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“El subcapítulo de educación del PND plantea una extensión de la acción de los gobiernos anteriores y aplaza de nuevo la discusión sobre las reformas estructurales que requiere el sector.”
El gobierno Duque anunció una ruptura con las políticas del gobierno anterior y unos cambios importantes en temas estratégicos como la educación. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no lo hizo y nuevamente aplazó los cambios estructurales que requiere la educación del país.
- Tenemos mala educación.
En el diagnóstico sobre educación del PND hay optimismo sobre los resultados de los últimos 18 años. Aunque es imposible negar los avances del país en términos de cobertura, permanencia y calidad, el panorama está lejos de ser alentador.
En primero lugar, Colombia sí avanzó en los indicadores globales de cobertura pero, al discriminarlos, se observan retos importantes. El 87 % de los niños de cinco a 14 años están matriculados en educación formal (cobertura bruta). En los países miembros OCDE, hay una cobertura promedio del 98 %. Cuando de la cuenta se excluye a los estudiantes que no están en el grado acorde a su edad, la cobertura en Colombia baja al 82,9% (cobertura neta). No obstante, hay brechas grandes entre niveles educativos. En transición, la cobertura neta es apenas 55,6%, en primaria llega al 82,8% y, en la media, baja al 42,8%.
Segundo, los estudiantes no hacen el ciclo completo. De 100 estudiantes que entran al primer año de educación, 44 logran graduarse como bachilleres. De esos 44, solo 17 ingresan a la educación superior y, en el mejor de los casos, de esos 17, solo ocho se gradúan. En Colombia, el 28 % de las personas entre 25 y 34 años cuenta con un título universitario. Esta proporción es de 44% en el promedio de países de la OCDE.
Tercero, la educación en Colombia es de mala calidad. El Plan resalta que el país ha estado dentro de los cuatro con mayor progreso en los resultados de las pruebas Pisa, pero la realidad es que no hemos sido capaces de dar un gran salto en calidad. El país sigue por debajo del resultado promedio de la OCDE y se ubica en los últimos lugares de Latinoamérica. Como si fuera poco, hay disparidades género a favor de los niños en los resultados de ciencias y matemáticas, a pesar de que las niñas son las que más declaran querer desempeñarse en las ciencias cuando crezcan.
- Se recoge el trabajo previo.
Aunque Colombia ha avanzado en algunos objetivos de educación muy importantes, el Estado sigue en deuda de aplicar reformas estructurales. El subcapítulo de educación presentado en el PND del presidente Duque no se compromete con esos cambios. Mantiene la trayectoria tradicional de la política de educación de los últimos gobiernos, ajustando algunas particularidades y algunas innovaciones producto de la coyuntura que vivió a finales del año pasado.

El Gobierno se compromete en el Plan a mantener el rumbo de política, proponiendo nuevas metas para calidad, cobertura y permanencia, en todos los niveles de educación. En primera infancia elabora sobre la Política de Estado para el Desarrollo de la Primera Infancia, dando detalles sobre la implementación de instrumentos de seguimiento y control esbozados al final del gobierno anterior. Para básica y media plantea hacer mejoras marginales sobre programas en marcha, como el Programa de Alimentación Escolar, la jornada única (aunque con otro nombre), la evaluación de aprendizajes, el sistema de aseguramiento de calidad, entre otros. En educación superior da especial énfasis a la promoción de la universidad pública, cumpliendo parcialmente con los acuerdos alcanzados en el marco del movimiento estudiantil de finales del año pasado.
Hay nuevas propuestas, pero tímidas o sin concretar. Se recuperan dos experiencias que han sido pioneras en Bogotá, pero que no plantean reformas trascendentales. Una es la implementación de una ruta de acceso y permanencia que articule las políticas de Estado a lo largo del ciclo educativo de los jóvenes entre 6 y 17 años. Esta estrategia puede ser un dinamizador la acción pública a través de la articulación de programas regionales para cada etapa del proceso educativo y una guía para padres y estudiantes si alguna vez tienen dudas sobre a qué entidades recurrir dependiendo de sus necesidades.
La otra es la formación de una red de trabajo entre directivos docentes. En Bogotá la red académica es una estrategia virtual que pone en contacto a colegios que comparten problemáticas y áreas de estudio. Su propósito es facilitar la comunicación de docentes alrededor de los desarrollos pedagógicos. El objetivo de implementación a nivel nacional es un reto operativo de grandes proporciones, pero bien implementado puede ser un dinamizador de las prácticas pedagógicas.
Adicionalmente, el Plan propone la construcción de una política de educación rural. El reto es mayúsculo porque las características del campo colombiano se manifiestan en una escala continua entre lo urbano y lo rural. Es decir, no hay una sola ruralidad y la política deberá concertar con diferentes sectores los mecanismos para corregir las disparidades regionales. Dichos mecanismos deben ser lo suficientemente flexibles como para ser implementados en función del contexto.
Este último punto es, quizás, la apuesta más ambiciosa del Plan en términos de educación. Las complejidades geográficas de lo rural plantean desafíos de articulación institucional, un rol activo del Estado en la generación incentivos públicos y privados y una alta inversión de recursos. Todos elementos sin precedentes en el manejo que el Estado colombiano le ha dado a la educación rural. Lamentablemente, éste es el objetivo con menos detalles, probablemente porque su inclusión se hizo de último momento; en la versión de noviembre del Plan no se hablaba de la educación rural.
- Se dejan por fuera retos urgentes.
El país sigue sin definir para qué quiere educación. Nunca ha sido claro el rol de la educación dentro de la apuesta de desarrollo del país y este Plan tampoco esclarece el panorama.
