La democracia participativa y Petro

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La participación de los ciudadanos no desajusta la democracia. Por el contrario, democratiza la política.

La democracia se ha deteriorado en todos los continentes. En Europa con regímenes intolerantes como los de Hungría y Polonia. En Estados Unidos con un presidente como Donald Trump que desencuadernó las instituciones e intentó un golpe de Estado contra el Congreso y el nuevo gobierno. En América Latina con presidentes como Bolsonaro con un discurso militarista y racista, y como Maduro y Ortega, quienes han concentrado todos los poderes del Estado y reprimido con extrema violencia a los que protestan.

La otra crisis global de la democracia proviene de la falta de presencia del pueblo en la vida política de sus países. Es decir, de la escaza participación de los ciudadanos en la política. Este déficit democrático se nota en los altos niveles de abstención en las elecciones, en el descrédito de instituciones como el Congreso y la misma figura de la Presidencia, así como en la frustración, la indiferencia o inclusive en la repulsión que siente buena parte de la población hacia los políticos, la política en sí misma y las instituciones democráticas.

Una de las soluciones a este déficit de la democracia que a finales del Siglo XX plantearon y pusieron en práctica teóricos políticos y reformas constitucionales fue la de la ampliación de la democracia representativa. Ya no se trata solamente de la elección popular de presidentes, cuerpos legislativos y autoridades locales. Ni solo de garantizar que mujeres y hombres ejerzan el derecho al voto y decidan quienes gobiernan, sin otra restricción que la edad.

Lo que se intentó fue renovar y profundizar las democracias a través de la introducción de la llamada democracia participativa. Este modelo de democracia no se limita a la celebración periódica de elecciones y al ejercicio del voto, sino que apunta a que la ciudadanía esté presente de manera constante en la vida política de un país.

Este fue el camino que adoptó la Constitución de 1991 con la inclusión de varios “mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía” como “el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”. A estas formas de participación podríamos agregar la consulta previa, que proviene del derecho internacional y que ha sido muy importante para la protección de diferentes comunidades y pueblos indígenas.

Pero la democracia participativa no se limita al ejercicio de estos mecanismos. En este modelo la democracia se ejerce en todas las circunstancias en las que se decidan asuntos de cualquier tipo que tengan que ver con los intereses de “todos”. La Constitución del 91 es insistente en este sentido en el Preámbulo, en los Principios y en el modelo de Estado que creó el artículo 2: “Son fines esenciales del Estado… facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.

Por esta razón es completamente legítimo que, en ejercicio de la democracia participativa, quienes votaron por el programa de reformas del candidato Petro -y todas aquellas personas que estén de acuerdo con ellas- hubieran salido el 14 de febrero a las calles a manifestar su apoyo a los proyectos de ley sobre asuntos tan importantes como el sistema de salud, las pensiones, los derechos laborales y la educación.

A este respecto valdría recordar que filósofos liberales como Rousseau y Kant definieron la democracia como el régimen en el que los ciudadanos son autónomos porque están sometidos a las leyes que ellos mismos contribuyen a crear. Es decir, la participación de la ciudadanía en la formación de la ley -a través de sus representantes o expresando su voluntad de manera directa- hace parte de la médula de la democracia -inclusive desde la época de la democracia ateniense.

Hoy en Colombia es legítima e inclusive urgente la participación ciudadana en la formación de las leyes si se tiene en cuenta la precariedad que se ha vivido por décadas en cada uno de esas áreas de la reforma: la muerte o la falta de atención de los enfermos debidas a la ineficiencia de las EPS, mientras que los recursos del Estado que administran son esquilmados por la corrupción y ganancias enormes terminan en los bolsillos de sus accionistas; la imposibilidad de pensionarse o la obtención de pensiones de miseria; la pérdida del pago de horas nocturnas y la rareza de los contratos dignos; la baja calidad de la educación pública y la falta de acceso a la educación superior.

