About The Author
Desde el ejecutivo nacional y su partido, se propinan golpes que debilitan aún más la frágil democracia colombiana y el proceso de paz
El país vive de nuevo horas aciagas por sucesos sin relación alguna con la emergencia provocada por el Covid-19, aunque algunos sí, amparados en la sombra que ésta provoca. Son acontecimientos con connotaciones políticas y jurídicas que minan el Estado de derecho, la democracia y, de paso, el frágil proceso de paz entre el Estado y las FARC-EP que pretende -¿pretendía?- poner fin de manera definitiva a más de medio siglo de conflicto armado interno en nuestro país y todos los horrores que ocasionó.
El voto popular, la separación e independencia de las ramas del poder público, los pesos y contrapesos para el equilibrado ejercicio del poder son, entre otros, principios básicos sobre los cuales reposa la democracia y se asienta el Estado de derecho. Y el nuestro lo es, según reza el artículo 1º de la Constitución Política. Pero la realidad nos indica que nuestro Estado aún tiene vacíos e incumplimientos que hacen ver a Colombia débil como democracia y como Estado de derecho: exclusión y discriminación, desigualdad económica, social y política, donde unos pocos lo tienen todo – unos en exceso- mientras las mayorías se debaten entre la indigencia, el rebusque, el desempleo y, lo más grave, entre los fuegos cruzados de los usufructuarios de las riquezas nacionales y el poder, convertidos en víctimas, mortales muchas, ante la indolencia y el desdén de los encargados de protegerlas.
Duro es aceptar esta realidad, pero aún más difícil es saber que algunos de los sucesos de los que hablamos al empezar esta nota, provengan o tengan su origen en nada menos que el ejecutivo nacional y el partido de gobierno. Bastan algunos sucesos de los últimos días para convencernos que esta afirmación nada tiene de temeraria o mendaz y sí de cierta sobre los quiebres políticos, jurídicos y éticos que usan el Gobierno y su partido, con serias consecuencias a corto y mediano plazo para el logro de un buen desarrollo como nación.
1. Situación jurídico penal del jefe del Centro Democrático y el Estado de derecho
Bien que la decisión jurídica – que no política – de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia – CSJ – en contra del jefe del Centro Democrático – CD – exacerbó los ánimos de su parroquia, incluyendo al presidente de la República, no es de ahora que el expresidente viene maltratando la tercera rama del poder público; no, desde la época de sus gobiernos de la seguridad democrática, la CSJ ha sido blanco de reiterados y aleves ataques de parte del ex senador porque aquella no se plegó a sus torcidos designios. Las “chuzadas” del DAS, los micrófonos en la sala de plenarias, los montajes con testigos falsos urdidos contra los magistrados, en especial contra el que investigaba la parapolítica, hacen parte de una historia de casi dos décadas de guerra declarada por el amo y señor del CD contra uno de los pilares de la democracia y el Estado de derecho. ¿Por qué? Porque él se considera por encima del bien y del mal y, por ende, de la Constitución y la ley. No hay duda alguna que sus intenciones no son otras que postrar la jurisdicción a su ideología ultraconservadora y establecer su novedosa teoría del Estado de opinión. La idea de la Corte única –y el congreso unicameral- va en ese sentido.
Y ese comportamiento desleal y torticero del caudillo ha dado pie para que su feligresía se considere autorizada para arremeter de la misma manera contra la CSJ, lesionando de manera grave el cimiento que sustenta, repetimos, el Estado de derecho y la democracia: la separación e independencia de las ramas del Poder público. La jauría del partido de gobierno utiliza todos los medios audiovisuales para desacreditar la máxima autoridad de la justicia ordinaria en el país, con el propósito de socavar su legitimidad y así convencer a los colombianos de la necesidad de sustituirla por una que se acomode a sus propósitos y los de su partido.
