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Esperemos entonces en Colombia la implementación de lo acordado para que podamos – quienes de ello requerimos – proceder en consecuencia.
Desde febrero del año 2019 escribí en más de una columna que, si en algún campo la administración Guaidó tenía posibilidad de destacarse, ello era en el campo internacional, en la medida que incidiera en políticas públicas aplicables a los migrantes que fuera del país se encontraban pues, todo lo que a estos beneficiare, impactaría positivamente no solo a ellos sino a sus familiares que en Venezuela quedaron.
La afirmación en cuestión derivada del hecho que el señor Maduro controlaba férreamente territorio y población pero la comunidad internacional no le reconocía unánimemente – como lo hizo hasta el 10 de enero de ese año – cuando se produjo su asunción presidencial producto de su discutida elección, puesto que cerca de sesenta países optaron por considerar como presidente del país a quien asumió como presidente de la Asamblea Nacional en la primera semana de este último mes y año citado.
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Fue por esas circunstancias que, desde el referido mes de febrero, propusimos tanto a la gestión Guaidó como a la administración del señor Presidente Duque que se implementare un mecanismo alternativo a la apostilla para que los venezolanos en Colombia pudiéremos darle autenticidad a nuestra documentación pues, o estábamos impedidos de hacerlo por la decisión del señor Maduro, o los costos venezolanos lo impedían o en último caso, el tiempo que se llevaba en hacerlo y la exigencia colombiana de que tuviere una antigüedad no superior a noventa días lo dificultaba. Así, entonces, más de una columna a ese tema dedicamos.
Una de las evidencias de que ese reconocimiento internacional realizado a la administración Guaidó era beneficioso para quienes fuera de nuestras fronteras nos encontrábamos quedó plasmada en la suscripción en mayo del 2019 del memorándum de entendimiento que permitió el otorgamiento del Permiso Especial de Permanencia a los integrantes de las fuerzas militares y policiales – así como a sus familias- que ese año decidieron defender el accionar de la Asamblea Nacional. Así, en un momento en el cual no estaba prevista la regularización migratoria de nuestros connacionales, para ellos se implementó.
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Ahora una nueva noticia en materia de cooperación hemos conocido.
Colombia ha aceptado que la representación diplomática de la administración Guaidó en este país – mediante nota diplomática sustitutiva de la apostilla – certifique la veracidad de la documentación de los venezolanos que aquí nos encontramos. Ello se hará de manera virtual y a tal fin se están haciendo los ajustes técnicos correspondientes. La decisión se corresponde no solo a la normativa internacional sino también a la interna colombiana. Así, en virtud de la misma, respecto de los títulos y demás documentos universitarios que lo requieren, la referida medida, es un paso supremamente importante puesto que permitirá que podamos poner a disposición de Colombia las habilidades y competencias que en nuestro país aprendimos, una vez que ante el Ministerio de Educación se cumplan todas las exigencias que la legislación interna exige para la convalidación de títulos profesionales. Ello además es una muestra de que, cuando existe voluntad política de hacer las cosas, los objetivos se cumplen.
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Lo acordado con el gobierno de Colombia seguramente se debe estar tratando de implementar con los otros países que reconocen el accionar de quien fuere elegido presidente de la Asamblea Nacional en enero del 2019. Si es así, todos ganaremos. Esperemos entonces en Colombia la implementación de lo acordado para que podamos – quienes de ello requerimos – proceder en consecuencia.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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