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Hay que instaurar un debate sobre la suerte del Sistema de Salud en Colombia que no puede estar precedido de unas líneas rojas ideológica.
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Holodomor es un término ucraniano para llamar a la violenta y criminal colectivización forzada de la tierra en Ucrania, que produjo una terrible hambruna, precisamente la palabra significa “matar de hambre”, especialmente entre los años 1930-32 que murieron de hambre entre 1.5 y 4 millones de personas. En la población ucraniana de Kuban se redujo la población de 915.000 a 150.000 (Comisión internacional de investigación sobre el hambre en Ucrania de 1932-33. Informe final. 1990). El referente lo traigo a colación para indicar los estragos que las intervenciones “ideológicas” pueden producir. Desde luego que el gobierno de la URSS siempre negó los hechos hasta que el cambio de régimen desclasificó los archivos secretos que confirmaban tales atrocidades. Y por otro lado no quiero significar que toda intervención ideológica produzca estragos de tal magnitud, pero sí que puede causar daños, cuando se coloca la doctrina por encima de la evidencia.
Y me refiero a la manera nefasta como se está desmontando el sistema actual de salud en Colombia, que con el pretexto de eliminar sus falencias estarían acabando con sus virtudes sin que no se acepte que ha habido serias falencias. La estrategia nefasta del efecto dominó por ahogamiento financiero (o CHU-CHU-CHU).
La pretensión de “estatizar” el sistema de salud para que dizque las EPS no se “roben la plata”, es una narrativa constante de la justificación de las intervenciones estatales. Nunca se menciona que, si bien es un sistema “mixto” de atención de la salud, la mayoría de colombianos ha tenido atención de su salud. Ha aumentado significativamente la cobertura por los dos regímenes: contributivo y subsidiado.
La insistencia del actual Gobierno de denominar “dineros públicos” a las contribuciones a la Seguridad Social de sus afiliados, es la pretensión de poder disponer de ellos para imponer un modelo “estatista” que ya fracasó en Colombia. Sería interesante conocer la diferencia entre lo que recoge en contribuciones la Seguridad Social y lo que la ADRES (la Administradora de Recursos de la Seguridad Social) le gira a las EPS (públicas y privadas) por la llamada UPC o sea lo que le entrega para atender por número de afiliados. Ahí en buena parte está el centro de la polémica por cuanto la decisión gubernamental fue de aumentar para 2025 la UPC (unidad por capitación o por cabeza) en sólo 5.3%. Cuando el salario mínimo aumento en 9.5% en esa misma proporción aumenta la contribución a la Seguridad Social, ¿para dónde se va la diferencia? Bueno saberlo.
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Por otro lado, la atención a la salud se basa en muy alta proporción en la prestación personal o sea en costos laborales, lo que significa un claro bache entre el aumento de la UPC y los costos laborales de 2025 para los prestadores. Este bache es financiero y se traduce en disminución cuantitativa y cualitativa de la atención de la salud. Esto es lo que se “quiere” para demostrar la ineficacia del sistema (desde luego deliberadamente inducida).
Lo que se aporta por los trabajadores a la seguridad social no es un “impuesto a la salud”, ni una contribución. Es el costo de un seguro de atención en caso de un evento en salud. El tema de la prevención se maneja de manera distinta a querer construir miles de “centros de atención primaria” (edificios). La estrategia es distinta: la prevención implica múltiples estrategias que pasa por el servicio de agua potable y disposición de aguas servidas, vacunación, control de alimentos, atención temprana del embarazo, pero lo que hay de bulto son los problemas existentes de salud que deben resolverse y que significan medios de diagnóstico, atención diagnóstica y resolutiva, disposición de medicamentos y controles periódicos. Esto lo están prestando las EPS a través de servicios propios (de atención primaria) o a través de IPS y Hospitales y Clínicas. Eso está en riesgo.
El Estado no tiene los recursos para atender en salud a toda la población colombiana. De manera, que la condición del aseguramiento es un mecanismo indispensable para la atención en salud. Pero esto a su vez crea un vínculo de quien aporta y quien recibe la atención a tiempo y de calidad. No se puede poner en riesgo porque se rompe el sentido del aseguramiento, la certeza de que se tiene cierta una atención en caso de un problema de salud. Y que si no se recibe o se recibe mal se puede recurrir a otro asegurador-prestador. La sana competencia por la prestación de un buen servicio es una virtud de un sistema que no se puede confundir con la narrativa usada peyorativamente del ánimo de lucro.
Ni el Estado es deficiente por definición ni la empresa privada es eficiente por definición. Deben probarlo. Decía un amigo economista.
De todas maneras, hay que instaurar un debate sobre la suerte del Sistema de Salud en Colombia que no puede estar precedido de unas líneas rojas ideológicas, sino más bien de análisis de cifras ciertas, escenarios posibles, proyecciones de oferta/demanda, bases demográficas y cambios en los grupos etarios, líneas de base de tasas de morbilidad/mortalidad, costos reales, diferenciales regionales y urbano/rurales, etc. Esto significa librarse de esas narrativas que condenan y generalizan a entidades. No tenemos ni el mejor ni el peor sistema de salud del mundo, a menos que queramos acabarlo para proponer la incertidumbre de un sistema imaginario utópico, por el cual se pagaría un alto costo de improvisación y estamos hablando de vidas humanas.
Debe crearse una instancia de gobierno del sistema en el cual el Ministerio de Salud, haría de soporte técnico (ojalá) y no un mediatizador político. Un gran Consejo Nacional de Seguridad Social de Salud, en el cual participen todos los actores del sistema: los prestadores, la academia, las asociaciones médicas y de profesionales de la salud, las asociaciones de pacientes y de usuarios, los representantes de las farmacéuticas nacionales y multinacionales, los centros de investigación de la salud, en fin, todos los actores de la salud con voz y voto. Sería el gran escenario de diálogo y concertación de las políticas y de las decisiones correspondientes.
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*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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