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“Yo puedo estar equivocado, tú puedes estar en lo cierto y, haciendo
un esfuerzo, juntos podemos acercarnos un poco más a la verdad”
Karl Popper
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Éste fue el título del libro que publiqué en 2019 sobre la polémica que se suscitó en torno al posible uso de la técnica del fracking en la exploración y explotación en Colombia de los yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos en roca generadora, en la que no se da cabida a matices. O es banco o es negro. Nadie le pregunta a otro su opinión sobre el particular. El signo de interrogación se reduce a saber si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con su utilización. Las razones y los argumentos de uno y otro bando no importan; es lo de menos. Todo ello se da en medio de tantas conjeturas, especulaciones, fake news y elucubraciones que pululan, especialmente en las redes sociales, y enturbian el debate, con una gran carga ideológica y política, de tal suerte que en el mismo ha habido más calor que luz.
La licencia ambiental expedida por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al Piloto Kalé de ECOPETROL, localizado en Puerto Wilches (Santander) ha reavivado el debate en torno a la utilización en Colombia de esta técnica. Dada la coyuntura electoral de cara al relevo de la actual administración y la exacerbación de la polarización que vive el país, este tema está obligando a los candidatos presidenciales y a sus equipos a tomar partido por lo políticamente correcto. Pero, éste es de esos asuntos que deberían trascender la actual coyuntura consultando los más altos intereses del país, pensando en la suerte de las próximas generaciones y no sólo de las próximas elecciones. Para poner en contexto este debate, nos ocuparemos de analizar sus antecedentes, lo que está en juego y las consecuencias que se pueden derivar de la decisión que se tome, cualquiera que ella sea.
LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO
El primer interrogante que tenemos que hacernos es cuál es el origen de esta controversia. Como es consabido, Colombia, no obstante no ser un país petrolero, porque no lo es, dadas sus precarias reservas de crudo que, a duras penas, sólo le aseguran su autosuficiencia por seis años más, amén del declive de las modestas cifras de producción, su economía y sus finanzas públicas, tanto las de la Nación como las de las entidades territoriales dependen demasiado del sector de los hidrocarburos. En síntesis, el petróleo representa el 5% del PIB, entre el 15% y el 17% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) y más del 30% de los recursos del Sistema General de Regalías, que es el sustento de los planes de inversión de los 32 departamentos y los 1.103 municipios del país.
RESERVAS DE PETRÓLEO (Millones de barriles, Relación R/P)
PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE PETRÓLEO (BARRILES/PROMEDIO DIARIO 2000-2021)
No es un secreto la caída que registran las reservas de crudo y el fantasma de la importación de crudo que nos ronda para poder cargar las dos refinerías, la de Barrancabermeja y Reficar, para el abastecimiento del combustible que el país requiere para mantener en marcha su parque automotor, la generación de energía y el aparato productivo del país. Importarlo le costaría al país, según el presidente de ECOPETROL Felipe Bayón entre 50 y 60 billones de pesos anuales. La única manera de evitar que este riesgo se materialice es incorporándole más barriles a las reservas para reponer las que se consumen y ampliar el horizonte de la autosuficiencia petrolera y con ella garantizar la seguridad energética del país.
Con tal fin, sólo hay una calzada con tres carriles: en primera instancia, el aumento de la tasa de recobro, en el cual Colombia, a pesar de sus avances, tiene todavía un amplio margen, que le permitiría pasar del 19% al 30% que han alcanzado otros países; la exploración y explotación offshore, en las cuales se han alcanzado éxitos muy promisorios, pero sólo en gas natural; y, finalmente, la exploración y explotación de YNC en rocas generadoras, que sólo puede ser posible empleando la técnica del fracking. Según el presidente de ECOPETROL “Colombia, gracias a los yacimientos no convencionales podría pasar de seis años de reservas de petróleo a 20, 25 o 30 años”.
LA SEGURIDAD Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La siguiente pregunta que debemos hacernos es como compatibilizar y compaginar la autosuficiencia petrolera y la seguridad energética con la transición energética de las energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) en la que está empeñado el mundo entero y Colombia no es la excepción. Es una realidad que, después del Acuerdo de París y una vez aprobados los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS) en 2015 y la estrategia de descarbonización de la economía para enfrentar el cambio climático, como lo afirma la ex secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Christiana Figueres “llegó la hora de reconocer que la industria del petróleo es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.
