El IVA-19

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El gobierno golpea a los hogares más pobres con el nuevo esquema del IVA y luego les da una pomada para que se soben el golpe.

Para celebrar el primer aniversario del COVID-19, el gobierno del presidente Duque decidió regalarles a los hogares colombianos una nueva calamidad en el proyecto de su tercera reforma tributaria: el IVA-19. Productos que estaban gravados al 0% ahora pagarán 19% y productos que estaban gravados al 5% también pagarán 19%, tal como Fedesarrollo y la Anif lo ordenaron hace unos meses. 

El Gobierno radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley con que se pretende legalizar la nueva calamidad.

El contenido de la reforma excedió todo lo que anticiparon las distractores amenazas del viceministro de Hacienda Londoño Martínez sobre el 19% de IVA con que se gravaría el café, el chocolate, el azúcar y la sal. También excedió el populismo alimentario del Centro Democrático, presunto partido de Gobierno, que justificó la reforma para castigar el consumo de alimentos llamados suntuosos: el salmón, los quesos madurados y los cortes finos de carne.

Las dos caras de la calamidad: el garrote y la zanahoria. En ese orden.

En virtud de una redistribución de cargas tributarias que se parece más a un ajuste de cuentas contra la clase media inconforme con el gobierno Duque, el proyecto de ley de la reforma tributaria eliminó la categoría de productos exentos, lo que causará un encarecimiento en la canasta familiar vía la pérdida del derecho que tenían las empresas a la devolución del IVA por cuenta de los costos en bienes y servicios intermedios. 

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Asimismo, el Gobierno decidió apostarle a la tarifa máxima para gravar la mayoría de los bienes y servicios de la canasta familiar, lo cual no es extraño si se tiene en cuenta que prefiere obedecer lo que ordena la Anif y no lo que dicta el sentido común de lo menos gravoso para los hogares colombianos. 

La estructura del IVA se parece mucho a la forma de la letra “M”: de los 188 bienes y servicios que conforman la canasta familiar, 79 están gravados al 0%, 16 al 5% y 93 al 19%. En la exposición de motivos, el Gobierno aduce la necesidad de racionalizar la tarifa intermedia del 5% solo para unos pocos bienes, cuando justamente la tarifa intermedia brinda la oportunidad de minimizar la carga tributaria de un impuesto regresivo e indirecto como el IVA.

Bienes como la avena y el trigo para consumo humano, los frutos secos, los tés y las infusiones, las bebidas energizantes y las bebidas hechas a base de arroz, soya y coco y los derivados de los tubérculos comenzarán a pagar IVA del 19%. Con el gravamen a la tarifa máxima del ACPM y de la gasolina, el Gobierno está induciendo un efecto inflacionario persistente en el momento de peor contracción del ingreso disponible de los hogares colombianos y de destrucción masiva de puestos de trabajo. 

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Todo lo anterior es el garrote del IVA-19. La zanahoria del IVA-19 es lo que han llamado en el ministerio de Hacienda la “Compensación Anticipada del IVA”: $50.000 por hogar para los hogares pobres. Valga decir que el mismo Gobierno se arroga la facultad de cambiar el monto y definir su periodicidad a discreción (y quién sabe si también será según lo que marquen las encuestas presidenciales de 2022).

Puesto en otros términos: el Gobierno golpea a los hogares más pobres con el nuevo esquema del IVA y luego les da una pomada para que se soben el golpe. 

El problema es que la pomada no quita el golpe. El IVA encarece los bienes gravados y se traslada en su mayor parte a los consumidores, quienes reducen la demanda de los bienes gravados. La devolución incrementa la renta monetaria de los hogares, pero ese incremento de renta, en virtud del efecto sustitución – concepto microeconómico que parecen haber olvidado Carrasquilla y su ya citada omnisciente tecnocracia -, se gasta en todos los demás bienes y servicios distintos a los gravados. 

La única manera de que no se incrementen los precios de los productos gravados es subsidiar a los productores de dichos bienes, ya sea con transferencias directas, con subsidios a las tasas de interés o con la exclusión del IVA de los insumos intermedios. No sería extraño que esto sea lo que el gobierno Duque tenga en mente para acallar las críticas, con lo cual la reforma tributaria no sería nada más que una redistribución del ingreso de los hogares que pagan más IVA al bolsillo de los productores. 

La contrapartida del IVA-19: el impuesto al patrimonio

Detrás de las arandelas con que decoran la nueva calamidad del IVA-19 está el ánimo del gobierno Duque de eludir la discusión sobre el impuesto al patrimonio. 

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La segunda reforma tributaria del gobierno Duque – la Ley 2010 de 2019 – excluyó a las personas jurídicas de su pago, subió la línea a partir de la cual una persona se considera rica, redujo la tarifa que pagan las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a $5.000 millones, introdujo un impuesto extraordinario solo por 2020 y 2021 y convirtió el impuesto al patrimonio en algo muy parecido a un impuesto de destinación específica, pues el 75% de su recaudo va para proyectos de desarrollo agropecuario. Aún así, el exvicepresidente y candidato presidencial emérito Germán Vargas Lleras lo consideró una «expropiación de la renta y del patrimonio de los inversionistas y ahorradores».

La tercera reforma tributaria del gobierno Duque rebautiza el impuesto al patrimonio como impuesto solidario a la riqueza y mantiene su carácter extraordinario y transitorio, vigente solo para 2022 y 2023. El único cambio significativo es que incrementó en un punto porcentual la tarifa para patrimonios líquidos superiores a 402.000 UVT, algo así como $14.500 millones. 

El proyecto de ley no dice nada de los activos en el exterior; tampoco dice nada sobre las personas jurídicas, como los bancos y los fondos de inversión, quienes siguen estando exentos del pago del impuesto al patrimonio. No es de sorprender: todo lo que tenga que ver con el impuesto al patrimonio despierta grandes sensibilidades en la comunidad empresarial y financiera de la nación, tan afín al ánimo corporativista del gobierno Duque. 

Solo quedan dos meses para que finalice la presente legislatura. Mientras la sociedad colombiana despierta y reacciona ante la calamidad del IVA-19 y de las injusticias del impuesto de renta y de patrimonio, Carrasquilla prepara su huida: se evaporará en forma de presidente de la CAF y regresará condensado en forma de bonos de agua.

PD 1. En 2020, los establecimientos de crédito nacionales no pagaron ningún impuesto sobre los casi $84,2 billones que tenían de patrimonio. ¿Qué recibió a cambio el pueblo colombiano? Cobros jurídicos y acuerdos de pago leoninos.

PD 2. Antes de la segunda reforma tributaria del gobierno Duque, el impuesto se generaba a partir de $1.000 millones; con la Ley 2010 de 2019, a partir de $5.000 millones.

PD 3. La Ley 2010 de 2019 redujo la tarifa del patrimonio de 1,5% sobre la base gravable a 1%. 

PD 4. La Ley de Crecimiento Económico le confió aún más el futuro del recaudo tributario al impuesto de renta y al IVA. El gobierno renunció a mucho de lo peor que tenía planeado para el IVA-19, pero a cambio incrementó la base y las tarifas marginales del impuesto de renta para personas naturales. Como siempre.

*Daniel Poveda Quintero, economista. Ha sido profesor universitario y asesor en el Ministerio de Defensa Nacional. Consultor asociado en Teknidata Consultores, y forma parte del movimiento Defendamos la Paz.

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