Quizás es apresurado afirmar que el COVID-19 transformará las relaciones políticas, económicas y sociales, o incluso, que definirá la primera mitad del siglo XXI, como las Guerras Mundiales lo hicieron hace un siglo, o como la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX. Pero las relaciones entre los Estados, de los ciudadanos con los Estados y entre los ciudadanos se están transformando en medio de una conectividad virtual que es posible por primera vez. Quizás es temprano para entender cómo cambiarán las sociedades, pero lo que ha quedado claro es que no se trata de una gripe más y que tanto la pandemia como sus consecuencias tendrán un impacto en el mundo, en la región y en Colombia.

Mientras Suramérica se prepara para hacer frente al reto del COVID-19, con una precaria infraestructura médica, los Estados Unidos han iniciado una nueva arremetida contra el régimen de Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana. Primero el departamento de justicia acusó al cuestionado presidente venezolano de narcoterrorismo y a una parte de la élite chavista, incluyendo a Cabello y Padrino, los más poderosos después de Maduro. Posteriormente, propuso un “marco de transición democrática para Venezuela” que excluye a todos los chavistas corruptos, violadores de derechos humanos y narcoterroristas. Y, finalmente, incrementó operaciones antinarcóticos en áreas cercanas al territorio venezolano. Una espiral de acciones que claramente busca presionar la transición democrática en Venezuela.

Pocos países en el mundo han vivido un proceso de deterioro como Venezuela bajo la Revolución Bolivariana. No existe un sólo rubro político, económico o social, un indicador o medición que no atestigüé que el proyecto concebido por Hugo Chávez e implementado y radicalizado por Nicolás Maduro ha hecho del país vecino un Estado menos libre, más pobre, más peligroso y hundido en una emergencia humanitaria compleja y prolongada, que ha causado la migración de más de 4,9 millones de ciudadanos. No fue una guerra o un conflicto armado interno; fueron las medidas implementadas por un proyecto político las que han hecho retroceder a Venezuela y hoy la dejan indefensa ante el reto del COVID-19.

El Gobierno de Nicolás Maduro no tiene la capacidad para atender la crisis que se avecina por el COVID-19. El sistema de salud venezolano es el menos preparado de la región para atender la emergencia de salud pública, toda la infraestructura de atención médica fue destruida por la estrategia de las Misiones Sociales de la Revolución Bolivariana y con apoyo de la asesoría cubana.

Las inversiones y gastos que durante casi dos décadas se debían haber hecho en el sistema de salud fueron derrochadas en las llamadas misiones bolivarianas, sin el control, transparencia, vigilancia, veeduría o racionalidad que implica el uso de los recursos públicos; por el contrario, se estableció un andamiaje paralelo que discrecionalmente administraron primero Chávez y ahora Maduro. Cimentado en la medicina cubana, la misión Barrio Adentro, en sus diferentes niveles, convirtió la salud de los venezolanos en una herramienta de propaganda política. La situación es tan grave que Venezuela es el único país de la región en el cual se ha reducido la esperanza de vida: el año pasado la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida reportaba un retroceso de 3,5 años.

La encuesta en hospitales de la comisión de expertos de salud para hacer frente a la pandemia del coronavirus COVID, al 4 de abril, reportaba que, en el sector salud, el 92,59% no tenía, o con fallas, acceso al jabón, el 72,37% a los guantes y el 40% a los tapabocas, respectivamente. Igualmente, el 90,60% no tenía, o con fallas, acceso al servicio eléctrico en todo el país, el 93,23% no tenía, o con fallas, acceso al servicio de agua y el 85,09 no tenía, o con fallas, acceso abastecimiento de gas. Incluso la encuesta revela que aproximadamente el 86.67% no tiene ningún tipo de ahorro o ingreso, a lo que se suma que el 11,38% solo tiene recursos para cubrir entre una semana y un mes, limitando seriamente la capacidad de resistir la llegada de la agudización del COVID-19.