En esas estamos, buscándole prudentemente reemplazo al petróleo, al gas, al carbón y, en general, a las energías de origen fósil, pero no las hemos desarrollado todavía y sin lograrlo no los podemos abandonar. Nos debemos ver en el espejo de Europa, que va mucho más adelante que Colombia en su transición energética, en donde se apresuraron a apagar sus térmicas y las energías renovables resultaron insuficientes para satisfacer la mayor demanda de energía que se derivó de la reactivación económica. Se vieron compelidos a dar marcha atrás y encenderlas de nuevo, lo cual derivó en un incremento inusitado de los precios del petróleo, el carbón y del gas, debido a la mayor demanda por los mismos, los cuales con su espiral alcista arrastraron consigo al alza también de los precios y las tarifas de energía. Esta situación se agravó con la invasión rusa a Ucrania, elevando sus precios a niveles históricos y, lo que es más grave, comprometiendo seriamente su seguridad energética. En algunos de los países que integran la Unión Europea están incluso reconsiderando su decisión de haber decretado la moratoria del uso del fracking en sus territorios para ganar en soberanía energética. Ésta es una lección aprendida y su enseñanza nos debe llevar a ser cautos, precavidos, entendiendo, en primer lugar, que estamos en una transición energética y no en un salto energético, y, en segundo lugar, que cada país la hará a su propio ritmo, el cual se determinará a partir del análisis concreto de su realidad concreta.
Es en este contexto en el que nos permitiremos analizar los más recientes acontecimientos en torno a la eventual utilización de la técnica del fracking en Colombia. Como se recordará, el Consejo de Estado, en atención a la demanda incoada contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 (que regulan la exploración y explotación de YNC) suspendió estas normas como medida cautelar el 8 de noviembre de 2018. Como se recordará, después que fue negada la ponencia del magistrado Ramiro Pazos que proponía tumbarlas se cambió de ponente. Esta vez el turno fue para el magistrado Jaime Rodríguez cuya ponencia tampoco fue acogida y, finalmente, se le asignó esta responsabilidad en febrero pasado al magistrado José Roberto Sáchica, quien deberá presentar una nueva ponencia para la consideración de la Sección Tercera que tramita la demanda.
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LA COMISIÓN DE EXPERTOS Y LOS PILOTOS
En vista de este impase y ante la controversia que había suscitado la decisión del Consejo de Estado en torno a la viabilidad de la utilización de la técnica del fracking en Colombia, así como su conveniencia, la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez integró en el 2018 una Comisión interdisciplinaria e independiente de expertos sobre fracking para que estudiaran a fondo los pros y los contras del uso de dicha técnica y diera a conocer sus conclusiones y recomendaciones, las cuales fueron recibidas y acogidas por el Gobierno Nacional en el 2019. Entre sus recomendaciones están los denominados por dicha Comisión Proyectos Pilotos Integrales de Investigación (PPII), con el fin de probar in situ la viabilidad de pasar de esta fase investigativa, de laboratorio, a la fase comercial. Se integró otro Comité de expertos independientes que tendrá por cometido evaluar los resultados del pilotaje y poner a consideración, ya será del próximo gobierno, su recomendación para la implementación o no de esta técnica en Colombia.
Con estos antecedentes la Ministra Suárez expidió el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, estableciendo los parámetros técnicos, sociales y ambientales a las que deberán ceñirse quienes operen dichos pilotos. Dicho decreto, que se propuso llenar el vacío regulatorio que había dejado la medida cautelar del Consejo de Estado, fue demandado ante el mismo aduciendo que con él se desacataba la medida cautelar a la que hicimos referencia. Sin embargo, la alta corporación desestimó la demanda y terminó dándole un espaldarazo a la recomendación de la Comisión de expertos para la puesta en práctica de los PPII.
