Juzgamiento público

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Juzgamiento público

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Los medios tienen una gran responsabilidad en países como los nuestros. Son ellos, sin ninguna duda, la ventana que tienen los ciudadanos para estar informados.

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A partir de la década de los 80 y hasta la llegada del señor Chávez al poder, se desarrolló en Venezuela una práctica que pareciere estarse replicando en otros países de mi interés y que produjo sus frutos en diciembre de 1998 con la elección del mismo.  

En nuestro país, ciertos medios de comunicación y periodistas a su servicio se dedicaron con ahínco a demeritar a toda la dirigencia política que no compartía sus inclinaciones políticas personales o no se prestaba a satisfacer sus exigencias económicas producto de la situación de nuestro país, tal como lo señaló un expresidente venezolano en ocasión de una célebre respuesta a quien luego resultaría periodista adalid del chavismo. No había allá un día a la semana que esos periodistas y medios no demeritaran – muchas veces sin razón – de personajes de la vida pública nacional. Los venezolanos, hasta con fruición suicida, esperaban el día de aparición de columnas,  periodistas o directores, para regodearse con lo que en su respectivo espacio expresaren.

No importaba que contra los mismos no existiere acción penal ninguna o que las que cursaren no hubieren sido decididas o que hasta fueren declaradas sin lugar. La presunción de inocencia prevista en la Constitución se invertía y eran ellos quienes debían demostrar que lo eran y, como no había sentencia o ésta les era favorable, pues la mácula quedaba, para satisfacción del medio, del director o del fablistán quienes así, todos a una, como Fuenteovejuna, cargaban contra la democracia.

En otras ocasiones, quizás hasta coludidos con fiscales y magistrados, denunciaron y lograron la condena de personajes a los que la historia – por el hecho que se les juzgó – ha absuelto.  Carlos Andrés Pérez es el más vívido ejemplo de ello.

Así la responsabilidad de periodistas, dueños o directores de medios que, respecto de la situación de nuestro país hoy se hacen los locos porque, con su prédica destructora de reputaciones, coadyuvaron a llevarnos donde estamos nunca ha sido exigida. Soy de los que cree que la misma no prescribe, aunque sea la de carácter social o moral.

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Llegando al tiempo presente, observo en algunos países una práctica como la que viví en Venezuela los últimos veinte años del siglo pasado, especialmente referida a la denuncia contra determinados ciudadanos, especialmente políticos. No afirmo, pues desconozco los intríngulis, que las mismas tengan razones similares a las nuestras, pero observo que, a pesar de no existir condena judicial contra algunas personas, las baterías parecieren estar dirigidas a destruir reputaciones.

Son culpables porque el tribunal de la opinión pública, construida por quienes pueden hacerlo, así lo ha determinado, generando que todo el que con esa persona tenga contacto sea objeto, de alguna manera, de estigmatización. Grave error que, si no se atiende oportunamente, generará tempestades que con el tiempo todo arrasan. Basta ver para ello el escenario mediático de mi país en esta coyuntura, producto de la ejecución de acciones por parte de quienes pensaron que resultarían beneficiarios de la práctica político mediática referida con los resultados que a la vista están.

Comete un grave error quien crea que estas líneas tienen por objeto respaldar de una u otra manera a quienes otros crean culpables de hechos delictivos. Más faltaba. Quien eso ha hecho, independientemente de nacionalidad, posición política o estatus social, debe responder por ello, pero debe hacerlo ante los tribunales de cada país, no el de la opinión pública construida en función de intereses corporativos, mediáticos, políticos o personales.

Los medios tienen una gran responsabilidad en países como los nuestros. Son ellos, sin ninguna duda, la ventana que tienen los ciudadanos para estar informados. Utilizar los mismos para demeritar del adversario independientemente de que contra éste no exista condena alguna o buscando se construya una para justificar lo publicado – tal como ocurrió en Venezuela – genera consecuencias como las que en la actualidad está viviendo nuestro país, las cuales uno no quiere para otros de su afecto.

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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