Y si es grave socavar uno de los puntales del Estado de derecho, la justicia, por el sólo hecho de ejercer su función, lo es aún más que provenga del presidente de todos los colombianos. El señor Duque ha puesto por encima de los intereses de la República sus emociones personales dándole su apoyo incondicional a su mentor y jefe, desconociendo las decisiones judiciales. No es reprochar el derecho que le asiste al presidente Duque de manifestar su solidaridad por la situación sub judice de su jefe, pero este no es motivo suficiente ni conveniente, ni justo para descalificar de manera velada, a veces directa, los fallos judiciales porque es antijurídico – no acatar ni hacer cumplir las leyes y los mandatos derivadas de éstas, como se lo demanda la ley – y peligroso para el ejercicio democrático del poder. Y, para que no quede duda alguna de la injerencia del ejecutivo nacional en la jurisdicción, ahí están los registros de todas las intervenciones públicas del presidente Duque poniendo en duda la probidad de la Justicia Especial para la Paz, JEP, interpelándola de manera agresiva mostrando un desconocimiento absoluto de los fundamentos por los que fue creada y en claro desconocimiento de la independencia de la justicia, revelando ignorancia respecto de la investigación, acusación, juicio y condena por un tribunal penal. Como el presidente Duque considera que la JEP no ha hecho nada en dos años y medio de funcionamiento, presento la duración del proceso penal -investigación y juicio – en la Corte Penal Internacional, CPI, contra Thomas Lubanga Dylo, el primer reo de este tribunal internacional: inicio de investigación: 21/06/2004; detención: 19/03/2009; imputación de cargos: 29/08/2006; inicio del juicio: 26/01/2009; sentencia primera instancia: 14/03/2012. Fue declarado responsable de los delitos de reclutamiento forzoso de menores y participación en la guerra de la República Democrática del Congo. Síntesis: la CPI duró 7 años y 9 meses para investigar, juzgar y condenar en primera instancia al primero, y en su momento único reo, a su disposición.
2. Las masacres de niños y jóvenes: matando la esperanza del país
Si bien no existe prueba contundente para afirmar que las recientes masacres perpetradas en el país, cuyas víctimas han sido niños y jóvenes, sean obra de la fuerza pública, algunas circunstancias permiten temer que dichos sucesos estén ligados a los acontecimientos políticos derivados de la situación jurídico-penal del jefe del CD y a dudar de la reacción lamentable de los miembros del Gobierno frente a las víctimas. ¿Por qué el gobierno –presidente y ministro de Defensa – de forma deliberada, casi al unísono y de manera simultánea en regiones apartadas entre sí decidió cambiarle el nombre a los crímenes que han sacudido al país? ¿Qué pretende el Ejecutivo al borrar de la crónica roja la palabra masacre, que es como figura en la nomenclatura de los derechos humanos, por homicidios colectivos? ¿Pensará acaso el presidente que así puede eludir o atenuar la responsabilidad que como jefe de Estado y de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le corresponde por la omisión en la protección de estas personas masacradas? Además, algunas circunstancias conducen a poner en tela de juicio que se traten de actos aislados: i) el modus operandi de la recientes masacres en regiones, incluso distantes entre sí, que es más o menos el mismo – llegar al sitio donde se encuentran jóvenes indefensos y acribillarlos a sangre fría – ; ii) coincidir en el tiempo con los apuros jurídicos del caudillo; iii) suceder en zonas donde hay mayor concentración de fuerza pública, incluida la policía nacional – Cauca, Nariño, bajo Cauca en Antioquia y Arauca – . Y volvemos al mismo discurso cliché oficial: bandas residuales, disidencias, ELN, control de rutas del narcotráfico.
En momentos de apuros, cuando no se tiene coherencia entre el discurso político y la realidad nacional, se hacen confesiones inconscientes que desvelan la veracidad de lo ocultado. El presidente Duque, en su afán de refutar el resurgimiento de esta atroz modalidad criminal, aseguró que “las masacres no se han ido del país”. Con ello contradice a su mentor quien se ufana de haberlas borrado de la geografía nacional con su política de la seguridad democrática – 2002 a 2010 -. Ni la estadística ni la mirada por el retrovisor -¡después de dos años!- eliminan la responsabilidad incuestionable que le incumbe al ejecutivo nacional por esta nueva arremetida contra la democracia y la paz de Colombia.