El paso siguiente lo dio la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al adjudicar los dos primeros contratos especiales de los proyectos de investigación (CEPI) para adelantar sendos pilotos, el primero a ECOPETROL mediante la Resolución 0802 del 25 de noviembre de 2020 denominado Kalé y, posteriormente, Platero a la multinacional ExxonMobil a través de la Resolución 0154 del 4 de agosto de 2021. Como era menester, ambas le solicitaron a la ANLA la expedición de la licencia ambiental requerida para adelantar dichas actividades y, con tal fin, le hicieron llegar a la misma los estudios de impacto ambiental correspondientes. El 25 de febrero, la autoridad ambiental otorgó dicha licencia mediante la Resolución 00648, al propio tiempo que se hizo entrega del Plan de manejo ambiental (PMA), el cual estipula las medidas de mitigación, reparación y compensación, si hay lugar a ello, por el impacto ambiental de dicho proyecto. Huelga decir que contra esta resolución procede el recurso de reposición.
La Alianza Colombia Libre del Fracking alegó a través de un comunicado que “la decisión de la ANLA se dio sin la participación amplia e informada de las comunidades de Puerto Wilches y el Magdalena Medio” y se opone rotundamente a la realización del Piloto. Por su parte, la ANLA respondió que desde 2019 se ha trabajado con las comunidades del área de influencia del proyecto, donde se “desarrollaron talleres, conversatorios, reuniones interinstitucionales y pedagogías con la asistencia de más de 1.300 personas. Adicionalmente, la celebración de la reunión informativa y la audiencia pública ambiental con más de 2.949 y 5.340 reproducciones de la transmisión, respectivamente”. El desafío ahora para la ANLA es monitorear rigurosamente los pilotos y velar porque las empresas cumplan al pie de la letra el PMA, al tiempo que las empresas operadoras de los mismos se deben ganar la licencia social con sus buenas prácticas, así en lo ambiental como en lo técnico y social, cumpliendo con los más exigentes estándares internacionales. La licencia ambiental es necesaria pero no suficiente; un proyecto que no cuenta con la licencia social se torna inviable (¡!).
Como lo afirma el ex rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, refiriéndose a dicho Informe, “las recomendaciones podrían haber sido en uno de cuatro sentidos: prohibir, declarar una moratoria temporal, permitir o permitir con condiciones. El Comité se inclinó por la última opción, con exigencias muy rigurosas…Solo después de terminados los proyectos pilotos se entraría, dependiendo de sus resultados, a considerar una exploración comercial”.
QUE HABLE LA CIENCIA
Coincidimos con Wasserman y con el ex Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y reconocido ambientalista a nivel internacional Manuel Rodríguez, cuando afirma que “un no absoluto al fracking trae consecuencias. El deseo que tenemos muchos es que a partir de los pilotos se demuestre que es posible el fracking, porque eso implicaría tener gas y tener recursos económicos que permitan hacer la transición energética que necesitamos…Algunos decimos que deben implementarse los Proyectos Pilotos Integrales (PPI) que la Comisión de Expertos recomendó al Gobierno para tener información sobre el costo-beneficio de esta técnica y así establecer si se justifica o no”.
En mi modesto concepto, nos debemos atener a los hechos, a los resultados que arrojen los pilotos de investigación y a partir de su evaluación, con los pies puestos en la tierra y sin pensar con el deseo, tomar la mejor decisión, anteponiendo el interés general a los mezquinos intereses banderizos. En el centro de este debate está la interpretación del principio de precaución consagrado en la Ley 99 de 1993 del Medioambiente y en la jurisprudencia, la cual, según Sentencia de la Corte Constitucional 293 de 2002 debe estar “alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho”, amén de la necesaria “proporcionalidad en su aplicación”, como lo estipula en su Sentencia 299 de 2008. Este es el verdadero busilis.
En fin, lo más razonable, lo más sensato, es esperar los resultados de los pilotos antes de tomar partido por el sí o por el no al uso de la técnica del fracking en Colombia, a que hable la ciencia, sin apresurarse a descartar una u otra opción, en el entendido que, como lo afirmó el célebre literato Jorge Luis Borges “no se trata de ganar o de perder, se trata de investigar entre muchos algo y si se llega a la verdad no importa que la verdad esté de este lado o del otro”. ¡Así de claro!
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*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta
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