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He sostenido y hoy reitero, que el cambio político en Venezuela solo será posible que lo hagan efectivo quienes en nuestra tierra residan a la fecha de la elección.
Estamos a siete de enero. Venezuela es el único país del mundo que este año tiene previsto celebrar elecciones y que, a la fecha, no ha fijado la oportunidad de su realización, lo que a nadie debería extrañar pero algunos se quejan.
Dado que el chavismo gobernante modificó la ley sancionada en el período democrático que preveía que las elecciones presidenciales se realizaban el primer domingo decembrino del último año del respectivo período y facultó al Consejo Nacional Electoral fijarla a su leal saber y entender, sin fecha determinada, estas se realizarán cuando el gobierno venezolano tenga definidas y acordadas con su contraparte interna y también con la comunidad internacional que de alguna manera persigue a alguno de sus integrantes, las garantías necesarias para su subsistencia personal, familiar y nadie lo dude, económica. Solo cuando esos tres elementos estén cubiertos, se hará el anuncio respectivo.
Alguno me dirá que la ley establece plazos atinentes a inscripción de candidatos, designación de miembros de mesa, campaña electoral y demás aditamentos atinentes a una contienda de esa naturaleza y a ellos respondo que los mismos se acortaron, sustancialmente, el año 2013, cuando el señor Maduro ganó las presidenciales a la muerte de Chávez. Para ellos, el problema no es el cumplimiento de la ley pues, en Venezuela, ellos son la ley. El problema lo reitero y así lo creo, es el que previamente señalé.
No aspire ninguno de mis lectores que los términos de esos acuerdos que se están negociando, sean anunciados con tambores y trompetas. A ellos se llegará en sepulcral silencio pero eso sí, con garantías de cumplimiento para civiles y militares, nadie lo dude.
Desde 2014, en Venezuela hemos vivido tiempos intensos; algunos que, en algún momento no solo denostaron de diálogos y negociaciones, así como de quienes los promovieron, respaldaron o ejecutaron, liquidándoles mediáticamente por ello -prevalidos del poder o los contactos que tenían sobre medios y periodistas- hoy reconocen que solo por la vía de acuerdos y elecciones, será posible tratar de cambiar las cosas. Ello, nadie lo dude, es un salto quántico. Por primera vez, en muchos años, pareciere existir un consenso general sobre algún punto entre los venezolanos, lo que no deja de ser auspicioso, independientemente de que no se hubiere producido una suerte de mea culpa por la conducta precedente que a muchos afectó.
Si fuere posible hacer alguna respetuosa sugerencia a quienes adelantan esas negociaciones, afirmaría que es insostenible la situación institucional venezolana; que estos meses del año 2024 son tiempo suficiente para diseñar y empezar a ejecutar, una política de reinstitucionalización dado que, el estado actual de los poderes públicos venezolanos, a nadie sirve dado el grado de desconfianza que en los mismos, no solo tenemos los nacionales del país, sino la comunidad internacional.
Respecto del retardo en el anuncio de la fecha comicial, debe entenderse que esta tiene además otras implicaciones de importancia.
El registro electoral de quienes residen en el exterior no representa, al día de hoy, el verdadero número de venezolanos que nos encontramos allende las fronteras. Así entonces, ese inmenso caudal de votos fuera del país, muy probablemente, se perderá, no solo por el nulo interés gubernamental en abrirlo sino también por la circunstancia de la inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares con algunos países, la exigua presencia o carencia de consulados en otros y además la irregularidad migratoria de quienes habrían de votar. Así entonces, serán pocos, muy pocos, los que podrán retornar al país a ejercer su derecho mientras otros, lamentablemente, por las situación en la cual desenvuelven su vida fuera de nuestras fronteras –o por estar impedidos de retornar a Venezuela hasta que no se produzca un cambio de gobierno en el país- seremos meros espectadores de la elección.
En atención a ello, he sostenido y hoy reitero, que el cambio político en Venezuela solo será posible que lo hagan efectivo quienes en nuestra tierra residan a la fecha de la elección, estén inscritos en el registro electoral y voten por el cambio pues, de nada sirve cumplir el primero de los tres citados requisitos, si no se cumplen los dos últimos.
Cuando vivía en Venezuela y se me preguntaba cómo estaba, respondía “mejor imposible, cada día un día menos”. Hoy, a pesar de las circunstancias y los nubarrones, lo reitero.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural