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Tuvo que llegar una pandemia para que nos diéramos cuenta de que el hambre, el desempleo y la miseria no son ni de derecha ni de izquierda como también para darnos cuenta de que los Estados de bienestar no son comunismo, sino una respuesta institucional lógica frente a las grandes desigualdades que genera el capitalismo.
Ese capitalismo rapiña que justificaron los neoliberales y los economistas neoclásicos en países de altos ingresos, especialmente en los Estados Unidos en la década de los ochenta, está quizás dando sus últimos respiros en el siglo veintiuno. Desde hace algunos años, especialmente desde la crisis del 2007-2008, varios grandes intelectuales de nuestro tiempo, como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, James A. Robinson y Daron Acemoglu, han venido repetidamente avisando la urgente necesidad de cambiar nuestros modelos económicos y, sobre todo, nuestra relación con el medio ambiente. Desafortunadamente, a pesar del impecable trabajo científico de estos y de muchos otros intelectuales, la gran mayoría de líderes políticos del mundo, con algunas muy minúsculas excepciones, cortaron de tajo la idea de reformar el capitalismo y de mejorar nuestra relación con la madre tierra. Muchos, incluso frente a la clara y vasta evidencia científica, desconocieron la gravedad del cambio climático y minimizaron las terribles consecuencias socioeconómicas, políticas y humanas de la pobreza. Pese a las múltiples advertencias de lo que se avecinaba a corto y a largo plazo, muchos de nuestros gobiernos, incluso en países de altos ingresos, hicieron un esfuerzo muy mínimo en la distribución de la riqueza y en la protección del medio ambiente.
Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, incluso en países como Colombia, donde todo lo que sea solidaridad nos huele a comunismo, hasta el gobierno ortodoxo, neoliberal, elitista y nepotista del presidente Iván Duque se ha visto en la obligación de destinar más recursos al gasto social, especialmente a través de las transferencias monetarias directas (Ingreso Solidario) y de las propuestas de devolución del IVA y de gratuidad en la educación superior para las clases populares—algo que el Centro Democrático tildó de populista y de castrochavista cuando lo propuso el actual senador Gustavo Petro—.
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En una entrevista con Semana, el uribista Gabriel Vallejo se notó preocupado por la enorme desconexión del Centro Democrático y de la política tradicional con las necesidades más básicas de los colombianos. Incluso las esferas políticas más elitistas y mezquinas de nuestro país, como las que rodean a Vallejo, se han dado cuenta de la enorme necesidad de atender las precariedades de la población más vulnerable de Colombia. La reforma tributaria propuesta —para no usar eufemismos extravagantes— era una aberración y no corregía los problemas estructurales que debilitan financieramente al Estado. De eso no hay duda. No obstante, mostraba claramente la manifiesta preocupación del gobierno nacional frente a las alarmantes cifras de pobreza, de hambre y de desempleo que azotan a los pobres y a la clase media del país. Por fin, después de décadas de estarles diciendo lo mismo, la política tradicional entendió que la pobreza y el hambre no son sostenibles.
Yo sí considero que hay un valor instrumental en está agenda social que el Gobierno nacional quiere sacar adelante. El Ingreso Solidario va a jugar un papel muy importante en las elecciones presidenciales y es lo que le va a dar al uribismo la posibilidad de sobrevivir electoralmente al pésimo gobierno del presidente Duque. Sin embargo, como bien lo dijo el viceministro de hacienda Juan Alberto Londoño en el programa Zona Franca, la necesidad de mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más pobres del país, a través de la inversión social es una prioridad. Incluso el mismo presidente Duque en la entrevista que le hicieron en Semana afirmó que hay que “pensar en los más vulnerables”, argumentando que estos programas son un “mensaje de responsabilidad social en Colombia” para el futuro.
Lógicamente, esta benevolencia es un embuste y esta agenda social es un clientelismo institucional para empujar al candidato del continuismo—con un gobierno tan malo, la única forma de ganar en las próximas elecciones es comprando el voto—. Ingreso Solidario, por lo tanto, será ese instrumento de trueque a la hora de convencer a los más pobres del país de votar por el continuismo. Sin embargo, esta agenda social es la prueba reina de que el Gobierno nacional está espantado y azarado por las consecuencias políticas, económicas y electorales de la descomunal pobreza que enfrentan los colombianos en estos momentos. Por primera vez, se dio cuenta de que la pobreza es un problema—económico y humano— y no un efecto colateral necesario del capitalismo.
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Por eso, afirmo que no estábamos mal, nosotros los socialdemócratas, después de todo: el capitalismo rapiña que grandes poderes políticos y económicos defendieron por tantos años causó unas fracturas socioeconómicas que, con el pasar de las décadas, se volvieron insostenibles, imposibles de ocultar y se convirtieron en una activa amenaza para la estabilización democrática y económica de muchos países.
El plan del containment de la pobreza, el cual empujó a las poblaciones más vulnerables hacia los guetos o hacia las zonas ilegibles del campo, explotó como una olla a presión descompuesta. Estas élites neoliberales, mediocres hasta para soñar, como solía decir el senador Jorge E. Robledo, pensaron que la pobreza era un efecto colateral minúsculo del capitalismo—sin pobres no hay ricos después de todo—. El problema fue, especialmente frente a la negligencia estatal intergeneracional, que la pobreza sirvió como combustible para la agudización de la violencia, de la criminalidad, de la corrupción y de la inestabilidad social, económica y política de muchos países.
Hasta el político más parvo hoy día se está dando cuenta de que la universalidad en la educación y en la salud no era comunismo, sino mero sentido común. Todas estas ideas de bienestar y de atención social debieron haberse implementado hace décadas, cuando los progresistas, la izquierda democrática y grandes intelectuales lo habían sugerido. ¡Qué lástima que millones de personas hayan tenido que perder sus empleos, sus hogares, su estabilidad financiera, sus ahorros de toda la vida, sus negocios e incluso su vida solamente porque muchos gobiernos pensaron que un estado de bienestar con redes robustas de programas y de servicios sociales era comunismo!
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Tuvo que llegar una pandemia para que nos diéramos cuenta de que el hambre, el desempleo y la miseria no son ni de derecha ni de izquierda como también para darnos cuenta de que los Estados de bienestar no son comunismo, sino una respuesta institucional lógica frente a las grandes desigualdades que genera el capitalismo. La vida de billones—sí, billones— de personas en países de ingresos bajos, medianos y altos sería muy diferente si nos hubiese interesado esta agenda social y ambiental tres décadas atrás. Ojalá la política tradicional abra más los oídos y empiece a escuchar. En vez de querer remedar a los Estados Unidos—país que sirve de fetiche económico de las elites del tercer mundo—, deberíamos imitar a Canadá, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, etc.
Ojalá, en un futuro no muy lejano, esos políticos privilegiados como María Fernanda Cabal, los cuales viven en una desconexión profunda frente a las necesidades de la gran mayoría de la población—algo que nos quedó a todos muy claro en un debate en Semana—, empiecen a darse cuenta de la urgente necesidad de crear redes de apoyo institucional eficientes para las pequeñas y medianas empresas, para los jóvenes estudiantes, para las poblaciones vulnerables, para la economía local, para el emprendimiento, para iniciativas ambientales sostenibles y para que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de acceder a un proyecto de vida digno, donde la solidaridad y la meritocracia, contrarias al nepotismo y la mezquindad, jueguen el papel más importante en la construcción de país y en la construcción de una economía hercúlea y sostenible.
*Carlos Zapata, politólogo e investigador en políticas de pobreza y violencia para Latinoamérica y el Caribe.
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