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No puede ceder el Estado las funciones fundamentales de sus entidades y mucho menos el control y la vigilancia.
En abril de 2020, la actual dirección del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA – emprendió una gran cruzada con la intención de tercerizar varios servicios de los que actualmente presta esa entidad y se valió del Acuerdo 002 para tal fin.
Desde el momento en que se conoció tal documento, todas las alarmas se prendieron toda vez que la tercerización conllevaría de paso a la privatización del instituto más importante en materia de control sanitario y fitosanitario del país.
A pesar de la fuerte oposición de muchos sectores, el proceso continuó a tal punto que se volvió una seria amenaza para los campesinos, los productores y, en general, los usuarios del ICA que serían sometidos a acceder a los mismos servicios, pero a través de unos particulares que asumirían esas funciones en un proceso de tercerización.
Surgieron muchos interrogantes, muchas preocupaciones alrededor de este acuerdo y cómo no dado que, en su artículo segundo, se promulga básicamente la cesión del objeto misional del ICA. No puede ceder el Estado las funciones fundamentales de sus entidades y mucho menos el control y la vigilancia. Es inconstitucional reemplazar las funciones del ICA en unos gremios que son quienes, finalmente, están detrás de la tercerización de la entidad.
Decir que no se privatiza pero sí se terceriza recuerda la entrega de los acueductos 20 o 30 años en operación a los privados. El artículo 12 hace referencia a los costos para los usuarios; los terceros cobrarán sus servicios y eso también es un mal mensaje. El Estado colombiano, aun tercerizando ciertas actividades, trasladará los costos a los usuarios y, peor, en tiempos de pandemia con la actual situación crítica que ya todos conocemos.
Otro de los muchos interrogantes que nos hacíamos gira en torno a qué ocurrirá en una falla del tercero. ¿Quién responde: el tercero o el Estado? De la misma forma, si se terceriza, los particulares serán jueces y actores y ellos mismos se van a controlar. Otra seria preocupación era que también se hubiese podido presentar un desangre de planta de personal, es decir del recurso humano bueno, de experiencia, capacitado. En fin, hubiese sido la segunda arremetida que tendría el ICA en materia laboral. La primera se realizó hace varios años y, en la actual situación laboral que vive el país por cuenta de la contingencia, no nos podemos dar el lujo de engrosar la cifra de desempleo nacional.
Todas estas preocupaciones fueron llevadas al seno de la Comisión Quinta a un debate de control político convocado por los catorce senadores que integramos esta célula legislativa, donde fueron citados el Ministro de Agricultura Rodolfo Zea y la directora del ICA Deyanira Barrero e invitada la Contraloría General de la República.
Fue un debate amplio, con garantías donde se escucharon los diferentes planteamientos de las partes. Al final, el ministro le dio la buena noticia al país; manifestó que llevará al consejo directivo del ICA la proposición de derogatoria de este Acuerdo 002, muy inconveniente para el desarrollo agropecuario de Colombia.
Hay que reconocer que el ministro asumió una posición muy consecuente con lo que le había planteado el país entero – los sectores campesinos, productivos, sectores congresionales, órganos de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación – . Hubo un amplio consenso de la revocatoria de ese acuerdo.
Ahora bien, lo que hay que hacer es poner todo el empeño y la voluntad política para centrarse en fortalecer el ICA ante algunas de sus precariedades institucionales y científicas. Se debe robustecer también el Ministerio de Agricultura.
En fin, tenemos toda nuestra disposición de apoyar las buenas iniciativas; de la misma forma el país cuenta con una muy buena herramienta como lo es la ley 1876 de 2018 que creó el Sistema de Innovación Agropecuaria. Nuestro campo colombiano necesita de forma inmediata y urgente asistencia técnica, acceso a tecnología, innovación, servicios sin costos y acompañamiento en los procesos de producción, procesamiento, venta y mercadeo. Se debe recuperar y proteger el aparato productivo y recuperar el empleo que se ha perdido a raíz de la pandemia.
Ganamos el debate, ganó el campo, ganaron los productores de nuestro país y esa es una muy buena noticia para Colombia.
*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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