El gobierno anterior definió la educación como uno de los pilares más importantes, pero no supo precisar cómo ese pilar llevaba a una mejor calidad de vida. El Plan del Gobierno avanza en una definición de equidad para el desarrollo de una política social moderna en la cual la educación hace parte del objetivo de igualdad de oportunidades. Hasta ahí perfecto. Sin embargo, es difícil entender la propuesta para alcanzar la equidad: legalidad y emprendimiento. Es incierto el camino que conduce de la legalidad y del emprendimiento a la equidad. Quizás es un poco más claro el camino inverso que conduce de la equidad a la legalidad y el emprendimiento, pero esa no es la apuesta del Gobierno.
Sin claridad sobre el papel de la educación, es imposible identificar las prioridades de política pública. Por ejemplo, el plan no discute el problema de los pocos recursos para educación. Colombia gasta por estudiante 5,4 veces menos que el promedio de países de la OCDE. Mientras que en el promedio de países de la OCD, el 83% del gasto en educación es público, en Colombia es apenas el 62%.
Con el trámite de la Ley de Financiamiento, el Gobierno dio un claro mensaje: abandono de la acción del Estado como dinamizador de los mercados asociados a la política social. Es decir, decidió renunciar al recaudo tributario de las empresas que caben dentro de la amplia definición de economía naranja. Para eso, recargó tributariamente a la clase media y ahora debe limitar el uso de recursos públicos para proveer servicios sociales. Se favoreció la versión del emprendimiento, a costa de potenciales políticas para garantizar equidad. De allí que en el PND no se pueda identificar de dónde saldrán los recursos para mejorar la cobertura o para la implementación de la política de educación rural.
La tarea fundamental del Ministerio de Educación Nacional (MEN) debe ser la de llamar la atención sobre las necesidades presupuestales. Para eso al menos debe responder con claridad cuáles son las necesidades del sistema, hacer una propuesta de priorización de intervenciones y revisar los sistemas de monitoreo, auditoría y control.
Tampoco se observan intentos serios de organizar el sistema de educación, que está muy fragmentado y localizado. El MEN debe liderar la discusión sobre la posición de los diferentes actores respecto al cumplimiento del derecho a la educación. Menciono tres factores que considero relevantes y advierto que el trabajo de organizar el sistema de educación plantea retos adicionales.
Primero, el PND no busca definir las reglas de juego para la interacción entre educación pública y privada. Si bien la expansión del sistema privado de educación ha traído aspectos positivos, particularmente para los colegios, es necesario hacer mayor vigilancia a la calidad. Quizás es momento de retomar la propuesta de una superintendencia de educación.
La OCDE muestra que después de eliminar las diferencias sociales de los estudiantes en los resultados de las pruebas estandarizadas, la calidad de los colegios públicos y privados no varía tanto. Sin embargo, en los colegios privados se concentran familias con condiciones económicas favorables. La marca de lo público y lo privado se vuelve un problema de señalización de posición social, sin que el mayor flujo de recursos en los privados genere mejorías en calidad. El problema suele ser más evidente en la educación superior, pues algunas universidades privadas capturan ciertos mercados laborales sin que sea claro el diferencial de productividad frente a egresados de universidades públicas.
Segundo, es necesario avanzar en la consolidación de lineamientos curriculares. Este es un llamado que se ha hecho en numerosas instancias, como el Plan Nacional Decenal de Educación. Las pruebas estandarizadas de la OCDE muestran que los estudiantes tienen malos resultados porque el sistema educativo privilegia la reproducción de contenidos. Es decir, hay dificultades al momento de crear conocimiento, aplicar conocimiento en nuevos contextos o usar conocimiento de forma creativa. Estas dificultades son producto de un sistema pedagógico que se centra en recordar información, en lugar de crear habilidades para la resolución de problemas científicos y matemáticos.
Tanto el MEN como los docentes son conscientes de estas dificultades desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es difícil definir los incentivos para que se lleven a cabo transformaciones en favor de modelos pedagógicos modernos en el aula. Por eso es clave que el MEN tome la vocería. Los lineamientos deben mantener un delicado balance. Deben definir las grandes metas comunes y esenciales para todos, pero ser lo suficientemente flexibles para que cada institución los aplique en su contexto.
Tercero, es clave que el MEN tome el liderazgo en un doble sentido frente a los docentes con la estructuración de una política de formación docente que empiece por el fortalecimiento de la Universidad Pedagógica y las escuelas normales. Algo de esto ya se plantea en el PND, pero no se define el tamaño de la intervención y los recursos disponibles. Por otra parte, el MEN debe liderar la dignificación de la labor docente, creando incentivos para que los mejores docentes se ubiquen en las regiones del país con las mayores dificultades. Este es uno de los factores más importantes para cerrar la brecha regional.
El modelo de desarrollo planteado por el Gobierno no prioriza la educación. El subcapítulo de educación del PND plantea una extensión de la acción de los gobiernos anteriores y aplaza de nuevo la discusión sobre las reformas estructurales que requiere el sector.
Sebastián Contreras – Magister, egresado de la Universidad Nacional
Bastante pormenorizado y desglosado el artículo en torno al problema de la calidad de la educación pública versus la privada. Llama poderosamente la atención que, por primera vez, un analista incluya como una de las variables que explican las diferencias entre los resultados obtenidos en pruebas externas e internas, en instituciones oficiales y privadas, la problemática social, que por supuesto es mucho más grave en los colegios públicos, haciendo notar que hecha esa salvedad los resultados no difieren de manera significativa, como han querido hacerlo ver los enemigos de la educación pública, muy interesados más en el negocio que en la real pertinencia de un modelo de educación privada.