Las diferencias de los pronunciamientos uribistas de la semana que termina con sus posiciones anteriores son monumentales, divertidas, dice el exministro del interior Juan Fernando Cristo.

Más allá de la pandemia que parece encontrará su pico en Colombia en las próximas semanas, al tiempo con la desesperación de los colombianos que llega ya a su límite, la semana que termina resultó muy movida en la política. Es claro que el país retorna a la normalidad, incluso en términos de la confrontación partidista y afloran de nuevo las diferencias de amplios sectores de la opinión pública con el gobierno de Duque, a pesar del amplio respaldo a la decisión de decretar la cuarentena hace dos meses, que contribuyó sin duda a controlar el coronavirus.

Regresa entonces el debate político y dos hechos en particular desnudan las contradicciones y las encrucijadas en el alma del Centro Democrático y sus principales jerarcas: el nombramiento de un hijo del jefe paramilitar de la Costa Jorge 40 en el cargo de coordinador de víctimas del Ministerio del Interior y la apretada decisión de la Corte Constitucional, que abrió la posibilidad de que el exministro Andres Felipe Arias impugnara el fallo condenatorio que la Corte Suprema de Justicia emitió en el 2014. A propósito de esos temas es muy interesante leer hoy las declaraciones de funcionarios del gobierno y dirigentes del uribismo, en las que plantean la necesidad de la reconciliación entre los colombianos y celebran la “sabiduría” de la Corte Constitucional al reconocer un derecho a la segunda conformidad o instancia, consagrado en la legislación internacional de los derechos humanos.

Las diferencias de estos pronunciamientos con sus posiciones anteriores son monumentales, divertidas. En el primero de los casos, escuchar a la Ministra del Interior y a varios dirigentes del CD defender ese nombramiento en nombre de la reconciliación necesaria entre los colombianos, cuando se negaron sistemáticamente en los últimos años a abrir un espacio a esa posibilidad, resulta simplemente irónico. El hijo de Jorge 40 no tiene la culpa de los crímenes cometidos por su padre y tiene todo el derecho a trabajar con el Estado. Es absolutamente lógico e incontrovertible. Pero nombrarlo en un cargo de atención a las víctimas ocasionadas por la barbarie de su padre es simplemente ofensivo, cruel e inhumano con ellas y provocador con la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

Hay cientos de posiciones que seguramente podría desempeñar ese joven profesional y decidieron precisamente nombrarlo allí. Ningún victimario del ELN, FARC, paramilitar o sus familiares cercanos deberían ocupar cargos del Estado en entidades que fueron creadas por la Ley 1448 con el propósito de atender y dignificar a las víctimas, porque con estas designaciones se les revictimiza. Así de claro. Otra cosa es que ellos puedan trabajar con el Estado o participar en política, como se definió en el acuerdo de paz con las FARC. Es muy distinto el derecho a la participación política que se ha garantizado en todos los acuerdos de paz suscritos en el mundo entero, aún comprendiendo que muchas víctimas no lo aceptan y les indigna a que un gobierno en forma innecesaria nombre en el lugar equivocado a quien puede ofenderlas.

El otro caso de la semana es aún más irónico. La doctrina uribista considera desde sus inicios que los organismos de derechos humanos a nivel internacional y nacional son todos unos “mamertos cómplices del terrorismo”. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han sido durante años blanco de sistemáticos ataques de ese partido y sus principales jefes. Por su parte, a la Corte Constitucional en Colombia la descalificaron una y otra vez por sus fallos garantistas de derechos y libertades y en los últimos años la señalaron de corte de bolsillo de Santos y cómplice del castrochavismo debido a su aval constitucional al acuerdo de paz. Como si fuera poco, a la magistrada Diana Fajardo, al momento de su elección, la sindicaron de magistrada al servicio de las FARC y el terrorismo. Y ahora es esa misma Corte la que concede a Arias el derecho a la impugnación de su sentencia, con base en la jurisprudencia internacional de defensa de los derechos humanos, la ponencia de Fajardo y el apoyo de la ex secretaria jurídica de Santos. Una decisión acertada y respetable más allá de la inevitable controversia jurídica que se desató. ¿No les parece realmente macondiano el escenario?

En fin, termina una semana política y judicial muy movida. Unos paradójicos y extraños días en los que escuchamos a los grandes jefes del gobierno y el uribismo hablar de “reconciliación, protección de derechos, garantías de la Corte”, en un lenguaje francamente sorprendente que contraría quince años de la más pura doctrina uribista. ¿Será que la pandemia ha provocado profundas reflexiones en el partido de gobierno y hay giros radicales en sus posiciones ideológicas o simplemente se trata de pequeños deslices con el único propósito de defender un nombramiento y un fallo? ¿El uribismo seguirá a la derecha o se pondrá al revés.? Hagan sus apuestas.

* Juan Fernando Cristo, @cristobustos, ex Ministro del Interior y ex senador.

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