La democracia no se agota en las mayorías

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Si nos atenemos, aún sin estar de acuerdo, a que la democracia se agota en la regla de las mayorías, habría que decir que el Congreso actual fue elegido después del plebiscito y que es el resultado de una expresión popular. 

Es usual que el ciudadano promedio, aquel desvinculado de las discusiones propias de quienes intervienen en los asuntos de Estado, piense que la democracia se agota en la regla de las mayorías. No debería ocurrir lo mismo con los dirigentes del Centro Democrático, incluidos sus congresistas. Estos deberían saber que la democracia es mucho más que la regla de las mayorías.

Digo lo anterior porque la principal justificación que esgrimen frente a las objeciones a la JEP y frente a sus aspiraciones de reformar la Constitución en lo concerniente a esta jurisdicción es que el NO ganó en el plebiscito y que los más de 10 millones de electores de Iván Duque votaron por él en consideración a su oposición al acuerdo de paz.

Es cierto, el NO ganó en el plebiscito y ese triunfo se reconoció de inmediato. Como consecuencia de esa decisión popular se desarrollaron intensas jornadas de deliberación con los voceros del NO y el nuevo acuerdo incluyó más de 50 de las ideas que ellos defendieron durante la campaña. Además, el nuevo acuerdo fue refrendado por el Congreso que es una institución que tiene origen popular. Incluso, en la elección de ese Congreso participaron más colombianos que aquellos que lo hicieron en el plebiscito. Esa refrendación fue declarada ajustada a la Constitución por una sentencia del órgano de cierre Constitucional que es la Corte Constitucional. Las sentencias de la Corte Constitucional son una expresión de la democracia porque ellas son el mecanismo a través del cual el poder jurisdiccional controla al poder ejecutivo en el desarrollo de sus competencias.

Es cierto, Iván Duque fue elegido por más de 10 millones de colombianos y también es cierto que durante su campaña lució como un opositor del acuerdo de paz. Pero concluir que esos más de 10 millones de colombianos depositaron su voto por él debido exclusivamente a su oposición al acuerdo de paz es un asunto que no se puede confirmar con exactitud. Contra ese argumento se podría decir que en la primera vuelta la mayoría de los candidatos dijeron estar dispuestos a defender el acuerdo de paz y asumieron el compromiso de implementarlo. Sí sumamos los votos de esos candidatos, el resultado es que son superiores a los obtenidos por Duque en la segunda vuelta. Es más, conozco a muchas personas que votaron por Duque en la segunda vuelta porque les asistían temores sobre la propuesta económica de Petro pero no porque quisieran que se le hicieran modificaciones a las normas del acuerdo de paz.

Si nos atenemos, aún sin estar de acuerdo, a que la democracia se agota en la regla de las mayorías, habría que decir que el Congreso actual fue elegido después del plebiscito y que es el resultado de una expresión popular. En él sus mayorías han dejado suficientemente claro que no están de acuerdo en modificar las normas que desarrollaron el acuerdo de paz.

Lo que no parecieran entender los dirigentes del Centro Democrático es que los controles entre los órganos del Estado también hacen parte del diseño institucional propio de los regímenes democráticos. Es más, la condición de órgano de cierre constitucional que la carta política le otorga a la Corte es justamente para garantizar la preservación de los valores democráticos de nuestra sociedad. Y en la sentencia que declaró ajustado a la Constitución el acto de refrendación que del acuerdo del Teatro Colón hizo el Congreso, la Corte señaló que el fin último del Estado Constitucional era la paz.

Ahora bien, Iván Duque también dijo al final de su campaña que se dedicaría a trabajar por aquellos asuntos que unan a los colombianos. Habló de estimular el emprendimiento y de luchar contra la corrupción, entre otros. Seguramente muchos de sus electores se dejaron seducir por esas ideas. Si de lo que se trata es de darle curso a un mandato ciudadano, existen varios asuntos en los que se podrían construir consensos políticos para sacar adelante las reformas necesarias.

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