El presidente Duque anunció que mandará la prórroga de la Ley de Víctimas, con mensaje de urgencia, al Congreso. ¿Compromiso con las víctimas? No tanto.

“He tomado la decisión, y le he dicho a la directora del DPS, Susana Correa, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, que tenemos que presentar proyecto de ley con mensaje de urgencia para que podamos extender vigencia de la Ley de víctimas por 10 años”, afirmó el mandatario. Sus palabras llegan solo un día después de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional.

Los autores de la Ley 1448 de Víctimas, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, y los constitucionalistas Néstor Osuna y Gustavo García presentaron una demanda para declarar inexequible su vigencia. La norma fue adoptada en junio de 2011 para un periodo de 10 años. Los demandantes solicitaron que el alto tribunal armonice los periodos de transición contemplados en el Acuerdo de Paz con la Ley de Víctimas.

“Ante el silencio del legislador, le corresponde a la Corte Constitucional, mediante la herramienta de declaratoria de inconstitucionalidad, preservar la institucionalidad creada hasta cuando su objetivo haya sido cumplido como lo impone a la Constitución”, plantea la petición.

Una tras una de las entidades intervinientes en la audiencia – Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Dejusticia, Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –, así como investigadores y el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, se pronunciaron en favor de la demanda

Los voceros del Presidente Duque estuvieron en minoría. El senador del partido de Gobierno, José Obdulio Gaviria, insistió en la prevalencia del Congreso y el ministro Carrasquilla, en la cuestión fiscal. La presidencia, en nombre de la secretaria jurídica, Clara María González, no asistió y radicó un documento que publica La Línea del Medio.

González solicitó el rechazo de la demanda y tres ejes permearon su texto: las facultades del legislador, la sostenibilidad fiscal y otras vías para proteger los derechos de las víctimas. “El legislador cuenta con un amplio margen de libertad de configuración para delimitar temporalmente las medidas previstas a favor de las víctimas, mucho más cuando el marco lo establece justificadamente de cara a la administración eficiente de recursos públicos escasos”. E insistió: “En el caso bajo estudio, el límite de la vigencia de 10 años de la Ley 1448 de 2011 está justificado en un debate suficiente sobre la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas”.

Quizás lo más preocupante sea la mención a otros medios para proteger derechos de las víctimas porque esta formulación deja implícita que el texto de la Ley 1448 puede ser alterado y hasta reemplazado:

Con su pronunciamiento, Duque gana a tres bandas. Manda un mensaje a los magistrados para que dejen actuar al Congreso, complace a su partido porque abre la puerta a las modificaciones a la Ley en Congreso y tranquiliza a la población de víctimas, que no tiene por qué tener claro el juego político en Bogotá.

Dadas las preocupaciones de González, no queda nada claro que Iván Duque esté dispuesto a apoyar la Ley de Víctimas tal como la conocemos. El Centro Democrático ha hecho conocer sus reparos y varios congresistas tienen listas las reformas para presentar. La de la senadora Cabal no augura nada bueno para la Ley. Las posibilidades de impedir la regresividad en la norma son escasas en este escenario político y quedarían las víctimas una vez más en manos de un vaivén de demandas y fallos.

Así las cosas, Duque juega ajedrez con las víctimas. Si las cosas salen bien en Congreso, mérito para él y, si salen mal, culpa de ellos.

IntervenciónPresidenciaAudienciaVíctimas

Laura Gil, @lauraggils, internacionalista, directora de La Línea del Medio

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