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Si tanto nos preocupa la justicia, deberíamos evitar politizar la discusión jurídica.
Se harán miles de interpretaciones y tergiversaciones. De la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia en contra del Senador Uribe Vélez que, según medios, está contenida en 1.554 folios y que no se conoce, se han dedicado horas enteras a comentarios. Colombia es una montaña rusa de noticias, emociones y manipulación; escribir columnas es un ejercicio sobre lo ocurrido en las últimas 24 horas. Aquí, cada día trae un suceso que desvía inmediatamente la atención, haciendo que lo urgente supere lo importante.
En medio de la vorágine generada por la noticia, se levantaron voces que reclamaban respeto hacia las decisiones de la justicia. Hay que rodear las instituciones, adviertieron. Esto, sin duda, es una buena recomendación; sin embargo, cuando esa misma justicia falla en contra del copartidario vienen las marchas y cuestionamientos.
Si de verdad nos interesa la justicia, habrá que tomarla en serio. Por ejemplo, hacer un examen exhaustivo a los garajes que fungen como facultades de derecho – se recomienda la lectura de la publicación Abogados sin reglas de Mauricio García Villegas-; sin duda, la reforma a la justicia arranca en las aulas de clases – allí, donde un 2.5 se intenta convertir en 3.0 por tratarse del sobrino o hijo de fulano de tal -. ¡Profesor, ayude al muchacho; por su materia puede perder el semestre! Y qué decir de los estudiantes que cometen fraude y siguen campantes. Habrá que ponernos serios y decir que estos estudiantes pueden ocupar una magistratura. En este orden de ideas, preocupa la flexibilización al interior de algunas facultades respecto de los requisitos de graduación, promoviendo viajes para escuchar conferencias con el fin de presentar ensayos para optar por el título, pasando de estudiantes que leen poco a egresados que no escriben. Según el profesor David Suarez Tamayo, es necesario educar rigurosamente en humanismo, filosofía y sensibilidad social. Debemos formar ciudadanos y no simplemente profesionales. Para ello, se deben mejorar los requisitos de ingreso, de permanencia, de grado y de litigio. Debemos evitar graduar al tipo de estudiante “pragmático” – así se autodenominan – que tiene claro cómo “funciona esto” y que en conversaciones casuales dice “yo hago lo que haga falta”.
Por su parte, la comunidad internacional también hizo lo propio. Como es de cajón, respaldó las instituciones, pero sería mucho mejor que las apoyara un tanto más. La Jurisdicción Especial para la Paz, por citar un caso, ha sido y continúa siendo blanco de muchas críticas y ataques injustificados, y qué decir del proceso de La Habana. Otro aspecto importante tiene que ver con la posibilidad de hacer convenios de cooperación técnica y, si éstos ya existen, revisar su alcance y logros alcanzados. Necesitamos capacitación en investigaciones de delitos sexuales; no es posible que estos casos sean mal manejados y, por cuestiones de inobservancia de los respectivos protocolos y demás, queden en la impunidad. Más que cadena perpetua para violadores, lo cual vende ante el público, necesitamos fiscales mejor preparados y una óptima redistribución de la carga de trabajo; de lo contrario, los operadores judiciales se verán superados por el cúmulo de procesos a su cargo. Asuntos como la congestión, la morosidad, el vencimiento de términos y la crisis carcelaria hacen pensar en la necesidad de una política criminal seria que no tenemos. Si de verdad nos interesan las instituciones y la justicia, tenemos bastante por hacer.
Finalmente, es curioso que quienes se presentan ante el público como defensores de la ley y el orden, sean los primeros en elevar la voz contra la Corte Suprema de Justicia. Reclamar garantías y demás nos lleva a preguntar: ¿acaso la Corte no las otorga? O, ¿por qué tendríamos que reclamarle a la Corte un juicio justo con todas las garantías? Lo que nos conduce a otra pregunta: ¿existen ciudadanos más importantes que otros para los cuales se tenga que adelantar un juicio más apegado a derecho que de costumbre? Estamos ante una justicia que debe respetarse y, al mismo momento, debemos exigirle más controles. Por iniciativa de la Corte Constitucional, USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, realizó un estudio para promover acciones positivas de inclusión laboral y rechazo de toda forma de violencia de género, que reveló presuntos casos de acoso sexual y laboral y, además, señaló barreras para la equidad de género en la corporación. En este caso, es evidente que se tienen que tomar medidas, inclusive, para las demás cortes y evitar que se filtren los fallos antes de comunicados y notificados.
Una reforma a la justicia, a través de constituyente, no solo es inconveniente, es poco seria. Las cortes no son partidos políticos. Los juicios se enfrentan en su lugar natural: los estrados judiciales. Si tanto nos preocupa la justicia, deberíamos evitar politizar la discusión jurídica. Ante la Corte Suprema, estarán los abogados del Senador, haciendo la respectiva defensa de los intereses de su cliente, mientras la ciudadanía esperará el resultado. Convendría solicitarle a la Corte Suprema que este juicio sea público para que todos nos informemos de primera mano en lugar de especular con noticias que se quedan en la superficie y que sirven a los medios para levantar el rating, likes y retweets. Perdón por las molestias, pero debemos preguntar: ¿aceptaremos el veredicto de la Corte Suprema o depende del caso? ¿Qué pasará con aquellos que piden respeto a las instituciones si Uribe termina absuelto? Dentro de todo lo dicho y los mares de tinta dedicados al tema, me quedo con las palabras de también Senador Roy Barreras: “Respeto por Cortes. Instituciones están por encima de los individuos. Garantías para el debido proceso para Álvaro Uribe. Nadie debe celebrar fallos de la justicia sino acatarlos. El uribismo es un fenómeno político que no se derrota con un fallo sino en las urnas”.
Adenda 1. Mientras hacemos la ola por una medida cautelar, se están discutiendo temas importantes como el proyecto de presupuesto de 2021 que trae amargas sorpresas, mientras la pandemia sigue elevando sus números. La manera en que se desvía la atención del público es otro asunto que debería llevarnos a la reflexión, en especial, si consideramos las crisis como oportunidades. Recuerden la frase atribuida a Kissinger: “No es lo que es verdad lo que cuenta, sino lo que se percibe como verdad”.
Adenda 2. Nos importa tanto la justicia que resulta casi imposible reformarla.
*Juan Carlos Lozano Cuervo, abogado, realizó estudios de maestría en filosofía y es profesor de ética y ciudadanía en el Instituto Departamental de Bellas Artes. @juanlozanocuerv