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¿Por qué los ciudadanos cada vez están más alejados de las instituciones? ¿Por qué cada vez creen menos en lo que crearon para su propio bienestar y siguen financiando? ¿Por qué participan tan poco en la construcción de las decisiones que nos impactan a todos?
La Constitución de 1991 oficializó en Colombia lo que pomposamente se llamó la democracia participativa, un sistema o forma de administración de lo público en la que el ciudadano del común tiene el derecho y el deber de aportar con sus ideas a las decisiones de la administración y el gobierno. Él o ella es quien vive a diario su territorio, quien lo conoce más y quien sabe cómo quiere vivirlo con su familia. Por muy capacitados que sean los funcionarios que siempre son pasajeros en sus cargos y siempre son pagos por los mismos ciudadanos, ellos no saben más que el ciudadano respecto de su territorio y sus aspiraciones.
A pesar de los 30 años de este concepto en la Constitución de los colombianos y de su desarrollo en docenas de normas, ¿por qué los ciudadanos cada vez están más alejados de las instituciones? ¿Por qué cada vez creen menos en lo que crearon para su propio bienestar y siguen financiando? ¿Por qué participan tan poco en la construcción de las decisiones que nos impactan a todos?
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Ésta es una cultura en la que todavía hay rezagos de monarquía, en la que se cree que el gobernante elegido debe saberlo todo y responder por todo. La mayoría pareciera no querer intervenir en sus decisiones, aunque afecten su calidad de vida y golpeen duramente su bolsillo. Los funcionarios no son más que ciudadanos que transitoriamente están prestando un servicio público, pero siguen siendo hijos de esa misma cultura monárquica y enciclopédica en la que entienden su papel como el de omnipotentes administradores que saben mucho más que los mismos ciudadanos sobre la calidad de vida de todos y, por lo tanto, les resulta muy difícil permitir que personas externas se metan en sus sapientes decisiones. “Para eso son los entes de control”, dicen algunos de ellos.
La mayoría de los funcionarios, así tengan la intención de dar cabida a la participación real, al verse presionados por la enorme cantidad de normas que los agobia, terminan resguardándose en su zona de confort y, entre menos compromisos adquieran, menos riesgos corren de salir mal calificados. Termina primando su interés profesional individual y el de sus dependencias por encima del objetivo fundamental de su trabajo, que debe ser aportar prontamente a la calidad de vida de la mayoría, adaptando la administración a las nuevas circunstancias que se presentan.
En la otra cara de la moneda, a la mayoría de los ciudadanos, hijos también de esa cultura monárquica, tampoco le gusta salir de su zona de confort en la que es más fácil criticar, reclamar y acusar que ir a informarse y participar en la construcción de las soluciones. “Para eso los elegimos, para que tomen todas las decisiones con el dinero que les pagamos de impuestos”, dicen algunos. La verdad es que son decisiones que nunca les gustan a todos, impuestos que realmente muy pocos pagan y participación muy escasa y con gran esfuerzo de convocatoria. Para caracterizar la actitud de los que no participan, ¿cuál será el término más adecuado? ¿Desidia, apatía, negligencia, dejadez, pereza, desinterés?
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¿O será tal vez que el ciudadano no ve suficiente interés en la administración de escuchar su opinión y alimentar sus decisiones con la visión del que diariamente vive en ese territorio?
¿Para qué arriesgarse comprometiéndose desde la administración a convocar a ciudadanos reacios a participar, corriendo el riesgo de que no se les pueda cumplir y termine el funcionario mal calificado?
¿Será mejor cumplir con los mínimos de las normas y a veces incluso manipular sus interpretaciones para cumplirle a todos los controles, sin comprometerse con la participación real?
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Por todas las anteriores, pareciera que es el común denominador hacer lo mínimo en la participación para el funcionario y para el ciudadano.
¿La mínima participación es mejor?
El hecho cierto es que la causa de que la participación con incidencia en las decisiones no avance significativamente es este “mínimo común denominador”.
El no uso adecuado de esta herramienta, sostén fundamental de la democracia, no sólo hace más lenta la mejora en la calidad de vida de la mayoría sino que, además, afecta gravemente la esencia de nuestro sistema político. Tenemos que pasar de la tradicional arrogancia del liderazgo individual a más liderazgo colectivo, organizado, con agenda previa y con la propuesta como producto específico para construir mejores soluciones. Este mínimo común denominador de la participación estimula la poca apropiación del territorio que genera consecuencias ambientales, administrativas, de convivencia y de calidad de vida, beneficiando a la mediocridad, la ineficacia y la corrupción, que desangran a toda la sociedad y aumentan la pobreza.
*Carlos Mora, analista político en radio local. Creador de emisora internet, podcast y blog sobre temas de calidad de vida, Conferencista en Participación Ciudadana. Miembro de la Asociación Colombiana de locutores y del Colegio Nacional de Periodistas. @VidaPangea
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