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Asdrúbal Aguiar Aranguren es un prestigioso abogado venezolano que hacia 1992 era magistrado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y, posteriormente, en el gobierno del Presidente Caldera – que sucedió electoralmente el interrumpido segundo mandato de Carlos Andrés Pérez – Ministro de Relaciones Interiores.
Ha escrito él en días pasados un artículo denominado “Colombia, mírate en Venezuela”, en el cual retrata la situación venezolana que nos condujo a lo que hoy es nuestro país, haciendo parangón con lo que actualmente ocurre en Colombia.
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Como siempre afirmo, por mi condición de extranjero refugiado en este país, no me corresponde emitir opinión sobre la situación política del mismo. Escribo sobre la nuestra para que, por efecto de comparación, cada quien saque conclusiones. Es lo que -convencido estoy – me corresponde hacer.
El artículo en cuestión trae distintas afirmaciones de suprema importancia pero a los fines de este texto rescato una que creo fundamental, el de la corte politizada.
Debe saberse que, conforme a la Constitución de 1961, en nuestro país su máxima instancia era la Corte Suprema de Justicia, siendo sus magistrados elegidos por el Congreso Nacional como consecuencia de propuestas que hacían las fracciones políticas que lo integraban, existiendo en la misma algún tipo de pluralidad e independencia.
Así las cosas, como consecuencia de los sucesos políticos ocurridos en Venezuela desde que el Presidente Pérez asumió la presidencia en febrero del 89, a instancias de algunos notables ciudadanos, sectores políticos y económicos y medios de comunicación, la composición de dicho cuerpo judicial fue modificada, originando la politización que menciona Aguiar Aranguren en su artículo y que fuere reconocida implícitamente por uno de los señores magistrados que la integraron vía tuit en abril del 2018, lo cual es -sin duda- absolutamente penoso.
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El poder judicial, en todas sus instancias, resuelve los conflictos ciudadanos y, por ende, no puede ser parcial. Si alguno de sus integrantes tiene interés en una causa que cursa en su despacho, debe declararse impedido de conocer la misma. Eso es lo que a todos nos enseñaron nuestros profesores en la universidad, cualquiera sea el país, pero, más aún, es lo que demanda el sentido común. Así, entonces, esos magistrados que ayer y hoy, en cualquier parte del mundo, decidan controversias ateniéndose a su propio interés personal o simpatías políticas vulneran la magistratura que se les confió. De eso no tengo dudas.
Esos magistrados que ocuparon la más alta instancia judicial entre 1992 y 1999, no solo enjuiciaron políticamente a una persona, siendo ellos jueces de derecho, sino que a posteriori, en los inicios del proceso chavista, hicieron gala de sus simpatías políticas imponiendo un mecanismo de modificación constitucional no previsto en su texto – cosa que, por cierto, sus ideólogos extranjeros no han podido lograr en sus países -. Adicionalmente, luego de instalada la Constituyente de 1999, resolvieron – de manera sobrevenida – que la misma no solo discutiría el proyecto de Constitución sino que podía adoptar cualquier decisión que consideraré pertinente pues no tenía límites.
Bajo los parámetros descritos, los señores magistrados hicieron ejercicio de ingeniería política con visos de juridicidad por intereses políticos. Las consecuencias de su accionar están a la vista.
Los dirigentes políticos validan las posiciones que asumen con el respaldo de los ciudadanos. Se desnaturaliza y afecta grandemente la democracia cuando, careciendo de aquel, utilizan un brazo armado para respaldar su accionar o, peor aún, cuando togados adoptan decisiones en función de los intereses políticos de su afecto a pesar de contrariar la ley.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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