Para asegurar un futuro mejor para todos, debemos apoyar la decisión de salir del confinamiento para trabajar todos por el país.

Ha pasado más de un mes desde que el gobierno decretó la emergencia. Expidió 72 decretos dirigidos a ganar tiempo, subsidiar unos sectores vulnerables y atender algunos efectos inmediatos. Las ayudas económicas y mercados no llegan a todos los necesitados, no son suficientes y se consumen rápidamente. Los préstamos anunciados para pequeñas empresas y trabajadores independientes tampoco llegan porque la mayoría de esos negocios no tiene capacidad de generar ingresos para pagar. Al final, el beneficiario de las medidas del Gobierno ha sido el sector financiero local e internacional. Estas aminoran los efectos económicos para unos pocos, pero no están dirigidas a solucionar los problemas que traemos, ni los de la pandemia.  Para avanzar en soluciones que no empeoren la crisis social, se debe suspender el confinamiento general, tomar por lo menos 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales para construir obras de infraestructura en todo el país, subsidiar el sector agrícola, el industrial productivo, la educación, la  investigación y rl desarrollo. Los recursos no deben salir del Fondo Monetario Internacional porque aumenta la deuda del país y afecta el desarrollo futuro. Menos aún debe cometer el error de entregárselos al sector financiero para que los preste, porque lo que se requiere es producir bienes y servicios, no especular.  

El gobierno olvidó los recientes levantamientos sociales que la ortodoxia monetarista no ha solucionado y fracasó en mejorar el crecimiento (3.3% en 2019), combatir el desempleo, que subió al 13%, reducir el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos de USD13.800 millones, superar el estancamiento de exportaciones no tradicionales, incrementar la inversión en sectores de valor agregado y aliviar la pobreza generalizada. Un desmonte escalonado del confinamiento no es capaz de detener el empobrecimiento del país, el desempleo, el cierre de empresas, la falta de competitividad y el estancamiento económico. Los estragos del manejo de la crisis se ven en todos los sectores, pero en la economía informal, que supera el 47%, han sido devastadores. Por ello, aunque altamente polémico, se debe diseñar la terminación de la cuarentena tomando en cuenta ese sector con medidas de choque para superar la crisis económica y social.

A pesar de los estragos en la demanda, el empleo y la producción, aumentados con la pandemia, el Gobierno y Banco de la República insisten en seguir políticas monetaristas de corto alcance, perdiendo tiempo valioso para adelantar acciones que tengan efectos económicos positivos en el corto y largo plazo, generen ingresos y consumo y fortalezcan el débil aparato productivo. Colombia requiere no menos de 13.000 millones de dólares para invertir en obras productivas en el corto plazo que generen empleo y demanda, pero, además, garanticen el acceso a educación a más sectores y fortalezcan el agro y algunos sectores estratégicos. Todo esto creará las condiciones para garantizar crecimiento económico y atender la inestabilidad social de la que venimos, que se puede profundizar si el gobierno insiste en politizar sus decisiones.

Bogotá y la región centro deben sumar esfuerzos en esa dirección para esparcir los efectos positivos a las regiones vecinas. En esa línea, la creación de una institucionalidad empresarios-gobierno (Bogotá/región) que apoye al sector privado es fundamental.  A la par que se fortalece el sistema de salud para atender a los contagiados (mejoramiento de servicios médicos y acceso a medicamentos, insumos y equipos), se debe garantizar la seguridad alimentaria ahora y a largo plazo (asunto de seguridad nacional), garantizando la compra de cosechas y subsidiando proyectos agroindustriales integrados, que sustituyan buena parte de las importaciones en el corto plazo. La acción coordinada de la región Bogotá-centro y Gobierno nacional puede ser decisiva para ello.

Bogotá y el Gobierno nacional deben adelantar y acelerar la ejecución de las obras de infraestructura planeadas y llevar a cabo otras postergadas por años. En el caso de Bogotá, debe iniciar ya el mejoramiento de la dotación de infraestructura; vías, servicios y vivienda en las localidades más deprimidas y no diferir esas inversiones. Esto generará mejores condiciones para la creación de nuevos mercados de bienes y servicios o para fortalecer los ya existentes en esas zonas. A nivel nacional, se debe ejecutar en los próximos tres años los recursos planeados para 12 años para la dotación de infraestructura física y productiva en la implementación del proceso de paz en regiones donde debe sustituirse los cultivos ilícitos. Todo esto debe generar empleo, crecimiento de demanda, lo que a su vez ayudará a contener los levantamientos sociales en las ciudades y el narcotráfico.

La pandemia nos ha enseñado que el país requiere conocimiento, tecnología y cuidado del aparato productivo. Por eso, las políticas para invertir en sectores estratégicos deben ir acompañadas de inversión del gobierno en educación e investigación y desarrollo. La dependencia internacional de medicamentos, equipos, y pruebas para atender la crisis demostró el equivocado rumbo de la política industrial, la falta de investigación y desarrollo y el acceso al conocimiento y tecnología en el país. Se han perdido por lo menos 30 años en ese frente, lo cual debe cambiar ahora, implementando políticas eficaces que atraigan inversión nacional e internacional en sectores estratégicos, generen transferencia de tecnología que pueda extenderse al resto del aparato productivo, otorgándoles garantías estables a largo plazo. Incluso se pueden subsidiar y proteger algunos sectores estratégicos. El mercado colombiano es suficientemente grande hoy en día para interesar a inversionistas serios para que vengan a instalarse.

Para llevar a cabo las anteriores políticas, se requiere de preparación, liderazgo y decisión política, además no ceder a presiones, amenazas y chantajes internacionales o locales de unos pocos sectores que ven en la crisis mayores ganancias. Si ello ocurre, el presidente lo debería denunciar.

La pandemia también ha enseñado al país que no requerimos muchas cosas para vivir, pero que hay otras fundamentales, necesarias para asegurar la preservación del sistema económico, alcanzar mayor bienestar y seguridad para el conjunto de la sociedad. Aprendimos que la pandemia afecta por igual a los más vulnerables económicamente y a quienes tienen mejores condiciones económicas. Pero, para asegurar un futuro mejor para todos, debemos apoyar la decisión de salir del confinamiento para trabajar todos por el país. No para seguir igual a como estábamos, sino para cambiar. Vemos que esa es una decisión controvertida, que ha sido aprovechada con fines políticos por el Gobierno y sus opositores. Ambos ocultan todas las variables en la discusión y las consecuencias inevitables en los dos sentidos.

Evitar un colapso económico mayor podrá evitar más muertes por hambre y revueltas que por el virus. De no corregir el camino, esas muertes, que no aparecerán todos los días en las noticias con el mismo sensacionalismo de la pandemia, merecen ser evitadas desde ya. Los beneficios para el conjunto de la sociedad deben prevalecer sobre lo individual. A pesar del temor al riesgo de contagio o a morir, debemos seguir adelante, esperar que no enfermen nuestros familiares o nosotros en el camino y aportar colectivamente. Este es un riesgo que debemos asumir e interiorizar cada cual, pero ese costo no puede ser para seguir igual.

*José Manuel Alvarez Z, profesor y asesor en temas de derecho económico internacional y director Departamento de Derecho Económico, UEC.

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