La corrupción de la sexta categoría

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Así estamos: un país mayoritario preso en Estados famélicos y omnipresentes, una clase política local maniatada y dependiente de políticos aún más dependientes del Gobierno nacional, una juventud sedienta por cambiarlo todo apuntándole al éxito electoral nacional desde una trampa ubicada en la sexta categoría.

En Colombia, los distritos y municipios se distribuyen según su población, ingresos o situación geográfica, en siete categorías: especial y de 1 a 6. En sexta se encuentran los municipios más pequeños y de más bajos ingresos. Estos suman 970 de 1.102; esto es el 88% de los municipios del país. En términos de población, en esta categoría viven más colombianos que en ninguna otra, más de 16 millones, según las proyecciones del Dane.

Distribución de población y municipios de Colombia según su categorización, año 2021

CategoríaPoblación% de PoblaciónNº de Municipios% de Municipios
Especial15.627.41230,660,54
19.840.37619,3282,54
23.337.4546,5181,63
31.245.0812,4151,36
42.574.2015,0252,27
52.099.4344,1403,63
616.291.78431,997088,02

Aunque mucho se habla sobre la falta de Estado en estas sociedades, realmente lo abarca casi todo, aunque en un Estado muy básico, casi obsoleto. Con excepción de comercio y seguridad, las entidades estatales “responden” por prácticamente todo: servicios, acueducto, alcantarillado, aseo, vías, educación, alumbrado, deporte, cultura, salud, vivienda, asistencia técnica rural.

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El trabajo formal difícilmente lo dan empresas distintas a la alcaldía, el hospital o puesto de salud o las empresas de servicios públicos. El estrato 3, junto al 1 y el 2, recibe subsidios del municipio. Casi la totalidad de la población está dentro de los beneficiarios de oferta estatal, esto es, población Sisbén.

El protagonismo de lo público contribuye a hacer borrosas las divisiones sociales y disimula las económicas. El más rico del pueblo (comerciante, alcalde o mafioso) es atendido por el mismo médico que atiende al más pobre. Sus hijos estudian en la misma institución pública, desayunan lo mismo en el mismo restaurante escolar y hacen deporte en la misma escuela de formación, la cual hace parte de la oferta pública.

Esa omnipresencia estatal hace que la política electoral sea una actividad muy popular. Los índices de abstención son bajos, especialmente en las elecciones locales. Sin embargo, el derecho ciudadano a ser elegido está destinado para muy pocos y sus requisitos no sólo son los que determina la ley.

La política es una actividad prácticamente exclusiva de “los políticos”, llamados por algunos gamonales o caciques. Muchos logran este “título” o “derecho” haciéndose amigos de otros políticos, los tradicionales o “profesionales”, en su mayoría congresistas que viven en Bogotá o en las capitales de departamentos y que sólo visitan los territorios para cosechar los votos en tiempos electorales o para tomarse las fotos con las obras producto de la mermelada (probable razón por la cual uno de los problemas más sentidos por la población rural en estos municipios sea la prácticamente inexistente infraestructura de acueductos, pues, al ir por debajo de la tierra, no sirven para las fotos).

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Aunque suene desalentador, es gracias a esta clase de políticos, ligados al clientelismo y a la mermeladocracia, que estos pueblos tienen algún tipo de desarrollo que mostrar: pavimentos, polideportivos, puentes, plazas de ferias, infraestructura educativa, soluciones de vivienda, proyectos agropecuarios. Es el resultado de lo que llaman “gestión”. Traducido al lenguaje popular, no es más que cupos de la oferta de bienes y servicios que el Gobierno nacional otorga a dedo a sus congresistas amigos a cambio de votar sus propuestas y de no incomodar en los debates de control. Esos cupos se ejecutan en los territorios de los alcaldes amigos a cambio de apoyo electoral. Una especie de juego ganar – ganar por 2: ganan el Gobierno, el político tradicional, el mandatario local y el territorio.

Se trata, sin embargo, de un diseño que hace crónica la dependencia de los mandatarios locales por la supuesta gestión que ofrecen los políticos tradicionales, aminorando la presión ciudadana por resultados, o sea, por obras.

La dependencia se explica por la inviabilidad financiera de los municipios pobres. Ninguna obra compleja y de calidad puede ser asumida con el presupuesto municipal. El recaudo no alcanza ni para la nómina por lo que es necesario utilizar recursos de inversión para cubrir su funcionamiento, incluyendo el comité de aplausos de la campaña, convertido en la burocracia de prestación de servicios. El resto tiene destinación específica.

No importan la orientación ideológica y el plan de desarrollo o si se trata de un municipio llanero, costero o andino, o si es analfabeto o magíster, el alcalde que llegue debe transferir los recursos de agua potable a cubrir los subsidios y los “bonos Carrasquilla”, los de educación a los rectores y a pintar un par de escuelas por año, los de salud, una parte ínfima a vigilancia y salud pública y otra, el grueso de todo el presupuesto y del Sistema General de Participaciones, al régimen subsidiado, esto es las arcas de las EPS. Y claro, un par de fiestas populares, la banda municipal y unos entrenadores mal pagos para las escuelitas deportivas: los recursos de cultura y deporte, respectivamente. En años electorales, se inflan los presupuestos para vivienda y se activa la feria del cemento y la teja.

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Es que ni el grueso de la corrupción se halla aquí. Ésa está en los contratos de la “gestión”, aquella que hace el político amigo del alcalde que la ejecuta.

Así estamos: un país mayoritario preso en Estados famélicos y omnipresentes, una clase política local maniatada y dependiente de políticos aún más dependientes del Gobierno nacional, una juventud sedienta por cambiarlo todo apuntándole al éxito electoral nacional desde una trampa ubicada en la sexta categoría.

*Javier Eduardo Lasso Muñoz, politólogo de la Universidad del Cauca y magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Relaciones internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, Ecuador. Su vida laboral ha transcurrido entre la docencia y el servicio público. @javierlassom

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