“Para determinar si se puede dar o no el fracking, deben lograrse tres condiciones fundamentales: óptimo acceso y calidad de información, desarrollo de una institucionalidad con adecuado comando y control y participación real de las comunidades involucradas. ¿Será demasiado ingenuo pedir que nos organicemos según regiones y contextos y denunciemos y ayudemos al empoderamiento de las comunidades más vulnerables según sus problemáticas?”

El último mes ha sido terriblemente desafiante para los temas ambientales: Hidroituango, asesinatos de guardabosques, atentados petroleros, fracking, aspersión de glifosato, deforestación, contaminación del aire.

Ante esta compleja problemática, caemos como ciudadanos, en un ciclo en el que nos involucramos emocionalmente, nos quejamos dentro de nuestro círculo social y, ante la falta de acción y resultados de quienes consideramos tienen la responsabilidad de actuar, nos dejamos invadir por el sentimiento de frustración y de inutilidad.

Por otro lado, ante la incertidumbre científica, los gobiernos apelan a la figura de las comisiones de expertos para que los orienten e inspiren y, en el peor de los casos, sirvan para llenar el requisito de participación de la sociedad civil. Al no ser vinculantes, estos trabajos  poco sirven, terminan siendo acoplados a intereses particulares o depositados en los anaqueles como “memoria histórica”- por citar un término tan utilizado en estos días. Es lo que está sucediendo respecto al fracking para el cual quedó abierta la posibilidad de realización de pilotos mientras se cumplen unas condiciones fundamentales. Esto lo acomodará el utilitarismo a ultranza según sus propios intereses.

Independientemente de esta “fisura”, – que nos permite imaginar el duro pulso que se dio al interior de la comisión- ella plantea que, para determinar si se puede dar o no la explotación por este medio, deben lograrse tres condiciones fundamentales: óptimo acceso y calidad de información, desarrollo de una institucionalidad con adecuado comando y control y participación real de las comunidades involucradas.

Aquí viene mi punto: el que las recomendaciones sean realmente tenidas en cuenta depende en gran medida del control social que podamos ejercer como sociedad civil. Ninguna de estas tres condiciones van a ser priorizadas por las instituciones si no hacemos un seguimiento juicioso por parte de ONGs, medios y comunidad académica. Estas tres condiciones se aplican para todos los casos donde el medio ambiente es el doliente. ¿Será demasiado ingenuo pedir que nos organicemos según regiones y contextos y denunciemos y ayudemos al empoderamiento de las comunidades más vulnerables según sus problemáticas? Sobre estas comunidades recaen los desafíos más grandes del posconflicto y ellas son presa fácil de manipulaciones e intereses mezquinos, como lo planteó de forma provocadora en su última columna en el Espectador Brigitte Baptiste.

Al tradicional abandono estatal se suma la inoperancia de la sociedad civil. El cuidado del medio ambiente debe ser una búsqueda deliberada por parte de todos los actores en esta nueva etapa y no resultado del miedo generado por el conflicto a ocupar territorios. ¡Convirtamos en oportunidad el llamado de la comisión de expertos y ejerzamos control!

Mónica Sanz, PhD Desarrollo Incluyente, Directora Inpresc

1 COMENTARIO

  1. creo que el problema no es el control que se le va a dar, o mas bien, se le debería dar a la utilización del método de fracturación. el réal problema aquí es que el fracking no debería estar autorizado en
    Colombia pues su practica es inconstitucional y viola el derecho internacional. El problema es la parcialidad del gobierno colombiano a la hora de nombrar una comisión de expertos cuyo fin era el de recomendar la utilización de este método de extracción y no de hacer un estudio científico al respecto.

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