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Esta decisión, seguramente, originará discusiones públicas casi interminables dada la dificultad de consensuar el nombre de quien habría de dirigir los destinos del país hasta enero del 2025.
En las redes venezolanas persiste la discusión respecto de quien ocupa la presidencia del país. Casi tres años llevamos en eso y seguimos.
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A los efectos internos y para una parte de la comunidad internacional quien lo hace es Nicolás Maduro, pero también es verdad que para otros el presidente lo es quien ejerce esa posición en la Asamblea Nacional elegida el 2015 y, por ello, en tal condición, algunos Estados reconocen a Juan Guaidó como tal en el entendido que, al ser él un parlamentario, está obligado a revalidar su encargo en la primera sesión anual de dicho órgano. Las afirmaciones precedentes no son ociosas.
En efecto, mientras la ONU reconoce como presidente venezolano al señor Maduro y es él quien designa representación ante dicho organismo y todos los colaterales que integran el sistema universal, en la OEA la representación fue designada por la Asamblea Nacional de 2015, tal como ocurre con otros países que interpretaron que. El 10 de enero de 2019, cuando el señor Maduro asumió funciones para el período 2019-2025, habría incurrido en usurpación.
Esa situación que describo es intolerable en el tiempo y a la misma es menester buscarle salidas consensuadas o impuestas. La primera dependería de la voluntad recíproca de las partes en conflicto, en tanto que las segundas derivarían de un referendo revocatorio realizado entre el 11 de enero de 2022 y el 10 de enero del 2023. Ambas, sin duda, generan interrogantes.
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Seguramente muchos venezolanos estarán pensando en activar el mecanismo refrendario para resolver la situación que nos ocupa. No contarán para ello con el 24% de los electores que fuera del país están y probablemente tampoco con alguna parte de quienes en estas elecciones parlamentarias votaron a favor de las propuestas democráticas, dado que algunos preferirán que en el actuar de su mandatario local o regional priven los intereses de la comunidad antes que los nacionales, dado el estado de la zona donde residen. Adicionalmente, las normas que regulan la materia dificultan la realización del mismo, sin contar con el accionar de los poderes públicos involucrados. Esas variables, sin duda, deberán ser ponderadas por todos.
Quedaría entonces para solventar la bicefalía acordar medidas que lo faciliten, lo que implicaría por parte de quienes ejercen posiciones públicas convenir mecanismos que permitan mejorar la situación institucional presente y futura del país, adoptando medidas que permitan la reinstitucionalización. Esta decisión, seguramente, originará discusiones públicas casi interminables dada la dificultad de consensuar el nombre de quien habría de dirigir los destinos del país hasta enero del 2025.
Ciertamente que es una elección libre para presidente de la república la que resolvería la discusión. La decisión, sin embargo, escapa a la voluntad general y sólo está reservada a quien ocupa Miraflores y los que le acompañan, quienes hasta el presente no han dado ninguna señal en tal sentido. Ante esa circunstancia, queda entonces pensar en alternativas adicionales que permitan que los próximos tres años sean distintos a los precedentes, tarea en la cual es menester trabajar y de allí lo importante del retorno a las negociaciones mexicanas.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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