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En todo caso, el Gobierno debe avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, no sólo permitiendo que la JEP ejerza sus funciones, sino también garantizando la implementación de los otros componentes del Acuerdo como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito –PNIS, así sea como parte de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral- ZEII que fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Defensa y Seguridad.
La actitud del Gobierno frente a la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc del Teatro Colón, más que el simple cumplimiento de una promesa política de campaña, refleja una verdadera incoherencia y confusión en el manejo integral de la política de seguridad y construcción de paz en los territorios. A partir de una lectura en contexto de algunos de los hechos políticos más importantes de estos últimos meses –inicialmente presentados y analizados como hechos aislados-, se puede concluir que la estabilización de las regiones y la construcción de paz en los territorios se ha dejado a la suerte, como si se tratara de una ruleta rusa en la que el tiro mortal es un escalamiento incontrolable e irreversible del conflicto armado en Colombia.
Al primero de estos hechos lo voy a llamar: Desconocimiento del protocolo.
En enero de este año, luego del repudiable ataque del ELN a la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, el Presidente Duque anunció públicamente el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN y el desconocimiento del protocolo suscrito el 5 de abril de 2016 por representantes del anterior Gobierno, que establecía el procedimiento en caso de ruptura de la mesa. Hoy, cuatro meses después de estos hechos, los ex negociadores del ELN permanecen en La Habana, aparentemente en estrictas condiciones de aislamiento e incomunicación mientras que, en territorio colombiano, el conflicto armado con el ELN ha sufrido un escalamiento impredecible.
De un totazo, haciendo uso del argumento equivocado sobre los actos de Estado versus los actos de Gobierno, el Presidente Duque sepultó la posibilidad de entablar –al menos en los próximos cuatro años- negociaciones de paz con los grupos armados organizados al margen de la ley (tanto el ELN, como los demás). Este hecho resulta incoherente si se tiene en cuenta que, tan solo un mes antes, el 18 de diciembre de 2018, el Presidente había sancionado la Ley 1941 prorrogando la vigencia de la Ley 418 de 1997 que autoriza al Presidente a sostener diálogos de paz con los grupos armados organizados al margen de la ley y abre la puerta para la desmovilización colectiva e individual de los miembros de estos grupos.
El segundo capítulo se llama: Lo inconveniente de las objeciones por inconveniencia.
Sin entrar a discutir el fondo de las seis objeciones presentadas por el Presidente Duque al proyecto de ley estatutaria de la JEP, ni si con los 47 votos del Senado éstas se hundieron o no; lo cierto es que el trámite de estas objeciones representó un desgaste innecesario para el Gobierno, con graves consecuencias para la seguridad y estabilidad en los territorios.
Esto en gran medida se debe a la inseguridad jurídica que genera la falta de un apoyo claro del Gobierno para el correcto funcionamiento de la JEP. Mientras los combatientes rasos de las ex FARC-EP ya tienen resuelta su situación jurídica en virtud de la amnistía de iure y los altos mandos tienen casos abiertos en la JEP (como el Caso 001 sobre el secuestro por parte de las Farc), los mandos medios (muchos de los cuales fueron comandantes de frentes de la guerrilla) siguen esperando a que se definan aspectos claves como la posibilidad de seleccionar (objeción No. 2) y el alcance del régimen de condicionalidad para tener certeza sobre el procedimiento a seguir en la JEP. Para este grupo de desmovilizados, las objeciones al proyecto de ley estatutaria son una muestra más de la falta de compromiso del Gobierno con el cumplimiento del Acuerdo del Teatro Colón en todos sus componentes. Se ha materializado lo advertido en su momento por el International Crisis Group: “las objeciones a la ley estatutaria JEP generarían un riesgo para que los ex combatientes se unan a las disidencias”.
A lo anterior se le suma el episodio de: Una minga fuera de control.
Las reivindicaciones que dieron lugar a la minga indígena más larga de la historia resultaron nubladas por los múltiples hechos violentos que cobraron varias víctimas mortales y por las alegaciones de infiltración de la protesta por parte de grupos armados residuales y otros grupos que operan en la zona vinculados con el narcotráfico. El acuerdo logrado entre el Gobierno y la Minga se vio manchado por un tuit del ex presidente Uribe que fue interpretado por muchos como justificando una masacre en razón de la autoridad “serena, firma y con criterio social”.
Esta historia está tristemente atravesada por: Los atentados contra los líderes sociales.
Desde que se firmó el Acuerdo Final con las FARC han muerto más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Dentro de este grupo caben defensores de derechos humanos, de los derechos de minorías, de las fuentes de agua, de tierras, personas que denuncian constantemente la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles y, por supuesto, desmovilizados de grupos armados al margen de la ley que se acogieron a alguno de los procesos de paz. Lo que está pasando con nuestros líderes sociales es el resultado de una implementación defectuosa y trastabillada del Acuerdo Final, aunada a la puesta en marcha de una Política de Seguridad y Defensa que está desarticulada con los esfuerzos de construcción de paz, dejando a la deriva a los territorios más afectados.
De esta línea de tiempo brota evidente la necesidad de articular las diferentes políticas del Gobierno nacional que tienen impacto en la estabilización de los territorios. Esta articulación exige, por un lado, mantener, promover y fortalecer la política de desmovilización individual de los miembros del ELN, aun cuando se haya cerrado la posibilidad de entablar un proceso de conversaciones con esta guerrilla. Además, se debe definir si se abre la puerta para el sometimiento colectivo de los grupos armados organizados, como se trató de hacer con el Clan del Golfo mediante la Ley 1908 de 2018, que ya perdió vigencia.
En todo caso, el Gobierno debe avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, no sólo permitiendo que la JEP ejerza sus funciones, sino también garantizando la implementación de los otros componentes del Acuerdo como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito –PNIS, así sea como parte de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral- ZEII que fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Defensa y Seguridad.
El reciente asesinato del ex guerrillero Dimar Torres Arévalo presuntamente a manos de dos soldados del Ejército, el ataque sicarial contra Wilson Saavedra, ex comandante de las Farc que estaba en proceso de reincorporación en virtud del acuerdo y el atentado perpetrado contra Francia Márquez y otros líderes en el Cauca no son más que el último llamado para que el Gobierno nacional tome los correctivos políticos necesarios para acabar con la falta de articulación y coherencia entre las diferentes políticas con impacto en la estabilidad en los territorios. La posibilidad de enderezar el rumbo -claro está- parte necesariamente del reconocimiento del conflicto armado interno y de un apoyo irrestricto por parte del Gobierno a la independencia judicial en Colombia. De lo contrario, seguiremos bajo el azar de que se dispare la bala.
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