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Así las cosas, nuevamente quienes ocupan posiciones en dicha instancia impiden que se manifieste efectivamente la voluntad popular, dejando con ello en evidencia la relación estrecha que existe entre Miraflores y los tribunales cuando a los ocupantes de Palacio no conviene una determinada decisión de cualquier naturaleza.
Eso es lo que debe adelantarse en Venezuela vista la situación de los poderes públicos en el país y ella debe comenzar, de manera imperativa, por el poder judicial como en reiteradas ocasiones lo hemos señalado.
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El pasado domingo 21 se celebraron elecciones regionales y locales en ese país. Según los titulares del día siguiente al evento, los partidarios del señor Maduro habían arrasado. Sin embargo, cuando se revisaba la letra pequeña, se observaba que la oposición a su gestión sacó más votos que su grupo partidario y, adicionalmente, quienes controlan internamente el país redujeron de 306 a 218 el número de alcaldías que controlaban, lo que equivale a que el amplio espectro opositor pasó a controlar una tercera parte de esas instancias de gobierno municipal.
Ese domingo fue imposible que la junta regional electoral del estado Barinas, cuna del chavismo, emitiere los resultados. Tres actas manuales lo impedían. Debió transcurrir más de una semana para que ellas llegaran al Consejo Nacional Electoral en Caracas y, cuando se procedía a hacer el recuento respectivo que, desde el día de la elección daba como ganador a quienes enfrentaron a la familia Chávez, una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no solo impide que se computen los votos sino que afirma que el candidato que habría ganado los comicios no podía competir, a pesar de que el ente comicial había aceptado su postulación.
Debe recordarse que, en el año 2015, cuando se produjo la elección de la Asamblea Nacional, la saliente en menos de un mes designó a 13 magistrados y sus suplentes para integrar la máxima instancia judicial. Dentro de los designados, estuvieron integrantes de la sala que ayer actuó y fueron ellos quienes suspendieron la proclamación de los diputados del estado Amazonas y los indígenas, impidiendo con ello que se hiciere efectiva la mayoría calificada que los electores le habían otorgado a los factores políticos que adversaban al proceso desarrollado en Venezuela por los señores Maduro y Chávez. Esa causa nunca fue decidida y de esa manera se impidió a los diputados de la época hacer efectivo el mandato que los electores le dieron.
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Así las cosas, nuevamente quienes ocupan posiciones en dicha instancia impiden que se manifieste efectivamente la voluntad popular, dejando con ello en evidencia la relación estrecha que existe entre Miraflores y los tribunales cuando a los ocupantes de Palacio no conviene una determinada decisión de cualquier naturaleza.
Hemos reiterado en estas líneas y hoy lo reafirmamos que los jueces son árbitros de conflictos y no son partes en el mismo, que las instancias judiciales venezolanas son en este momento parte interesada en todas las decisiones que afecten de alguna manera a quienes ocupan las instalaciones del poder ejecutivo y que solo será posible empezar a cambiar las cosas si todos los venezolanos tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que, en derecho, sin influencias políticas indebidas, resuelva los conflictos.
Nadie dude en Caracas que, de mantenerse la decisión adoptada, dicha situación si a alguien perjudica es al señor Maduro puesto que los ojos del señor Fiscal de la Corte Penal Internacional, si en alguna parte los tiene puestos, es en la actuación del sistema de justicia venezolano. En la medida en que observe que el mismo carece de imparcialidad, implementará el principio de complementariedad que prevé el Estatuto de Roma y será entonces esa instancia jurisdiccional la que conocerá de los crímenes que se habrían cometido en Venezuela que conforme a esa normativa deben juzgarse.
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Lo ocurrido, no por tenderle salvavidas a alguien en particular, sino porque es menester tener un sistema de justicia confiable para todos, es lo que debería obligar a quienes tengan interés en ello en avanzar de manera urgente en el proceso de reinstitucionalización del poder judicial por la condición que éste tiene de supremo árbitro de conflictos.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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