La Línea del Medio publica las instrucciones del Gobierno para hacer frente al informe de 2019 de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2019.

Todos los años la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas – OACNUD – remite al Gobierno para sus comentarios un borrador del informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos. Este año, debido al corto tiempo contemplado entre la redacción final y la presentación pública, envió primero una presentación con los principales hallazgos. La Cancillería la direccionó a varias autoridades estatales para recabar información. Estas son las principales conclusiones de la revisión de los textos.

Un gobierno a la defensiva

La funcionaria de carrera Mirza Gnecco Plá, directora encargada de derechos humanos y derecho internacional humanitario de Cancillería, cursó una solicitud de información.

Sorprende la actitud de confrontación a priori en tanto pide que “se recopile la información pertinente, no solamente en relación con normatividad, políticas, planes, investigaciones judiciales y medidas de protección, sino también con el fin de desvirtuar las aseveraciones, conceptos e indicadores enunciados por la Oficina.”

Uno podría esperar que el Gobierno se preocupara primero por establecer la realidad y luego por desvirtuarla solo si hubiera lugar. El valor de la observación en derechos humanos consiste en señalar una situación problemática, no para negarla a como dé lugar, sino para proceder a superarla. En las palabras de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, “la labor de observación es una fuerza de prevención y cuando cuenta con el respaldo de la voluntad política de los principales actores, previene y atenúa los conflictos y contribuye a resolverlos. Esta es la esencia de trabajo de la ACNUDH.”

La postura de Cancillería resulta aun más llamativa si se tiene en cuenta que la Cancillería se dirigió a 23 entidades del Estado, varias de ellas por fuera del gobierno como la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad, cuya responsabilidad dista de consistir en poner la cara por el Gobierno ante los organismos de Naciones Unidas.

Un diagnóstico conocido

Desde que la OACNUDH se estableció en el país en 1996, los diagnósticos se repiten año tras año, con una línea compartida – la ausencia del Estado – .

“La falta de presencia integral y/o efectiva del Estado, principalmente en zonas rurales, impide la atención de las causas estructurales generadoras de violencia: índices de pobreza multidimensional, limitado acceso a la tierra, economías ilícitas y presencia de grupos criminales y/o grupos armados ilegales que se lucran de estas economías, que generan violencia y corrupción.”

Para la OACNUDH, la pobreza constituye no solo la violación de múltiples derechos sociales y económicos sino también un caldo de cultivo para la violación de derechos políticos y civiles. Destaca la Oficina que “la pobreza multidimensional se incrementó un 1.8% respecto a 2016” y de seguir así, “Colombia no alcanzará la meta de reducir la pobreza extrema al 3% prevista conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino hasta el año 2035.” La corrupción impide la inversión adecuada en el desarrollo y la marcada disparidad en acceso a derechos entre comunidades urbanas y rurales “implicaría una situación de discriminación” hacia la población rural, incluyendo a los pueblos étnicos. De hecho, la OACNUDH señala que la impunidad se potencia en las zonas rurales por la carencia de presencia de la Fiscalía.

El deterioro de la situación de derechos humanos

De mayor importancia resulta la denuncia de un aumento de violaciones al derecho a la vida: 15 casos de presuntas ejecuciones con responsabilidad del ejército (11), la policía (3) y operaciones conjuntas (1), en Antioquia, Arauca, Bogotá, Guaviare, Cauca, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca. “Esta cifra es la más alta respecto de los casos registrados por la OACNUDH en los últimos tres años”.

La OACNUDH también documentó casos de violencia sexual, detenciones arbitrarias y torturas por parte del ejército y advirtió que las ejecuciones “continúan siendo solicitadas por la jurisdicción penal militar o remitidas a ésta, en algunos casos, por la misma Fiscalía, contraviniendo los estándares internacionales sobre esta materia”.

Además, indica la OACNUDH que “se registraron 34 masacres en 2019 con 125 víctimas; el número más alto desde 2014.”

