Especial PND – La salud en el Plan de Desarrollo

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“Se plantea la reducción de la población hoy cubierta por el régimen subsidiado de salud, cuyo acceso es hoy totalmente gratuito, para que pase a ser parte del régimen contributivo, que implica pagos por el servicio. Pagar por la salud para sectores vulnerables con ingresos bajos no será la prioridad cuando se tiene que garantizar la alimentación, vivienda, transporte y hasta la educación de los hijos. Las consecuencias serán desastrosas.”

Se requerirá tiempo para comprender el alcance de las proposiciones en materia de salud del Plan de Desarrollo que acaba de presentar el gobierno Duque a consideración del Congreso de la República. Dos elementos merecen ser evaluados. El primero es que, en este caso como en otros, se debe aclarar si todo lo planteado en las Bases del Plan—documento extenso y complejo de analizar— está contenido en el proyecto de Ley del Plan—igualmente extenso. Lo segundo es ver si el debate político se limitará a los artículos del proyecto de Ley, que son numerosísimos. Lo que sucederá, como siempre, es que los contenidos solo serán realmente comprensibles para quienes manejan bien el lenguaje jurídico. A pesar de estas circunstancias, es necesario empezar por lo evidente, que ya empieza a ser discutido por los especialistas en este tema.

De todas formas, es necesario estudiar todos los artículos mencionados y hay un tema que desde ya amerita iniciar una amplia discusión. Se trata del mandato explícito en las Bases del Plan por medio del cual se plantea la reducción de la población hoy cubierta por el régimen subsidiado de salud, cuyo acceso es hoy totalmente gratuito, para que pase a ser parte del régimen contributivo, que implica pagos por el servicio. Textualmente, en la página 236 de las Bases del Plan, se afirma: “MinSalud, con el apoyo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), establecerá regulación para la salida de beneficiarios del régimen subsidiado que no cumplan con los criterios de focalización, en el marco de la actualización del Sisbén metodología IV”. Y continúa “MinSalud, MinHacienda y el DNP diseñarán e implementarán un esquema de contribuciones en salud para generar recursos adicionales con los cuales financiar el sistema de salud. Estas contribuciones se definirán, de manera independiente a las cotizaciones que los trabajadores formales e independientes hacen al sistema de seguridad social, en función de la capacidad de pago de los hogares y a través de la redefinición de los criterios de focalización en el régimen subsidiado, de acuerdo con la información del Sisbén IV”.

Foto defensoria.gov.co

En términos sencillos, esto quiere decir que aquellos que actualmente reciben de manera gratuita los servicios de salud tendrán que pagar por ellos, además de cotizar mensualmente. Entre otras, porque gracias a la reforma tributaria del gobierno anterior, los patronos dejaron de hacer este pago que se suponía sería sustituido por el impuesto Cree, un cambio que resultó en la des-financiación del sector.

El argumento del Gobierno se basa en que la población pobre en el país ha descendido significativamente hasta llegar actualmente a representar el 27% de la población, mientras la cobertura del régimen subsidiado es del 48%. El supuesto del gobierno es que por lo menos una parte importante de los colombianos que hoy tienen ese servicio gratuito puede pagar por él, así sea un monto reducido.

La discusión ha generado pánico, con toda la razón, en el gremio médico. Es probable que los afectados directamente aún no sientan estos pasos de animal grande. Efectivamente, la hipótesis del gobierno está errada. Esto no excluye una realidad: sí, hay colados en el Sisbén actual, lo que significa que algunos están incluidos por razones equivocadas. Es decir, sí hay personas dentro del régimen subsidiado que podrían contribuir al sistema. Sin embargo, una cosa es sacar a aquellos que no deberían estar por tener capacidad económica y otra cosa es proceder a plantear una drástica reducción de los afiliados a este sistema bajo el supuesto de que solo deberían estar los pobres, es decir, el 27% de la población. 

Con esta idea, el gobierno desconoce la existencia de los vulnerables que representan el 36% de la población del país cuyos ingresos per cápita en promedio, según cálculos del DNP, están entre $250 mil y $590 mil pesos mensuales. Obviamente, las víctimas de esta decisión son los vulnerables, pero dado los bajos ingresos del grueso de la población, también quedarán excluidos sectores de la clase media. No es fácil de entender por qué no se considera una realidad respaldada por información oficial basada en la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE publicada en el 2018 y en estimaciones del DNP, que señalan como el 61% de los colombianos recibe en promedio mensualmente menos de un salario mínimo.

Si a esta precariedad de ingresos de amplios sectores del país se le suman las otras reducciones o eliminaciones de subsidios como el de energía al estrato 3, lo que sucederá es que la población vulnerable no hará uso de los servicios de salud. Pagar por la salud con ingresos tan bajos no será la prioridad cuando se tiene que garantizar la alimentación, vivienda, transporte y hasta la educación de los hijos. Las consecuencias serán desastrosas. Así empieza este debate.

*Cecilia Matilde López Montaño es una economista y política colombiana. Ha sido Ministra de Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, Directora de Planeación Nacional y Senadora de la República para el periodo 2006-2010.

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