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“No seguiremos negociando nuestra existencia”
Fadumo Dayib
“Salgamos este lunes con la firme convicción de exigirle al gobierno, los congresistas y a nosotros mismos las acciones pertinentes para hacer de la paz un hecho real.”
El año 2016 trae el recuerdo inmediato de miles de jóvenes en las calles. Las circunstancias políticas del país despertaron el más puro sentido por la vida y la humanidad. La Paz, que tanto había costado hacer se enfrentaba a uno de sus mayores obstáculos: la negación de la aceptación de la ciudadanía. Sin embargo, los relatos cruentos de la guerra y los deseos de una juventud por no tener que vivirlos se convirtieron en el motor de una gran movilización ciudadana, la misma que hoy nos permite ver un Acuerdo de Paz firmado y, con ello, el fin de la violencia como forma de hacer política.
Hoy, un poco más de dos años después, la Paz sigue encontrando obstáculos. La imperfección natural de lo pactado se ha convertido en la excusa de algunos sectores políticos para atacar y con ello ponerle fin a tan gran esfuerzo. De ahí que el pasado 11 de marzo el Presidente de la República, Iván Duque, haya decidido objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz- JEP, pieza fundamental en el largo camino de consolidar un país sin violencia.
La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Congreso de la República después de largos debates. Una vez finalizados, la Corte Constitucional hizo una revisión automática de la misma y la encontró acorde a la Carta Política de 199, dejando así en manos del Presidente de la República su sanción. Este acto nunca llegó y, con ello, se puso en jaque la construcción de paz, la separación de poderes y el Estado social de derecho. La paz se ve transgredida en tanto que la objeción causa incertidumbre jurídica, razón suficiente para generar un aumento en las disidencias y retardar la consolidación de un Estado sin violencia, y la separación de poderes y el Estado social de derecho se ven vulnerados en tanto las objeciones presentadas controvierten la decisión tomada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-080 DE 2018, precedente no deseable que cuestiona un pronunciamiento judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada.
Más allá de los debates técnicos, de gran importancia en este momento, es necesario ubicarnos sobre la cuestión ética y moral que nos involucra como país. La paz no es un asunto que deba acomodarse a los intereses políticos, la paz trae consigo la responsabilidad de ser una herramienta de democratización y vida. La mejor cara de la paz es la reducción en muertes a causa del conflicto en un 97%, el desplazamiento en 79% y las víctimas por minas en un 99%. Es también momento de entender la paz a partir de la equidad, los derechos, la igualdad y el cese de un sin fin de injusticia que priva de la más elemental dignidad a millones de colombianos.
Como generación que vio nacer la paz y que ahora tiene la tarea de criarla, debemos ser conscientes de lo que ello significa. De nosotros dependerá dejarle un mejor futuro a las generaciones venideras y de hacer de Colombia el país que tanto soñaron nuestros abuelos. Es por ello que el próximo 18 de marzo será la oportunidad para iluminar a los congresistas de la República. Debemos como ciudadanos exigirles el mayor compromiso con la JEP, con la Paz y con la vida. También debemos asumir nuestro rol activo en el complejo ejercicio de implementar la paz; no podemos permanecer impávidos; no podemos conformarnos con la tranquilidad moral de haber estado de acuerdo con una causa porque de nada servirá arrepentirnos de no haber hecho más cuando ya no haya nada que hacer. Salgamos este lunes con la firme convicción de exigirle al gobierno, los congresistas y a nosotros mismos las acciones pertinentes para hacer de la paz un hecho real.
Esteban Guerrero Álvarez, politólogo y estudiante de jurisprudencia
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