Las preocupaciones que deja el paro

La OACNUDH habla con contundencia de su observación del paro nacional. En primer lugar, expresa procupación por la conducta del ESMAD “que habría violado normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”. Luego, advierte sobre una posible nueva tendencia de ataques a periodistas y miembros de medios alternativos. Por último, prende la alarma sobre una medida discrecional de la policía, denominada “traslado por protección”, que fue usada para legitimar la mayoría de las detenciones en el marco del paro nacional y da pie a privaciones arbitrarias de la libertad.

La persecución a los liderazgos sociales

Con fecha de corte de 19 de diciembre de 2019, la OACNUDH había observado 103 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales 13 eran mujeres y 2 integrantes de población LGBTI, y tenía 10 casos más en procesos de verificación. Los departamentos más afectados continuaron siendo Cauca y Antioquia y el mayor número de víctimas se siguió caracterizando por pertenecer a Juntas de Acción Comunal y a comunidades indígenas y por participar en asuntos comunitarios.

La OACNUDH hace un llamado a sustraer la cuestión de los liderazgos sociales de la guerra de las cifras, quizás debido al debate que suscitó Francisco Barbosa, Consejero Presidencial de Derechos Humanos, cuando, en octubre pasado, anunció una reducción de 47% de los asesinatos. En todo caso, los números han quedado desfasados ante los casos registrados en lo que va de 2020: 15 líderes asesinados en Cesar, Cauca, Chocó, Huila y Putumayo.

De otro lado, se reconocen los esfuerzos de la Fiscalía en las investigaciones, “con avances del 55%” y la implementación de la ruta colectiva de protección, que el anterior gobierno había dejado lista y éste se demoraba en iniciar. También la OACNUDH le pide a la Procuraduría que haga un mejor uso de la Directiva 002 de 2017 “como herramienta para reducir la estigmatización a la labor de defensa de derechos humanos”.

La OACNUDH pide que tres instancias se repotencien: el Proceso Nacional de Garantías para la Labor de Defensores de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). La primera convoca mesas de garantías que, poco a poco, se han ido activando, la segunda se enmarca en el Acuerdo de Paz y, por eso, su relevancia ha sido minimizada al punto que ha servido como escenario de rendición de cuentas y no de formulación de política pública (Ver DLP pide respeto para Comisión Nacional de Garantías de Seguridad), y la tercera ha sido ignorada (Ver Una denuncia contra Nancy Patricia Gutiérrez, La responsabilidad de Nancy Patricia).

El espaldarazo al sistema de reconocimiento al sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición

La OACNUDH es más que generosa con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Señala que la JEP ha avanzado en protocolos de relacionamiento con pueblos étnicos, que incluyen la garantía de la consulta previa, y en macro-casos priorizados como el que llevó a las exhumaciones de Dabeiba, Antioquia, destaca los diálogos de no repetición de la Comisión de la Verdad y valora los aportes de información que han hecho las FARC-EP a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para la identificación de víctimas. Pero también pide mayor coordinación con la institucionalidad que representa a las víctimas y advierte que comparecientes y víctimas están siendo amenazados e intimidados para no declarar.

No todo fue malo en 2019

Para empezar, el mandato de la OACNUDH quedó renovado en firme hasta el 31 de octubre de 2022. El Gobierno había expresado su deseo de limitar el mandato de observación de la Oficina y, a pesar de las modificaciones, el grueso de sus actividades se mantiene en pie.

La OACNUDH destacó avances en la restitución de tierras para pueblo étnicos que benefician a más de 6.000 familias, las mejores condiciones de seguridad de la pasada campaña electoral y el aumento de la participación de mujeres y personas LGTBI en puestos de elección popular.

*Laura Gil, @lauraggils, internacionalista, directora de La Línea del Medio

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Principales-hallazgos-Informe-OACNUDH-2019

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