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“Sin recursos, sin voluntad política, sin diálogo social con las comunidades y sin las instituciones necesarias para implementar el Acuerdo, es fácil concluir que la paz será la gran víctima del Plan de Desarrollo Pacto por Colombia.”
En los 183 artículos que contiene el proyecto de Ley del Plan de Desarrollo del gobierno Duque, la palabra paz aparece solo en seis ocasiones, la mayoría de ellas para hablar del OCAD paz de regalías (Órgano Colegiado de Administración y Decisión). Queda clara entonces la importancia que se le da a la implementación del acuerdo de paz en este mandato y el doble lenguaje que se utiliza al insistir en los escenarios internacionales en el compromiso, políticamente correcto, de cumplir el Acuerdo Final de La Habana, mientras que, en Colombia, se utilizan todos los medios posibles para marchitarlo, ante la imposibilidad de volverlo trizas por la presión de la comunidad internacional y la ausencia de mayorías congresionales para modificar las normas.
Cuando se revisa en detalle el texto, el Plan “Pacto por Colombia” es coherente con las decisiones de los últimos días del gobierno nacional y del partido Centro Democrático. Al contrario de lo que se sostiene ingenuamente en algunos círculos políticos, gobierno y partido están absolutamente sincronizados. El incremento de asesinatos de líderes sociales sin que el gobierno reaccione, los anuncios de nuevos proyectos de reforma constitucional para modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la negación del conflicto armado, la posibilidad cierta de objetar la ley estatutaria de la JEP ya avalada por la Corte Constitucional y la nueva política de seguridad con las redes de cooperantes muestran que el gobierno asumió el camino de regresar al pasado.
En la redacción del PND han sido cuidadosos y coherentes con esas políticas de comienzos de siglo. Nada se dice de la necesaria implementación normativa de los acuerdos con respecto a los proyectos de ley pendientes. Para sólo citar algunos casos, no se menciona la ley de tratamiento penal diferenciado para los delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos que no pertenecen a las organizaciones criminales, la reforma a la ley orgánica de presupuesto, el plan plurianual de inversiones, la ley de tierras o las leyes relacionadas con garantías y promoción de la participación ciudadana.
El artículo 143 del proyecto evidencia con claridad que el gobierno definitivamente no se ha leído el Acuerdo Final de Paz y las normas constitucionales y legales aprobadas para su implementación, o que la incapacidad para entenderlo es mayúscula, o que simplemente para ellos no existe. Crean una “hoja de ruta” para la “estabilización” que ignora el Plan Marco de Implementación y, además, duplican funciones al asignar a la Alta Consejería para la Estabilziación y la Consolidación y al Departamento Nacional de Planeación las tareas correspondientes a la Agencia de Renovación Territorial. Además, se viola la autonomía de alcaldes y gobernadores y se desdeña el papel de las comunidades en el territorio pues limitan la inversión solo a lo dispuesto por el gobierno nacional dentro de la hoja de ruta prevista, ignorando lo construido ya en el territorio con la ciudadanía. Igualmente, los contratos PAZ con los departamentos se desconocen al ponerlos bajo evaluación de Planeación Nacional.
Más grave aún, en materia territorial para los municipios más afectados por el conflicto, se regresa al concepto de “consolidación” del gobierno Uribe que ahora se rebautiza como estabilización, es decir, una solución que se limita a las armas y que desecha la necesidad de promover el desarrollo integral del territorio. Señala el Plan que el Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) en las áreas afectadas por la criminalidad con lo que subordinan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) y su componente de participación ciudadana a una estrategia netamente militar. En la práctica, los PDETs, pieza esencial del Acuerdo y de su implementación territorial, pasan a depender del Consejo de Seguridad Nacional. ¡Bienvenidos al pasado! De la misma manera, se desconoce olímpicamente el papel de la Comisión de Impulso, Verificación y Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación.
Aunque se menciona la necesidad de reparar a las víctimas, las metas establecidas en el PND para la indemnización contemplada en la ley 1448 se disminuyen ostensiblemente para los próximos cuatro años y, en el caso de restitución de tierras, si bien no se señala específicamente la intención de acabar con el proceso, se ignora una política que es fundamental cuando se habla de reparación integral a las víctimas, pues se trata de devolver a los campesinos despojados las tierras que les fueron arrebatadas mediante el uso de la violencia.
En fin, podríamos alargarnos en este análisis de la forma confusa como se aborda el tema de la paz en el PND, o mejor, como se ignora o distorsiona, y hablar de los simples cambios de nombres de muchos programas y el debilitamiento de algunas instituciones claves para consolidar la paz en los territorios. Pero los graves problemas de este PND en lo relacionado con la paz se podrían resumir en tres grandes conclusiones:
- No se aseguran los recursos para la implementación de la paz territorial porque se desconoce el artículo 4 del Acto Legislativo 01 del 2016 que establece la obligatoriedad del plan plurianual de inversiones para la paz. Se ignora de la misma manera el Marco Fiscal de Mediano Plazo para la paz, que contemplaba los recursos necesarios para la implementación. Ahora se menciona un Pacto por la Paz, según lo entiende el gobierno actual y no como está escrito en la Constitución Nacional, que obliga a los siguientes tres gobiernos a cumplir de buena fe los acuerdos suscritos por el Estado colombiano.
- El Pacto por la Paz, que se menciona en el Tomo 2 de las bases, no tiene ninguna financiación prevista en el articulado del proyecto. Ahora el gobierno se defiende afirmando que la plata para la paz si está asignada de manera transversal en cada uno de los sectores del presupuesto nacional, pero es claro que no se estipulan las inversiones para la paz en un plan plurianual específico como el que ordena la Constitución Nacional para precisamente garantizar que esos recursos no se diluyan dentro del presupuesto nacional y no sea, además, más difícil su seguimiento y control.
- Es claro que el lenguaje en las bases del PND es de crítica permanente a las instituciones que deben trabajar en la implementación de los acuerdos y hasta desconoce a algunas de ellas. En la medida en que el gobierno solicita en el PND facultades amplias y generales para reestructurar el Estado sin atender a ningún criterio específico, es razonable la preocupación de que estas facultades serán utilizadas para eliminar o al menos reducir a su mínima expresión las instituciones creadas en el Acuerdo de Paz para garantizar la implementación del mismo.
Sin recursos, sin voluntad política, sin diálogo social con las comunidades y sin las instituciones necesarias para implementar el Acuerdo, es fácil concluir que la paz será la gran víctima del Plan de Desarrollo Pacto por Colombia. Resulta paradójico, por decir lo menos, que el gobierno insista en todo el discurso del Plan en el concepto de la legalidad y el respeto a las instituciones, pero que sea el mismo gobierno el que en muchos apartes del proyecto desdeñe las instituciones ya creadas para la paz. ¿Será entonces que para el gobierno el respeto a la legalidad y la institucionalidad se limita solo a aquello que el propio gobierno reconoce como legítimo según sus intereses e ideología? Ese camino nos conduciría cada vez más a la desinstitucionalizacion y el autoritarismo que no queremos para Colombia.
* Juan Fernando Cristo, @cristobustos, ex Ministro del Interior y ex senador.
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