Maduro ha recurrido a la fórmula de los gobiernos autoritarios para hacer frente a la crisis -ocultar la información del sistema médico, mentir sobre las capacidades del Estado y usar discursivamente a sus alianzas para proyectar una ilusión- mientras  despliega el aparato represor para mantener la cuarentena que no dio oportunidad de abastecerse a la población o para encarcelar a cualquiera que trate de informar sobre el riesgo en que se encuentra el país.

Pero el caso venezolano no se limita a la pérdida de la democracia. La Revolución Bolivariana para mantenerse en el poder ha sacrificado el monopolio de la fuerza, ha perdido el control territorial y ha destruido el sistema productivo y las relaciones socioeconómicas.

La oposición no tiene la capacidad de liderar, mucho menos de ejecutar un proceso de transición en Venezuela, que requiere del apoyo decidido y real de la comunidad internacional y de varios países de la región y del mundo democrático. Es necesaria una fuerte inversión de recursos económicos, técnicos y humanos para reconstruir no sólo la democracia, sino el Estado y la nación venezolana. Las transiciones suelen ser violentas y altamente conflictivas. El ruido que hacen las dictaduras al caer en algunos casos dura años o décadas y, en otras, simplemente el caos y la anarquía se imponen en una espirar de muerte y destrucción en la que se termina añorando a los sátrapas depuestos.

En el caso venezolano, será necesario el acompañamiento de cuerpos de seguridad multilaterales, se requerirá de cascos azules o cuerpos similares en la transición. El ecosistema de criminalidad e intereses delictivos que se ha radicado en Venezuela hace imposible que dichos grupos renuncien de forma pacífica a los espacios que la Revolución Bolivariana les abrió. Proteger a la población civil de la violencia será una prioridad sobre todo en zonas como el arco minero o la cuenca del Orinoco e incluso en sectores populares de algunas ciudades. No se puede olvidar que el chavismo estableció una relación de mutuo parasitismo con actores ilegales que no logró dominar. Por el contrario, estableció un frágil statu quo fundamentado en los intereses que no puede prevalecer con el regreso de la democracia.

Son muchas las aristas y complejidades sociales, económicas, internacionales y políticas de la transición a la democracia en Venezuela. De hecho, en condiciones “normales” ya era un reto para el mundo democrático occidental. Los escenarios militares o de fuerza son desastrosos y con terribles consecuencias para Venezuela, la región y particularmente para Colombia con la cual comparte una frontera de 2.219 kilómetros, un área en la que viven más de 12 millones de ciudadanos de los dos países -poco más de 5,5 en los siete departamentos colombianos y más de 6,4 en los cuatro estados limítrofes venezolanos-.

En las actuales condiciones, la transición es prácticamente imposible. Todos los países del mundo están concentrados en administrar su propia tragedia. Las democracias occidentales han sido golpeadas por el COVID-19 y todas se debaten en cómo contener la pérdida de vidas y tratar a los contagiados, así como en lidiar con las consecuencias socioeconómicas, prácticamente todos están en control de daños. Ningún país en el mundo hoy puede disponer de los recursos económicos, técnicos y humanos para apoyar la transición en Venezuela y contener las acciones de un régimen acorralado y desesperado. Es cándido pensar que Maduro y su entorno se apartarán pacíficamente del poder o que las redes criminales y de intereses delincuenciales darán vía libre al cambio; lo único que podría empeorar las actuales circunstancias es que se desate una situación de violencia que obligue a salir a grandes contingentes humanos de Venezuela.

Así las cosas, es necesario concentrarse en la respuesta la crisis de COVID-19 en Colombia y en Venezuela. Cualquier medida tomada por el Estado colombiano sin contemplar la debacle del hermano país sería inútil para mitigar el avance del virus. No solo los más de 12 millones de ciudadanos de la zona de frontera están en riesgo. Toda Colombia y toda la región tendrán que enfrentar las consecuencias de los veinte años de malas decisiones chavistas. Y, paradójicamente, las circunstancias nos obligan a tener que coordinar la respuesta con Maduro y el chavismo. Ni Duque es Churchill, ni Maduro Stalin, pero el COVID-19 los obligará a trabajar juntos.

*Ronal F. Rodríguez, @ronalfrodriguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here