“Sin temor a que algunos piensen que se trata de una discusión semántica -o hasta de una “leguleyada”-, se requiere contundencia y claridad en el entendimiento del problema para que que sean igual de contundentes y claras las formas de enfrentarlo. Esto empieza por el reconocimiento del contexto y la realidad del conflicto armado en el PND, o ¿será esta otra de las tantas formas de embolatarnos la paz?”

Las declaraciones del director del Centro Nacional de Memoria Histórica que ponen en duda la existencia de un conflicto armado interno en Colombia han generado un sinnúmero de críticas desde quienes lo acusan de revivir tesis revisionistas para negar u ocultar que las acciones de los agentes del Estado también dejaron víctimas hasta quienes, del lado opuesto, llaman la atención sobre la gravedad de dichas declaraciones en términos de legitimidad de las actuaciones de las Fuerzas Militares contra la guerrilla.

Ante la ausencia del Gobierno en esta discusión, decidí aprovechar el #EspecialPND de “La línea del medio” para leer el Plan nuevamente desde la perspectiva de la recientemente publicada Política de Defensa y Seguridad. No con sorpresa encuentro que, lejos de ser una teoría aislada y exclusiva del director del CNMH, la negación del conflicto armado es una constante en la Política de Defensa y Seguridad que irradia el instrumento guía del rumbo del país en el próximo cuatrienio.

Quisiera empezar poniendo de presente que la Política de Defensa y Seguridad evita a toda costa referirse al concepto de conflicto armado interno. Según ésta, durante la primera década del siglo XXI Colombia estuvo sumida en una serie de “amenazas armadas contra la existencia, la independencia y la integridad territorial del país”. Hoy en día persisten “amenazas a la seguridad de la nación y a los derechos de los colombianos” y factores de inestabilidad que, dependiendo del contexto concreto, deben ser atacados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el marco de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.                                                                                                                                   

Para enfrentar dichas amenazas y contrarrestar los llamados “factores de inestabilidad”, el PND introduce el concepto de ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral-ZEII’, donde se pondrá en marcha la acción unificada del Estado para lograr el control institucional del territorio. Es, en últimas, una nueva estrategia para aumentar la capacidad de control institucional e intervención integral en los territorios con vacíos de autoridad y duramente afectados por economías ilegales. En línea con la Política de Defensa y seguridad, en el “Pacto por la legalidad: justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad en democracia”, no se hace mención –ni una sola vez- al conflicto armado interno.

Más adelante, en el “Pacto por la construcción de paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación”, se habla de la importancia de atender y reparar a las víctimas de la violencia. También se menciona la necesidad de implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET, creados por el Acuerdo Final de Paz, para avanzar efectivamente hacia la estabilización territorial en las zonas más afectadas por la pobreza, las economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada. El conflicto armado es mencionado como una de las tantas dinámicas del territorio, que por fortuna fue reducida y doblegada en un pasado ya remoto.

En la actual coyuntura que está viviendo el país, luego de la ruptura de los diálogos de paz con el ELN, con la credibilidad de la Justicia Especial para la Paz fuertemente golpeada, y donde no se descarta de tajo la posibilidad de una intervención militar en Venezuela para restablecer el régimen democrático, no parece de poca monta la actitud indiferente del Gobierno frente al conflicto armado. Sin temor a que algunos piensen que se trata de una discusión meramente semántica -o hasta de una “leguleyada”-, se requiere contundencia y claridad en el entendimiento del problema para que que sean igual de contundentes y claras las formas de enfrentarlo. Esto empieza por el reconocimiento del contexto y la realidad del conflicto armado en el PND, o ¿será esta otra de las tantas formas de embolatarnos la paz?

Silvia Delgado

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