“El último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que tiene fecha de corte el 31 de enero de este año, arroja un dato contundente: en Colombia, el porcentaje de resiembra verificado es del 0,6% (cero, seis por ciento), mientras los cultivos erradicados de manera forzosa se vuelven a sembrar en un promedio que ronda el 35%  (treinta y cinco por ciento).”

Un somero análisis de las políticas para reducir los cultivos de coca, contempladas en el borrador del Plan Nacional del Desarrollo (PND), permite visibilizar la coherencia del Gobierno con su vocación represiva   sobre el abordaje de los problemas relacionados con las drogas ilícitas. En contraste, una mirada a las estrategias para abordar el consumo interno de estupefacientes deja en claro que en este aspecto las políticas propuestas son precarias e incongruentes con el discurso oficial.

Para enmarcar este análisis, anoto que la “Política integral de lucha contra las drogas (erradicación de cultivos, reducción de la disponibilidad, prevención del consumo y acción unificada)” es uno de los objetivos del Pacto por la Legalidad en cuya parte diagnóstica se lee: “El desmantelamiento de la política contra esos cultivos y la adopción de un discurso de justificación, sumados a equivocadas medidas de política pública, incrementaron en cinco años las hectáreas de coca pasando de cerca de 50.000 a más de 200.000”.   Semejante descalificación sin argumentos, inapropiada e inusual en un PND, revela un sustento ideológico y político en esta materia.

El PND se propone la erradicación de 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el cuatrienio. El Gobierno tiene el objetivo de erradicar de todas las maneras posibles, incluyendo la aspersión aérea “previo cumplimiento de las normas vigentes y los protocolos establecidos por la Corte Constitucional”.  

Según el último informe del SIMCI[1] el número de hectáreas de coca en el  2017 ascendía a 170 mil. El Gobierno está programando una meta mucho más alta porque, como lo ha explicado la Directora del DNP, en el cálculo se contempla la resiembra que registra un promedio histórico del 35%. El indicador “hectáreas erradicadas”, sin embargo, no da cuenta de un estimado de reducción de los cultivos ilícitos.

Es bueno recordar que los cultivos de plantas de coca en Colombia han fluctuado, entre altos y bajos, pero nunca se han dado condiciones para su reducción significativa. Está demostrado, además, que la aspersión con glifosato, con sus altísimos costos, no fue efectiva en esta dirección, resultando peor el remedio que la enfermedad, por las consecuencias en la salud, el ambiente y los derechos humanos.

El Acuerdo de Paz con las Farc abrió el camino a un enfoque sostenible para solucionar el problema de las drogas ilícitas mediante el Plan Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), centrado en la erradicación voluntaria, que les otorga alternativas concretas a los campesinos cultivadores, mediante asistencia económica y técnica, para que abandonen de manera definitiva la siembra de coca como medio de sustento. Han sido mucho los obstáculos para adelantar el PNIS, entre otros el hostigamiento de grupos de delincuencia organizada y el retraso en los pagos por parte del Gobierno.

Sin embargo, el PNIS arroja resultados muy alentadores.  La Oficina de Drogas y Delito de las Naciones Unidas (ONUDD), mediante un programa de cooperación con el Gobierno, se encarga del monitoreo y de la verificación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS). El último informe, que tiene fecha de corte el 31 de enero de este año, arroja un dato contundente: el porcentaje de resiembra verificado es del 0,6% (cero, seis por ciento), mientras los cultivos erradicados de manera forzosa se vuelven a sembrar en un promedio que ronda el 35%  (treinta y cinco por ciento).

Según este informe, que no ha sido publicado en internet, el número de familias vinculadas es de 99.097, ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos, donde se concentra el 66% de los cultivos ilícitos del país.  34.767 es el número de hectáreas erradicadas en el marco del PNIS.

Lo que resulta altamente incongruente es que, ante estos resultados, el Gobierno haya decidido que no vinculará más familias al PNIS.  Así lo declaró en Tumaco, en noviembre pasado, el consejero para el Posconflicto, Emilio Archila.  En la misma línea, en el Pacto por la Construcción de Paz del borrador de PND, se establece que el PNIS es una de las múltiples herramientas para erradicar cultivos; que el Gobierno definirá los modelos de erradicación y sustitución, acorde con los cronogramas y las áreas de influencia. Dichas acciones se efectuarán en el marco de la Política contra la Drogas, liderada por el MinJusticia y con la participación del MinDefensa y la Presidencia de la República”.

Por otra parte, en el borrador del PND se condicionan los pagos a las familias ya vinculadas a un “informe del estado de los compromisos adquiridos en los acuerdos de sustitución firmados entre aproximadamente 87.431 familias beneficiarias vinculadas y el Gobierno nacional”. Cabe preguntarse por qué la Presidencia evaluará el PNIS, si Naciones Unidas lo está haciendo en cooperación con el Gobierno. Y preocupa este condicionamiento porque de las familias vinculadas al PNIS sólo nueve mil trescientas (9.300) han recibido la totalidad de los pagos, como lo indica el Informe 16 de ONUDD ya aludido. “A nivel nacional, el 69,5% de las familias cultivadoras y no cultivadoras han recibido por lo menos uno de los pagos programados por el PNIS. Los departamentos con menores porcentajes de familias con pagos recibidos son Norte de Santander (26,6%) y Cauca (30,2%). En 17 municipios de 10 departamentos, 9.301 familias ya recibieron la totalidad de los pagos”.

La meta que, respecto del PNIS se propone para el PND es que 64.400 familias hayan finalizado el proceso de sustitución y que las hectáreas sustituidas lleguen a 50.000 en el cuatrienio. Entonces, ¿qué va a pasar con las 34.697 familias que se dejan por fuera de la meta? 

Pasando a la página del consumo interno, la incongruencia no podría ser mayor. La importancia crucial de frenar el aumento del consumo interno ha sido un planteamiento reiterativo del Presidente Duque. Este fue su argumento central tanto en la firma del Decreto 1844 de octubre pasado que sanciona el porte de la dosis personal, como en el lanzamiento de “Ruta Futuro”, la política integral para enfrentar el problema de las drogas aprobada por el Consejo de Estupefacientes.  Es de lamentar que no haya coherencia en el asunto. La única meta se encuentra en la línea G del Pacto por la Equidad, denominada “Juventud Naranja: Todos los talentos cuentan para construir país”.  La meta consiste en reducir la prevalencia del consumo de drogas ilícitas en edad escolar del 10.97% al 9.8% durante el cuatrienio, sin que medie un diagnóstico, ni estrategias para alcanzarla. Nada en salud pública, nada en derechos humanos.

Sin perjuicio de lo dicho, el asunto de las drogas ilícitas en general, y del consumo en particular, se vuelve más complicado de entender al encontrar en el borrador del PND que la primera Estrategia de la Política Integral de Lucha contra las Drogas incorpora la implementación de la política aprobada por el Consejo de Estupefacientes, “Ruta Futuro”. El asunto no es menor puesto que Ruta Futuro difiere, en algunos aspectos, con lo consignado en el PND. Uno de esos aspectos es lo que concierne al consumo de drogas que en “Ruta Futuro” está desarrollado de manera amplia, sustentado en enfoques de salud pública y derechos humanos que incluyen prevención, asistencia, tratamiento y reducción del daño, pero no contiene metas, ni indicadores y, por supuesto, tampoco recursos. ¿Entonces a qué nos atenemos? Por ahora al Decreto 1844 que sanciona el porte y tenencia de la dosis mínima.

Sonia Eljach

Ex asesora de la Cancillería en tema drogas


[1] Sistema Integrado de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos de ONUDD

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