Independencia

0
230

About The Author

Eso es lo que requiere un país de su poder judicial y ello vale para cualquier parte del mundo.

(Lea también: Disyuntiva)

Los jueces son los árbitros de los conflictos ciudadanos. Deben decidir ellos con apego a la ley los mismos, pero ocurre que esta se encuentra sujeta a interpretación y en función de la misma, jueces que no son tales sino partes, la interpretan en función  de intereses, por lo general partidarios.

Ocurre ello porque en la oportunidad de su elección, como ocurrió en Venezuela el año 2005 y se repitió en diciembre del 2015, los designados para ocupar esas posiciones eran personas con mucha cercanía al partido gobernante.  Allí existe el criterio, expresado por un diputado el año inicialmente citado, que con la designación de magistrados del más alto tribunal, ellos no permitirían autogoles.

Un lector desprejuiciado pudiere argumentar que el año 2017 la misma Asamblea Nacional, controlada ahora por la oposición actuó de manera similar, designando opositores como integrantes del más alto tribunal. Lo cierto es que, dado lo que se ha visto estos casi seis años, la mayoría de quienes fueron designados como principales y suplentes en esa oportunidad, así han actuado, dándole con ello la razón a quien así piensa.

(Texto relacionado: En modo reflexión)

Pero, el problema no es solo nuestro.

Si vamos a Nicaragua, la cooptación judicial por parte del señor Ortega le permite cometer los mayores desaguisados sin que tenga preocupación alguna respecto de sus consecuencias.  Oh sorpresa, en El Salvador, ese gobierno tan apreciado por algunos, prevalido de la mayoría que obtuvo en las últimas elecciones parlamentarias allí celebradas, se modificó sin motivo la estructura judicial para, a su antojo, el gobierno del señor Bukele -que controla el parlamento- tener la certeza de poder actuar a conveniencia sin ningún rubor.

Sostengo, de manera reiterada que, en el caso venezolano, debe producirse una reinstitucionalización judicial al más alto nivel. Una que permita que abogados designados conforme a la Constitución,  competentes y comprometidos con la justicia, dispuestos a impartirla y a no ser verdugos del contrario, integren los más altos cargos judiciales para que, a partir de ello, se puedan realizar debidamente, los concursos correspondientes de manera que los cargos judiciales los ocupen quienes deben y no quienes algunos quieren.

Solo cuando tengamos un poder judicial debidamente integrado, uno en el cual todos, absolutamente todos podamos confiar, los ciudadanos podremos dormir tranquilos.

(Le puede interesar: Dos posturas, dos países)

*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural

Autor

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.