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No es casual que se haya reducido en los medios de comunicación el problema central de las protestas al discurso del vandalismo y/o terrorismo.
Se debe dejar claro que el eje central de las protestas que se llevan a cabo a lo largo del territorio nacional obedece al profundo malestar e indignación de los colombianos y colombianas por la desigualdad.
Las cifras recientes (DANE 2020) así lo corroboran: 21 millones de colombianos y colombianas en situación de pobreza y 7.47 millones en pobreza extrema. Una realidad que hace parte del devenir histórico del país.
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Frente a ese panorama social tan crítico y a la indignación de distintos sectores sociales, la respuesta que estamos viendo es la del despliegue del discurso del odio a través de todos los medios del poder del Estado para deslegitimar las protestas.
No es casual que se haya reducido en los medios de comunicación el problema central de las protestas al discurso del vandalismo y/o terrorismo. Tampoco es casualidad que el ex-senador Uribe indicara en sus redes sociales que el grupo armado ELN hacía presencia en Jamundí. Posteriormente indicó por las mismas redes sociales que quienes estaban allí no eran miembros del ELN sino del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La estrategia de la distracción también es bien conocida en las teoría de la manipulación mediática. Ésta consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, entretenerlos y así tapar los verdaderos problemas sociales. La polarización es un claro ejemplo de esa distracción. La estrategia de la distracción y el discurso del odio por lo general están relacionados.
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El fundamento del discurso del odio se concentra en la división de clases sociales ya sea por cuestiones económicas, raciales y/o de género; en atizar y despreciar al más vulnerable, al marginal, al más débil, a los empobrecidos; en ubicar un grupo poblacional o a otro Estado como enemigo; en hacer énfasis en creencias, exaltar los ánimos y las emociones, identificar prejuicios para hacerlos colectivos y así provocar en el público indignación y rabia; en apelar al miedo para crear un enemigo común, que al unísono todos debemos combatir.
Esa figura del enemigo común que ha sido calculada con base en nuestras emociones, sentimientos, miedos y prejuicios se evidencia claramente en el discurso de un sector de la sociedad.
Esto se puede ilustrar con algunos ejemplos y que identifican esos mensajes que funcionan como prototipos (moldes) en los relatos del odio, especialmente, en algunos miembros de la bancada del partido de gobierno, acerca de las protestas. En el comunicado del día 3 de mayo del partido Centro Democrático, dice: “Se trata de un macabro plan de la izquierda radical y criminal, financiada por el narcotráfico, para desestabilizar la democracia colombiana”.
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Este mensaje se repite en la entrevista realizada por CNN al ex-senador y miembro del mismo partido, Álvaro Uribe, el día 4 de mayo. El ex-senador, dice: “No podemos dejar que Colombia caiga en manos del narcoterrorismo comunista”. La misma frase se repite siete veces a lo largo de la entrevista y siempre se establece la conexión izquierda-comunismo-terrorismo-narcotráfico.
El periodista de CNN quiere llevar al entrevistado al debate sobre las inconveniencias para una democracia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los policías; hace referencia a varios comunicados emitidos por la comunidad internacional y nacional preocupadas por los atropellos durante las protestas. Estas son las cifras: 940 casos de abuso policial, 21 homicidios, 672 detenciones arbitrarias y 4 víctimas de violencia sexual (cifras actualizadas del 28 de abril al 4 de mayo).
El mensaje se transmite otra vez cuando nuevamente la bancada del Centro Democrático se pronuncia en contra de las declaraciones de la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Martha Hurtado, sobre los acontecimientos ocurridos en Cali, el día 3 de mayo; en donde fueron asesinados 5 jóvenes y se reportaron 33 heridos, en medio de las manifestaciones. Portavoz que hace un llamado a la calma y les recuerda a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos entre ellos el de la vida y a la seguridad personal y facilitar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica. Resalta también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones y que las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso frente amenazas inminentes.
Al respecto, dicen los portavoces y miembros del partido de gobierno: este es un comunicado equivocado y políticamente sesgado. Seguidamente dicen: “Aquí lo que hay (en Colombia) es un plan criminal orquestado con dineros del narcotráfico que ha filtrado la protesta que debió ser pacífica y al que tienen derecho muchos colombianos y jóvenes a expresar su descontento con lo que quieran, pero aquí lo que hay es una organización de izquierda radical tratando de poner en peligro no solamente la vida sino la seguridad de millones de colombianos”.
La estrategia del odio para la consecución de un enemigo común se ha visto como precursora de delitos atroces, incluido el genocidio. Está estrechamente relacionada con la violencia que resulta en asesinatos en masa. La Organización de Naciones Unidas (ONU) también ha advertido sobre las graves consecuencias que ésta genera a la tolerancia, a la inclusión, a la diversidad y a la esencia misma de nuestras normas y principios de derechos humanos. En general, degrada la cohesión social, descompone los valores compartidos y sienta las bases de la violencia.
Por lo pronto no se percibe una solución a las protestas pero se debe resaltar el apoyo de la comunidad internacional para propiciar las condiciones de acercamiento entre las partes. Pero sobre todo, lo que esperamos la mayoría de los colombianos y colombianas es que impere el respeto por la dignidad humana y los derecho humanos y que se desmonte el discurso del odio que se ha institucionalizado en Colombia.
*Jairo Hernán Ortiz Ocampo, filósofo. Magister en Ciencia Política, Doctorando en Ciencia Política. Docente Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad del Cauca. Director Grupo de Investigación Problemas Regionales y Derechos Humanos.
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