Gobernabilidad: la hora del diálogo social

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El Gobierno tiene que conducir el país bajo el objetivo de un futuro con menor desigualdad y de un presente con mejores resultados de todos los actores económicos y para todos los ciudadanos.

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El presidente Petro necesita consolidar las mayorías en el legislativo para sacar adelante las reformas fundamentales de su mandato. El ministro Alfonso Prada tiene las condiciones y la experiencia para lograrlo. El acuerdo nacional tiene un contenido sociológico más amplio, incluye a todos los actores sociales, a todos los actores del conflicto y de la construcción de la paz total, a los territorios, a las fuerzas económicas y al país nacional, es allí donde la sociedad civil y el sector empresarial redoblan su importancia. ¿Cómo va a gestionar esas relaciones, cuáles órganos del gobierno y quiénes entre sus altos funcionarios van a ver de la armonía y del cuidado de tales relaciones?

Dentro de la copiosa literatura sobre gobernabilidad, gobernanza y gobernancia que hemos conocido en el mundo y en Latinoamérica durante el último cuarto de siglo, es difícil conseguir definiciones que integren el conjunto de variables, los aspectos metodológicos para el estudio, los diferentes niveles de análisis y el uso de categorías de aceptación general. En esa indagación, se ha reconocido la definición del sociólogo argentino Antonio Camou como aquella susceptible de englobar los diferentes aspectos de la gobernabilidad.

Definió Camou la gobernabilidad como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado-gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”. Esta definición fue citada de forma recurrente en diferentes trabajos y disciplinas hasta producirse la eclosión de interpelaciones propias de los estudiosos de las sociedades mediáticas, de la crítica extendida a partir de la constatación de la insostenibilidad planetaria y del menoscabo de la libertad individual a manos de la tiranía algorítmica.

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No se trata en estas líneas de resolver el mar de contradicciones de la sociedad infocrática, tampoco de superar el conflicto acentuado entre seguridad y libertad dentro del ciclo pandémico, y menos aún, de resolver por arte de magia la transformación de la matriz energética y la reorganización del sistema económico global, a partir  del listado de desequilibrios que el covid y la invasión a Ucrania han puesto en el mapamundi, en el que viejos y nuevos superpoderes lucen cargados de perplejidad, mostrando las fauces de su capacidad militar destructiva como prenda de su ineptitud. Lo que corresponde es imaginar el rol del estado, del gobierno y de los grupos sociales en un ciclo de incertidumbre, utilizando este período que el Presidente Petro ha caracterizado en el primer diálogo con sus ministros como un ciclo de búsqueda, para darnos una oportunidad como sociedad poniendo punto final al apartheid total en el cual nos instalamos durante décadas. El de Colombia es un sistema político y socioeconómico basado en la segregación, en la exclusión en los órdenes económicos, territoriales, étnicos, culturales y sociales, dentro del cual el conflicto exacerbado por el narcotráfico entronizó la discriminación entre estratos, géneros, etnias, posesiones, centros urbanos y ruralidad, formalidad e informalidad, hasta extremos inaceptables que ahora nos cuesta incluso explicar, como lo estableció la Comisión de la Verdad.

Por ello el Acuerdo Nacional es de vital importancia. A partir de el puede germinar y hacerse posible la paz total. Por ejemplo, la discusión sobre la agenda legislativa debe darse con la mayor intensidad pero inscribirse en los objetivos prioritarios del interés nacional y no solamente en la transacción entre intereses de corto plazo o afectaciones temporales.

El Gobierno tiene que conducir el país bajo el objetivo de un futuro con menor desigualdad y de un presente con mejores resultados de todos los actores económicos y para todos los ciudadanos. Y es allí donde el DIÁLOGO SOCIAL es trascendental. La sociedad civil, el sector empresarial y las organizaciones sociales cuentan, como el resto del país nacional. La prioridad en la órbita legislativa es vital. Empero, la conversación y la concertación son decisivos. La pedagogía y el esfuerzo argumentativo son insustituibles. En lo semiótico, el Gobierno debe ser constructivo, eliminar el lenguaje erosivo y llamar a los contradictores a evitar el insulto y a elevar el nivel del debate público. El Gobierno ha de tener cuadros con alta capacidad comunicativa, credibilidad y uso medido de adjetivos descalificantes.

La ampliación de la cobertura institucional a todo nivel, una política internacional de multialineación, caracterizada por el equilibrio retórico y la prudencia, el entendimiento acerca de que la política de reindustrialización y la política comercial son dos alas de un mismo pájaro, ayudarán a suscitar una dinámica de conglutinación con muchos países y con la mayoría de nuestros compatriotas.

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*Juan Alfredo Pinto, escritor, economista, @juanalfredopin1

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