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En medio de la pandemia, cuando son muchas las voces que piden la flexibilización de las sanciones contra Venezuela por razones humanitarias, Estados Unidos redobló las apuestas.
El 28 de marzo, el Departamento de Justicia dio a conocer la acusación contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los generales Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ por narcotráfico y narcoterrorismo.
Éstas son solo algunas de las reflexiones que provoca la lectura de la imputación de cargos.
La imputación agrega un ladrillo más a la argumentación jurídica para la intervención armada en Venezuela
La movida resulta reminiscente del proceso iniciado contra Manuel Antonio Noriega antes de la invasión a Panamá. De hecho, Noriega fue acusado en 1988 de traficar drogas hacia Estados Unidos. Para la época, Estados Unidos venía incitando una rebelión de oficiales en contra de Noriega, había congelado los activos panameños en su territorio y tenía prohibido a personas naturales y jurídicas las transacciones con el país centroamericano. ¿Suena conocido?
Estados Unidos invocó cuatro razones para intervenir:
1. La defensa propia, entendida de manera amplia para incluir protección de nacionales, porque la Asamblea Nacional de Panamá había declarado un estado de guerra con Estados Unidos dadas las sanciones y la imputación a Noriega y las fuerzas armadas panameñas habían hostigado e incluso asesinado a militares y civiles norteamericanos;
2. La protección del canal de Panamá para garantizar el libre paso de los navíos de todos las naciones porque Estados Unidos temía interferencia panameña a medida que recuperaba derechos bajo el Tratado Torrijos-Carter;
3. La promoción de la democracia porque Noriega había invalidado la elección presidencial de 1988 en la que había ganado el opositor Guillermo Endara quien, según la Casa Blanca, como autoridad legítima, había dado el visto bueno a la invasión, un consentimiento que habría dado lugar a lo que se conoce como “intervención por invitación”;
4. La captura del narcotraficante Noriega para llevarlo ante una corte de Nueva York porque Estados Unidos consideraba que él había convertido a Panamá en un paraíso para los carteles.
Las cuatro argumentaciones para el uso de la fuerza resultan más o menos problemáticas a la luz del derecho internacional vigente para la época. Por ejemplo, Panamá no había impedido la navegación en el canal, ni tampoco la declaración del estado de guerra venía acompañada de una amenaza de agresión, ni se tuvo en cuenta el requerimiento de proporcionalidad en la fuerza. En general, el planteamiento de Estados Unidos contó con poca aceptación pero, desde el punto de vista discursivo, toda potencia necesita cimentar sus acciones en una base legal, por controvertida que ésta sea.
Lo cierto fue que los cuatros motivos citados constituyeron el manto legal que amparó el uso de la fuerza de Estados Unidos y, con solo cambiar canal por petróleo y agregarle algo de creatividad jurídica, cada uno de ellos podría ser aplicable a Venezuela. (Para más información sobre la argumentación para intervenir en Venezuela, ver Venezuela: Sí, pero no así).
La construcción de un argumento de defensa propia parece evidente en la imputación. “Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, el Cartel de los Soles buscó no solo enriquecerse y aumentar su poder sino también inundar a Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos dañinos y adictivos de la droga a consumidores de este país”, afirma el Departamento de Justicia. Y continúa: “el Cartel de los Soles priorizó el uso y la importación de la cocaína como arma contra Estados Unidos”.
No existe duda de que Estados Unidos está construyendo el edificio discursivo para la intervención en Venezuela. Esto no significa que el uso de la fuerza sea inminente o siquiera probable pero sí que, al menos desde lo legal, los Estados Unidos no están dejando las cosas al azar. Los abogados estarán preparados si se les necesita.
La imputación cierra aun más la puerta al diálogo directo entre Caracas y Bogotá necesario para reducir los estragos de la pandemia en la frontera
La coordinación bilateral contra el Covd-19 requeriría conversaciones directas con Caracas. El presidente Iván Duque se ha negado a entablar un diálogo con su homólogo en Venezuela, , a pesar de las súplicas de sus aliados domésticos más cercanos. Hasta el expresidente Andrés Pastrana, acérrimo enemigo de Maduro, se lo ha pedido. Presionado por el avance del virus, solo los ministros de salud han sostenido reuniones virtuales con la intermediación de la Organización Panamericana de la salud. Pero no son solo decisiones sanitarias las que se requieren para minimizar el impacto del virus en la frontera.
Desde que Duque llegó al poder, no ha tenido lugar una sola conversación entre presidentes y cancilleres de los dos países. Bogotá incluso se opuso a la apertura de conversaciones de negociación mediadas por Noruega. En campaña, Duque prometió una rápida caída de la dictadura con la adopción de medidas más duras, que han llevado hasta a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Dos años después, ¿qué ha obtenido? No mucho. Maduro permanece en el poder.
De hecho, Duque está hablando con un presidente venezolano, uno legítimo – eso sí – , pero uno solo en papel. Maduro, por otro lado, ha llamado varias veces. Con su negativa a levantar el teléfono, Duque no solo no ha logrado avanzar en la restauración de la democracia en Venezuela, sino que ahora pondrá en peligro la vida de venezolanos y colombianos. Además, quizás pierda la oportunidad de descongelar relaciones que – quién sabe – podrían incluso abrir un diálogo más amplio en el camino hacia una transición.
El presidente Duque tendrá que decidir si privilegiará los intereses de Estados Unidos sobre los de Colombia. Al final, son las vidas de los colombianos en juego, no las de los estadounidenses.
La imputación está diseñada para debilitar el Acuerdo de Paz, pero es tan importante lo que dice como lo que no
En primer lugar, el texto ignora la disolución de las FARC como grupo armado. “Desde al menos 1999 y hasta 2020, las FARC fue una organización terrorista liderado en diferente momentos por Luciano Marín Arango, a/k/a Iván Márquez, y Seuxis Paucis Hérnandez Solarte, a/k/a Jesús Santrich, los imputados, que se convirtió en uno de los principales productores de cocaína en el mundo y perpetró actos de violencia contra Estados Unidos y sus nacionales”, plantea el documento. Recuerda que, en 1997, las FARC fueron designadas organización terrorista y hoy permanecen en la lista.
La confusión surge porque las FARC como guerrilla dejó de existir con la finalización del desarme y el grupo ilegal en el que hoy militan Márquez y Santrich constituye una disidencia diferente a las FARC. Hasta el informe de derechos humanos del Departamento de Estado reconoce la voluntad de los excombatientes en el proceso. Pero, para el Departamento de Justicia, las Farc de 1964 a 2020 constituyen un solo grupo. No existe duda, entonces, de la mala intención detrás. La imputación se redactó como si el Acuerdo de Paz nunca hubiese existido.
Más importante aun, el texto describe una reunión Maduro – Márquez de 2014, en plena negociación, para traficar y señala acciones de protección de envíos de cocaína de las FARC en 2017, con el Acuerdo de Paz firmado. “Personal uniformado de las FARC armado de ametralladoras y otras armas ayudaron a recibir la cocaína en Barinas y cargaron la cocaína en vehículos con compartimentos secretos para transportar la cocaína a lo largo de la costa”, denuncia el escrito.
No obstante, solo Iván Márquez y Jesús Santrich han sido imputados, lo que hace creer que Estados Unidos no cuenta con evidencia de involucramiento en narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo de Paz de ninguno de los líderes excombatientes reincorporados que permanecen en el proceso. Y eso no es cosa menor.
* Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils
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