Jueces comprometidos

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Para recuperar de manera integral el país, debemos concientizar que estamos obligados a hacer las cosas de manera muy distinta a como se ha hecho durante la revolución.

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Soy de quienes cree que, si alguna cosa le hace flaco favor al desarrollo de un país, es que quienes gobiernan tengan jueces de bolsillo, entendiendo por éstos aquellos que deciden con apego, mas a conveniencias políticas que a derecho.

Ciertamente que el juez, como cualquier ciudadano tiene opiniones políticas –por demás respetables como cualquiera otra- y comprendo que en sus decisiones, de una u otra manera esas opiniones se reflejen en sus decisiones, pero ello tiene un límite y este es el que le establece la Constitución y la ley.

Si bien es cierto que algunos creen que en política todo vale, en el mundo de la justicia ello no es posible, entre otras razones porque la circunstancia que un juez –que es un árbitro de conflictos- se convierta en parte de este, deja en absoluta minusvalía a la contraparte convirtiendo el juicio respectivo en una mascarada.

Durante buena parte del período democrático venezolano, los partidos Acción Democrática y Copei eligieron los jueces, inicialmente a través de la dirección de justicia y cultos del Ministerio de Justicia y luego a través del Consejo de la Judicatura. Aún cuando la conseja revolucionaria, al denostar de esa oportunidad histórica del país, seguramente afirmarían que el poder judicial de la época estaba parcializado, quienes en la judicatura actuaban pueden dar fe que, si hubo designaciones políticas en los distintos juzgados del país y hasta en el máximo tribunal, ella no era la regla sino la excepción. Lamentablemente, en la Venezuela de estos últimos 20 años, los papeles se invirtieron.

Aún cuando los constituyentes –orgullosamente- sostuvieron que, a través de los concursos de oposición públicos se ingresaría a la carrera judicial a los efectos de garantizar idoneidad, capacidad y probidad de los jueces, es lo cierto que, desde hace cerca de veinte años no se realizan estos en Venezuela, lográndose con ello que buena parte de quienes ocupan esas posiciones, tengan –o aparenten tener- vinculación con el partido oficial, sobre todo si se trata de áreas de importancia para ellos como lo es la penal.

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Por otra parte, si revisamos la cúspide de la pirámide, es lo cierto que el máximo tribunal venezolano, sobre todo en salas de decisión emblemática, como lo serían la Constitucional, la Penal y la Electoral, si alguna característica han tenido, es que la mayoría de sus integrantes, ha estado vinculado directamente al partido de gobierno, bien porque han sido militantes del mismo o porque han ocupado posiciones de representación que evidencian esa situación. Lo anterior ha originado una profunda desconfianza de los nacionales del país –y hasta en la comunidad internacional- en la judicatura pues todos están contestes que, en ellas, el gobierno nunca perderá una.

La interferencia política en las designaciones judiciales no es exclusiva de Venezuela; ella ocurre, por ejemplo,  en Argentina, donde el partido gobernante ha buscado -de distintas maneras- que las causas que el poder judicial del país conoce contra la señora vicepresidente las atiendan jueces vinculados al peronismo, en El Salvador, donde el señor Bukele hizo un ajuste judicial para lograr adelantar su política de seguridad interna, así como  también en España, donde el señor Sánchez tiene ya fichas políticas en importantes posiciones en el Tribunal Constitucional y en la dirección de la fiscalía de la nación, originando que en los medios se retrate de manera escandalosa, esa situación, generando en un observador imparcial, cuando menos una medida aprehensión.

Obsérvese entonces que el fenómeno de intervención no es exclusivo de regímenes autoritarios –Venezuela o El Salvador- sino que también ocurre en países democráticos como España o Argentina, evidenciando con ello una falencia que es prudente atender.

Por lo que concierne a Venezuela, lo ocurrido en estos últimos cuatro lustros no puede repetirse en un eventual cambio de mando interno del país. Los principios contenidos en la Constitución deben ser respetados, todos ellos, pero especialmente los atinentes al poder judicial, dada la condición que este tiene, repito, de árbitro de los conflictos.  

La necesaria reinstitucionalización que deberá ocurrir de producirse un cambio de gobierno,  debe tener como elemento fundamental, el poder judicial, todo él, desde su base hasta la máxima instancia superior del mismo; si se repiten los vicios y deficiencias que han ocurrido durante este tiempo, simplemente, habremos perdido el tiempo y ello lo pagaremos todos.

Los venezolanos, para recuperar de manera integral el país, debemos concientizar que estamos obligados a hacer las cosas de manera muy distinta a como se ha hecho durante la revolución. Si hacemos lo mismo, el fracaso será al cuadrado. 

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural

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