La reducción de los hechos a simples acciones de vándalos, en el caso de los manifestantes, o de manzanas podridas cuando de la Policía se trata, es un intento torpe de tapar el sol con un dedo y de disfrazar lo que realmente corresponde a un estado de crisis de la democracia en Colombia.

Cortesía de Malos Policías – Alto al abuso policial

Lo ocurrido en los últimos días en Colombia es una muestra de cómo el Estado de derecho se ha convertido en un mero cascarón institucional que encubre la existencia de un verdadero régimen policivo.

Es así cuando los propios agentes del Estado se pasan por la faja el acatamiento de las normas, se burlan del sistema de división de poderes, se suprimen las libertades, se compra, copta o silencia la prensa, y los mecanismos de control disciplinario y represivo se sobreponen en la manera cómo se establecen las relaciones con los ciudadanos.

Nos vemos frente una crisis de confianza en las instituciones; están en cuestión la legitimidad y la autoridad de quienes encabezan las distintas posiciones del Gobierno o el Estado, principalmente la del Presidente de la República, que no logra asumir el liderazgo y en todos los órdenes nos deja ver como un país a la deriva. Hay una crisis de representación y de hegemonía que, consecuentemente, está dando paso a un estado de dictadura encriptada en el formalismo de una democracia de procedimientos, pero vacía en esencia de sus valores y contenidos.

La reacción ciudadana frente al brutal asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de dos agentes de la Policía en Bogotá fue producto del acumulado de una serie de situaciones de tensión frente a las que la ciudadanía no ha encontrado ni las respuestas ni los canales institucionales para tramitarlas.

De ello pueden dar cuenta los vendedores ambulantes, los artistas callejeros, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, los jóvenes, todos de alguna manera víctimas de agresiones que van desde la tortura y el maltrato físico, el decomiso o daño de sus pertenencias, el abuso sexual, hasta la detención arbitraria y la práctica aplicación de la pena de muerte, como ocurrió con el abogado Ordóñez y trece personas más que fueron asesinadas las noches del 9 y 10 de septiembre.

La reacción de la policía es parte de la sintomatología de un cuerpo institucional que no solo está profundamente degradado, sino que es también la vena por donde principalmente se conduce la sangre del régimen, sobre todo en un Gobierno de cuyas propuestas la ciudadanía se siente cada vez más distanciada y en cabeza de un gobernante con las manos atadas a quienes desde afuera le manejan los hilos y que no encuentra otra salida que la exacerbación del uso de la fuerza para contener el descontento que inevitablemente se produce.

La actuación de la Policía se asemejó más a la de una banda de forajidos que a la de la institución encargada de resguardar el orden y garantizar la seguridad. Antes que hacer acatar y respetar la ley, su misión fue demostrar que se siente facultada para pasarse por encima de la misma, respaldada en la impronta militarista que le ha dado cuerpo en Colombia, contrario a cualquier país civilizado y democrático en donde cumple funciones de naturaleza estrictamente civil.

Abrieron fuego indiscriminado contra personas que siendo o no parte de la protesta circulaban a esa hora por las calles, ingresaron a los barrios rompiendo puertas y ventanas y agrediendo verbalmente a sus vecinos, patearon en gavilla a personas que estaban heridas en el suelo y en pleno estado de indefensión. Hay suficiente ilustración de estos hechos en los videos que circulan en las redes y que han sido recopilados por organizaciones de derechos humanos y por la misma alcaldesa de la ciudad.

Los protocolos nacionales e internacionales que limitan el uso de la fuerza y prohíben las armas de fuego en el control a las protestas no fueron acatados; se olvidaron de que dentro de sus funciones de Policía están también las de promover, proteger y abstenerse ellos mismos de violar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y la dignidad de las personas.

La reducción de los hechos a simples acciones de vándalos, en el caso de los manifestantes, o de manzanas podridas cuando de la Policía se trata, es un intento torpe de tapar el sol con un dedo y de disfrazar lo que realmente corresponde a un estado de crisis de la democracia en Colombia.

Habría que preguntarse, al menos como hipótesis, si en un escenario como el que se ha vivido en estos últimos meses y frente a una actuación tan brutal, era posible esperar una reacción no violenta. Hay que tener en cuenta que a todo lo ya descrito se suman el impacto de las recientes masacres, los efectos de la pandemia y sus secuelas de desempleo, hambre, encierro, imposibilidad de seguir estudiando por parte de muchos jóvenes, todo un conjunto de hechos que conllevan también factores de orden psíquico y emocional, de los que en algún momento se esperaba su estallido.

Fue un fenómeno espontáneo de indignación colectiva cuyas interpretaciones no pueden ser usadas para encubrir la incompetencia de un Gobierno; la acepción de vándalos o de manzanas podridas solo busca simplificar y reconducir discursivamente la dimensión y comprensión de los hechos.

Ni ser vándalo es una condición inherente al ser de quienes por su indignación hicieron blanco a los bienes públicos, ni el calificativo de manzana podrida puede utilizarse para tratar eufemísticamente a quienes actúan en nombre de un Estado y de una doctrina a la que deben su comportamiento.

Aquí se trata, en su mayoría, de una juventud que constantemente ha sido agredida, se siente desprotegida, no encuentra canales para expresar su inconformidad y no ve salidas respecto a las diferentes situaciones a las que se ha venido enfrentando. Asimismo, de una institución que, antes que ganarse el respeto y la legitimidad, ha cosechado el odio entre los ciudadanos.

Así que lo que está en el centro de las preocupaciones es la ruptura institucional y el anegamiento casi que total de las condiciones para el ejercicio de la democracia, que se ha afianzado con el actual Gobierno, algo que tenderá a hacerse más insostenible si al Presidente no se le prenden las neuronas e intenta salir del oscuro callejón por el que, prisionero del extremismo de las cabezas de su partido, se está conduciendo.

Los vacíos de autoridad y la falta de realizaciones no se pueden llenar con salidas autoritarias; no es aumentando el número de policías como se va a recuperar la confianza ciudadana y se le va a salir al paso a la desesperación y el descontento que carga una gran parte de la sociedad.

Será inevitable que las fuerzas políticas y sociales distintas al partido de Gobierno se sigan sintiendo llamadas a defender el Estado de derecho y a evitar que el desborde autoritario continúe quebrando los propósitos de paz que, contrario a la tozudez del Gobierno, reclama la mayoría de los colombianos.

No es la quietud la que nos va a librar de llevarnos al abismo si seguimos en manos de un personaje que como Presidente ha resultado bastante asintomático, mientras que como policía, ahora con uniforme, se muestra cada vez más elocuente.

*Orlando Ortiz Medina, economista de la Universidad Nacional y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here