Los escalofriantes hallazgos reportados esta semana sobre los falsos positivos en Dabeiba, Antioquia, nos demuestran que aún no se ha cerrado uno de los capítulos más macabros de nuestra historia reciente. Las ejecuciones extrajudiciales han sido y, seguirán siendo por mucho tiempo, el gran lunar de un Estado que, lejos de proteger a sus ciudadanos, fue en ocasiones cómplice del asesinato de jóvenes inocentes por parte de ciertas unidades de nuestra fuerza pública. Es por eso que se denominan crímenes de Estado.

Son varias las lecciones que nos quedan del trabajo que se está adelantando por estos días en la JEP. La primera, tiene que ver justamente con el rol que está jugando la jurisdicción especial de paz. Lejos quedaron las falacias de aquellos que vaticinaban la derrota de la justicia y su rendición ante aquellos que participaron en el conflicto armado. El caso 003, sobre los falsos positivos, está avanzando a un ritmo sin precedentes. Se están desempolvando, por fin, los archivos que durante años durmieron en los despachos judiciales y en la misma fiscalía general. Los jueces liderados por Alejandro Ramelli, nos demuestran que sí puede haber justicia. La impunidad, más bien, se esconde detrás de los que quieren que la verdad no salga a flote.

Las cifras oficiales no dan cuenta del drama de miles de hogares que vieron partir a sus hijos para encontrarlos años después en fosas comunes. En la fiscalía general de la nación, hasta antes del traspaso de los archivos a la JEP, se tenían algo más de 4200 noticias criminales sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. Esto sin contar los miles de procesos que aún permanecen en manos de la justicia penal militar. Pero cálculos no oficiales de diferentes organizaciones no gubernamentales, señalan que los números reales de esta práctica criminal podrían incluso llegar a las 10 mil víctimas. Todas ellas, resultado no sólo de la sevicia de unas cuantas manzanas podridas de la institución castrense, sino también de una perversa política del ministerio de defensa, que premiaba con vacaciones y demás beneficios a todos aquellos que demostraran bajas en combate.

Durante la administración de Santos como ministro de defensa y, con el apoyo de Sergio Jaramillo y Juanita Goebertus, se modificaron los incentivos perversos contenidos en diferentes directivas ministeriales, buscando acabar con el drama de las ejecuciones extrajudiciales. La mayor cantidad de casos denunciados y registrados corresponden al 2006 y 2007, sin embargo, no se puede descartar que desde antes se adelantaran este tipo de crímenes.

A través de los mecanismos de justicia transicional que se previeron en los acuerdos de paz, cada vez más actores y protagonistas del conflicto están solicitando pista para contar la verdad de una guerra infame donde, desafortunadamente, el Estado también ha dejado víctimas fatales. Si las investigaciones siguen su curso natural, se puede esperar que no sólo empiecen a confesar los autores materiales de estas conductas, sino incluso aquellos que hasta ahora han permanecido en la sombra y sobre quienes recae la mayor dosis de responsabilidad. Aún queda por esclarecerse la cadena de mando militar y política.

Y justamente sobre este último punto, otra importante lección que nos deja el aterrador relato de Dabeiba, es que aún no se conocen a los verdaderos culpables de los falsos positivos. Son pocos los generales y coroneles que han sido investigados, pero lo más preocupante, es que aún no hay ningún tipo de responsabilidad política y jurídica frente a los civiles que pudieron haberse visto involucrados. Hay políticos que deben dar la cara. Es por eso que los invito a que expíen sus culpas y destapen esa verdad que sigue siendo esquiva; ya sea por la imposibilidad moral de enfrentar estas atrocidades, ya sea porque han construido un capital político sobre la tumba de miles de NN que nada tenían que ver con el conflicto armado.

En Colombia, un sector de nuestra clase política actual, ha sido cómplice de los mas deleznables crímenes de Estado, del paramilitarismo y de la violencia y la muerte como la única forma de consolidar su poder económico y político. Les llegará la hora de responder y esa justicia que tanto criticaban y que querían hacer trizas, les está pisando los talones. Será cuestión de tiempo antes de que en el país se conozcan los verdaderos nombres y apellidos de quienes todavía, de manera cobarde, no han respondido por sus delitos y culpas.

Entre tanto, sería también importante que el actual gobierno, en vez de buscar una y otra vez de torpedear la justicia transicional y, de paso con esto, la única posibilidad que tenemos de conocer la verdad, se dedicara más bien a erradicar una práctica que parecía haberse acabado pero que revivió con nombres y apellidos: Flower Trompeta, Dimar Torres y quién sabe cuántos más.

*Gabriel Cifuentes Ghidini, @gabocifuentes, Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma, MPA, Harvard University, LLM, New York University, Master en Derecho, Universidad de los Andes    

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