3. La elección de amigos en los organismos de control
El principio de pesos y contrapesos en la gobernanza del Estado es necesario para mantener el equilibrio entre las ramas del poder y así evitar desembocar en un Estado autoritario. No basta la clara demarcación de los límites de cada una de las tres ramas tradicionales del poder público – ejecutiva, legislativa y judicial – para asegurar este punto.
No obstante, esto no está ocurriendo en este mandato. Si, como se dijo arriba, los ataques a la independencia de la justicia provienen directamente del poder ejecutivo y su partido político, los controles previstos por el constituyente de 1991 se encaminan a un objetivo más formal que real y, por lo mismo, inocuo, desprovisto de capacidad de acción para frenar la deriva autoritaria que cada día se instala y se siente en el país. Inocuidad originada en la cooptación de todos los órganos y mecanismos de control por parte del ejecutivo: la Fiscalía en cabeza de un compañero de universidad y exfuncionario de su administración que, desde el inicio de su función, ha mostrado absoluta falta de independencia y sí su afán de perseguir a los “enemigos” del presidente; la Defensoría del pueblo en manos de otro condiscípulo del señor Duque, salido del entorno politiquero de los partidos valedores de su gobierno y sin la más mínima experiencia en derechos humanos; la Contraloría, si bien no está en manos de un camarada de pupitres del gobernante, sí es dirigida por un amigo íntimo del Fiscal, quienes ya demostraron cómo constituir un tándem excelente para incursiones que nada tienen que ver con sus funciones y darse un buen pantallazo al inicio del periodo especial causado por la pandemia y sin resultados efectivos después; y, lo último, la elección de la nueva Procuradora General de la Nación de la recién salida ministra de justicia, quien mostró negligencia o falta de reacción frente a la crisis de la pandemia en la situación carcelaria del país. ¿Qué resultado de investigación dio esta ministra acerca de los motines y 23 presos muertos en la cárcel La Modelo de Bogotá al principio de la emergencia ? En cambio sí mostró toda la diligencia en hacer una meteórica campaña para su elección en el máximo cargo de control público, y esto, sin haber renunciado al ministerio, dejando más interrogantes que certezas frente a su independencia e impedimentos en relación con sus antiguos colegas de gabinete, empezando por el propio jefe de Estado en el evento que tenga que investigarlos.
4. Negar la verdad a las víctimas: la extradición fallida de Mancuso
Al momento de terminar esta nota el país nacional – y el político – , se encuentran a la expectativa de conocer el destino próximo de uno de los reconocidos criminales que mayor dolor y sufrimiento causó durante el conflicto armado en Colombia, Salvatore Mancuso, de quien no se tiene certeza cuál será su destino y todo atribuible a la incompetencia no solo de la ministra de justicia, hoy procuradora elegida sino también de la canciller, pues ha sido vergonzoso saber que no se ha podido definir, sencillamente porque los trámites a surtir por parte de estas dos entidades han sido mal elaborados y a destiempo, algo que nos pone a pensar si no hay algo de voluntad de que Mancuso no se presente frente a quienes les debe muchas explicaciones de lo que ocurrió y por qué para hablar de los determinadores y financiadores del fenómeno paramilitar en Colombia.
No es necesario hablar de otras decisiones gubernamentales tomadas bajo el paraguas de la emergencia sanitaria, unas de tal trascendencia que merecían ser tratadas como asuntos de Estado y no de simple gobierno, sin control político por las vicisitudes de las sesiones virtuales del legislativo, para comprender cómo con los cuatro asuntos expuestos el gobierno del presidente Duque y su partido el CD debilitan cada día más y más las reglas establecidas por el constituyente de 1991 para hacer de nuestro país un Estado de derecho y una verdadera democracia. Mas eso no es lo único que está en juego con esta actitud gubernamental, también lo está la continuidad del proceso de paz, hoy en serio peligro por la arremetida de los violentos, la mayoría proclives a la doctrina guerrerista del jefe político hoy detenido en su modesta finca, sino con la actuación meditada del gobierno nacional para que sucumba por inanición.
*Jairo Sánchez, abogado, antiguo profesor universitario, exfuncionario de Naciones Unidas y férreo defensor del proceso de paz.
Autor
