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Este país ya no aguanta más. Al parecer, una leve reducción del desempleo se ha presentado a finales de julio; sin embargo, la urgencia de la economía nacional, y por el bien del progreso de Colombia, es un empleo mínimo vital. Aunque llena de buenas intenciones, la propuesta del ingreso básico me parece desacertada si de efectos en el largo plazo y cambios estructurales se trata. Hace años, el economista autor del Índice de Desarrollo Humano, Amartya Sen[1], ha diagnosticado que la humanidad sufre más de restricción de posibilidades de elección que de bajos ingresos. Y no es para menos, un empleo con condiciones mínimas de duración y salario según las habilidades y nivel educativo de cada persona necesitada sería más eficaz para mejorar la calidad de vida y limitar el déficit fiscal del Estado que la apuesta por la dotación de una renta mensual.
Lo es más hoy que estamos empezando a discutir derechos esenciales para la autonomía y el desarrollo como en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia; la garantía estatal de un empleo mínimo es una prioridad para el cumplimiento de los demás derechos. Aunque es más simple que el Ministerio de Hacienda utilice parte del ingreso fiscal para ser enviado a los hogares vulnerables, es mucho más responsable salvaguardar el derecho al empleo[2]. La ocupación laboral garantiza para los ciudadanos la obtención de dinero indispensable para el acceso a la alimentación, el transporte, la recreación, la salud y la educación y protege elementos sustanciales de la salud mental como la autoestima y la autonomía para tomar decisiones.
El Estado necesita priorizar la creación de empleo, sin menoscabar los actuales derechos laborales, para mejorar el bienestar de las familias, evitando el asistencialismo y blindando el consumo necesario para la reactivación y el fortalecimiento empresarial. No es sensato aliviar el bajo nivel de capacidad de compra de nueve millones de hogares por tres meses; son necesarias medidas prioritarias de generación de empleo que, con el monto de $24 billones, estén orientadas a solventar la independencia económica de la población desfavorecida. Entre éstas, es necesario expandir los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas para capacitar en habilidades y subsidiar capital a desempleados y emprendedores.[3] Es tiempo de tomar un rumbo económico que proteja el bienestar ciudadano a través del empleo de calidad y el crecimiento económico.
*Marlyn Vanessa Vargas, profesora universitaria de Economía, Mg en Economía de la Université Paris 1 y en Estudios internacionales de la Université Paris 3, @MarlynVargasR
[1] Sen, A. (2004). Dialogue capabilities, lists, and public reason: Continuing the conversation.Feminist Economics, 10(3), 77-80. doi:10.1080/1354570042000315163
[2] Huber, M., Lechner, M., Wunsch, C., & Walter, T. (2011). Do german welfare-to-work programmes reduce welfare dependency and increase employment?German Economic Review, 12(2), 182-204. doi:10.1111/j.1468-0475.2010.00515.x
[3] Martínez A, C., Puentes, E., & Ruiz-Tagle, J. (2018). The effects of micro-entrepreneurship programs on labor market performance: experimental evidence from Chile. American Economic Journal: Applied Economics, 10(2), 101-24.
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Muchas gracias profesora por su columna de opinión. en aspectos sobre los cuales la academia socialmente responsable y los investigadores deben pronunciarse de forma permanente para crear una opinion publica ilustrada