con los encargados de impartir justicia y procedimientos expeditos que posibiliten una rápida superación de las disputas.
Un Estado que ofrece a sus ciudadanos condiciones dignas de vida, que les da permanentes muestras de trabajar en beneficio de todos, que se preocupa de seleccionar para los cargos públicos personas honestas y capacitadas para su ejercicio, tiene ya la atención y confianza de ellos. Eso le permite, a su vez, preocuparse más por la búsqueda de soluciones a los asuntos que pueden afectar la convivencia que dedicarse a reprimir las conductas que suelen ser solo manifestaciones externas de problemas no tratados adecuadamente.
En el ámbito de la criminalidad, nuestros gobernantes y legisladores evidencian una reiterada tendencia a la represión como forma de combatir la delincuencia. Son frecuentes los proyectos de ley encaminados a crear nuevos delitos, a aumentar las penas de los existentes, a endurecer sus condiciones de ejecución o a extender el uso de la prisión preventiva. Las ventajas de esta forma de reaccionar ante el delito se reducen, básicamente, a que la promulgación de una ley tarda poco tiempo, es muy barata y les permite a los gobiernos mostrarle a la opinión pública que atiende sus preocupaciones, que reacciona frente a ellas, y consigue tranquilizar momentáneamente a los medios de comunicación y la ciudadanía. Si trascurrido un tiempo se evidencia que las leyes no han resultado útiles, siempre existe la posibilidad de expedir otras que endurezcan aún más los castigos, como lo muestra la espiral alcista que en Colombia ha desembocado recientemente en la aprobación de la cadena perpetua para delitos sexuales cometidos contra menores. Prevenir esta y otra clase de delitos es posible, pero es demorado y cuesta más. Por eso no se dedica el tiempo suficiente a estudiar sus causas, a intervenir en aspectos como la educación sexual, o la mejora de las condiciones de vida de las familias que se ven obligadas a convivir en hacinamiento.
Esa tendencia al uso de la represión como una forma simple y barata de controlar las manifestaciones de los problemas en lugar de dedicar tiempo y dinero al estudio y superación de sus causas, también es perceptible en estas épocas de pandemia. En el mundo ha sido evidente, por ejemplo, que la obesidad aumenta el riesgo de muerte en pacientes de Covid-19. Ante esa realidad, en Colombia se ordenó que las personas obesas debían permanecer en confinamiento, junto con otros grupos como los hipertensos, los diabéticos o los mayores de setenta años, medida que respecto de estos últimos fue revocada por las autoridades judiciales. Por el contrario, en Inglaterra, donde el 63% de las personas están por encima de lo que se considera su peso saludable, el gobierno anunció la inversión de once millones de euros en campañas para mover a sus ciudadanos a cambiar sus hábitos alimenticios. Alemania no ha realizado confinamientos estrictos, sino que ha recurrido a la cooperación ciudadana a partir de la confianza que ella le brinda como respuesta a la tradicional buena administración de sus recursos en favor de la comunidad. En Colombia, se sigue recurriendo a la ampliación de las cuarentenas como mecanismo casi exclusivo para intentar reducir el número de casos positivos, incluso en localidades de Bogotá donde los niveles de contagio son bajos, con el inusitado argumento de que es un tema de solidaridad.
*Yesid Reyes Alvarado, ex-ministro de justicia.
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