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La justificación que fundamenta la conducta del señor Presidente de ese país ya es conocida para los venezolanos.
Esta semana, en ese país de nuestra América Central, el nuevo parlamento dominado por las fuerzas que respaldan el accionar del Presidente Bukele ha decidido remover de sus cargos a los magistrados de la Corte Constitucional, quienes han adoptado decisiones contrarias al parecer presidencial. La conducta no es nueva ni exclusiva de esa nación. Controlar el Poder Judicial es el sueño de todo gobernante que, en el fondo, no cree en la democracia.
Quienes eso hacen reconocen de manera implícita la importancia de la judicatura. Son los jueces los que resuelven los conflictos y, cómo las apariencias deben guardarse, sus decisiones deberían acatarse. Ante esa coyuntura, quienes no creen en la democracia tratan de realizar todo tipo de maromas para tener un poder judicial ajustado a sus intereses.
Ciertamente, la Constitución salvadoreña faculta a su poder legislativo para remover a los magistrados de la Corte Suprema, pero también existen limitaciones legales y jurisprudenciales al respecto que, aparentemente, no se cumplieron, lo que, de ser cierto, se traduciría en nulidad de la actuación parlamentaria.
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La justificación que fundamenta la conducta del señor Presidente de ese país ya es conocida para los venezolanos.
En efecto, como consecuencia de la sentencia que determinó que el 11 de abril del 2002 no se había producido un golpe de Estado en Venezuela sino un vacío de poder, el Presidente Chávez instó al parlamento de la época – en el cual no tenía la mayoría requerida para hacerlo – a modificar la integración del Tribunal Supremo de Justicia al establecer un quórum de selección del mismo contrario al previsto en dicha norma, modificación está finalmente implementada con la aquiescencia judicial respectiva. Igualmente, práctica similar aplicaron Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua para perpetuarse en ejercicio del poder en sus respectivas naciones.
La función judicial implica extraordinaria responsabilidad.
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La independencia de quienes a ella se dedican es obligatoria para garantizarle a aquellos que serán los receptores de sus decisiones que todos serán tratados conforme a la ley. Los jueces y magistrados, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y en especial en nuestra América Latina donde las falencias son más evidentes, están obligados a garantizar ese principio.
He sostenido y lo mantengo que es incierta la premisa según la cual todos los poderes públicos se encuentran en el mismo nivel. Reitero que ello es un imposible cuando uno de ellos resuelve todos los conflictos que se presenten en la respectiva sociedad y quienes la integran se encuentran obligados a acatar las decisiones, a pesar de la importancia que estimen tener.
Que conste que no discuto el derecho del legislativo salvadoreño – ni de ningún otro – de modificar la integración de los órganos judiciales de ningún país; si esa condición la permite la legislación interna, ello es procedente pero debe hacerse ateniéndose a toda la normativa que regula la situación y no exclusivamente a la letra que favorece los intereses de quien adopta la medida. Eso es lo que a mi juicio es pertinente discutir.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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