La solicitud de extradición de Aída Merlano, tramitada por la Corte Suprema de Justicia, nos pone ante una comedia del absurdo. Ya hicimos el ridículo pidiendo a Guaidó la entrega de Merlano. Vamos por más.

La Corte Suprema de Justicia hizo lo que estaba obligada hacer y expidió la solicitud de extradición por una simple razón: Aída Merlano está condenada en Colombia. Acostumbrados a ser requeridos, poco sabemos de requerir a nuestros nacionales.

El alto tribunal acudió al Convenio Bolivariano de Extradición de 1911 suscrito por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela y no a un documento bilateral.

Colombia y Venezuela negociaron un tratado de extradición en 1985, pero solo cubre narcotráfico y no está clara aquí su vigencia. El presidente Santos lo invocó para extraditar al narcotraficante venezolano Walid Makled “Yo estoy obligado a cumplir con la Constitución y con las leyes, voy a seguir por ese camino. Nosotros tenemos un acuerdo de extradición con Venezuela, no con Estados Unidos”, afirmó Santos entonces. Pero analistas jurídicos colombianos sostuvieron que el texto no ha surtido la ratificación y el Tribunal Supremo de Justicia del vecino país, en sucesivas decisiones, ha insistido en su no vigencia. “(E)sta Sala de Casación Penal conforme con lo dispuesto en la legislación que rige la materia, observa que entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición” , dictaminó en 2016.

Las extradiciones se gestionan de cancillería a cancillería. Cuando el requerimiento le llegue a la Canciller Blum, ¿se lo mandará a Guaidó o a Maduro? La respuesta nos ha sido dada. “Como no hay relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro y los trámites de extradición son procesos de cooperación entre países, no podríamos expresar a qué se expone Nicolás Maduro (al no cumplir el tratado) porque no tenemos esa relación diplomática y, por lo tanto, no hay comunicación entre uno y otro”, dijo la ministra de justicia Margarita Cabello

Resulta que, una vez enviada la solicitud, ésta debe ser entregada, acompañada de la documentación sobre la acusación o la condena, como aquí, a la más alta corte, el Tribunal Supremo de Justicia.  ¿Cuál es la contraparte legítima de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela? ¿El que eligió la Asamblea Nacional en julio de 2017, con un número importante de magistrados en el exilio, o el compuesto por simpatizantes maduristas? 

Será ridículo entregar un nuevo requerimiento a Guaidó para surtir la exigencia de nuestra Corte Suprema de Justicia. Y, si, por una de esas, al presidente interino se le da por entregarlo al actual tribunal venezolano, otorgándole un manto de legitimidad, ni hablemos.

*Laura Gil, @lauraggils, internacionalista, directora de La Línea del Medio

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