Por otra parte, el voto programático solo existe en Colombia para gobernadores y alcaldes. Mediante esta figura constitucional los votantes les imponen a los elegidos la obligación de convertir su programa de campaña en el plan de desarrollo de su gobierno. Este mandato fortalece la democracia pues apunta a evitar que los políticos hagan promesas en campaña que no cumplen cuando llegan al poder, o que gobiernen haciendo lo opuesto a lo que propusieron.  

Aunque el voto programático no se aplica al Presidente de la República, el candidato Petro inscribió su programa de gobierno “Colombia, potencia mundial de la vida” y sus proyectos de ley de hoy se dirigen precisamente a cumplir sus promesas o propuestas electorales. Al honrar su programa de campaña el presidente Petro está honrando un principio democrático. Esto es reconocido hasta por Álvaro Uribe, el líder de la ultraderecha y al mismo tiempo su contertulio en una serie de conversaciones que se han realizado desde la posesión de Petro con el fin de disminuir la agresividad existente entre uribistas y petristas.

Varias voces se han pronunciado en la prensa para llamar la atención acerca de los peligros de la presencia en las calles de los simpatizantes de Petro. El académico y columnista de El Espectador Jorge Iván Cuervo, inspirado por sus convicciones democráticas describe la convocatoria de Petro como “un tanto desesperada”, “activismo”, consecuencia del olvido de su rol de jefe de Estado y de Gobierno, y como “devaneo autoritario”.

En este último sentido Enrique Santos en el portal Los Danieles coincide con Cuervo cuando los dos afirman que con las manifestaciones del 14 de febrero Petro está derivando hacia el gobierno del “Estado de opinión” y que estaría coincidiendo con lo que Álvaro Uribe intentó en su presidencia.

Pero en realidad las actuaciones de Petro y Uribe son muy distintas. Uribe y sus ideólogos José Obdulio Gaviria y Ernesto Yahmure enfrentaban la decisión de la Corte Constitucional que bloqueó la posibilidad de un tercer mandato para Uribe. Y el adefesio que invocaron para intentar dejar sin efectos la sentencia de la Corte y lograr la segunda reelección fue el llamado “Estado de opinión”. Ellos lo entendieron como un orden político o un régimen legal superior al Estado de derecho.

Según Yahmure, a la base del “Estado de opinión” estarían los consejos comunales de seguridad presididos por Uribe y los más de cuatro millones de colombianos que firmaron una carta en la que manifestaban su deseo de ver elegido a Uribe por tercera vez. Y el mismo ex-columnista -tristemente célebre por ser asesor y portavoz de paramilitares- se atrevió a decir que esos millones de firmantes eran “proporcionalmente muchas más de las (sic) que participaron en la elección de constituyentes en 1991”, intentando poner esa carta por encima de la Constitución.

Con base en el disparate del Estado de opinión querían legitimar el desconocimiento de la Constitución, la ley y la Corte Constitucional a través de vías de hecho como las que se imaginó en ese momento el exministro Jaime Castro: “un autogolpe de estado, no convocar a elecciones, cerrar el Congreso, cambiar la Corte Suprema de Justicia”.

Es evidente que la convocatoria de Petro no puede ser más distinta a la de Uribe. En ningún momento el gobierno actual ha invocado el nefasto Estado de opinión, ni lo ha hecho sin nombrarlo. Tampoco se está intentando pasar por encima del Estado de Derecho y la ley sino de todo lo contrario: de materializar la democracia participativa consagrada en la Constitución del 91 haciéndose la ciudadanía parte del proceso de incubación y formación de las leyes.

Además, a Petro le es imposible apelar a la idea del Estado de opinión porque la gran mayoría de los medios, opinadores y periodistas están en su contra. Si el Estado de opinión requiere que los medios de comunicación formen una opinión pública favorable al gobierno, entonces Petro está muy lejos de poder gobernar de esta manera. Y mientras que Uribe contaba con un consenso casi total en los medios, Petro enfrenta todo lo contrario.

Esta es la conclusión que uno puede obtener al revisar las columnas de opinión de las últimas semanas. Es el caso del exministro conservador y académico Carlos Caballero Argáez, quien se preocupa por una supuesta “inclinación autoritaria” de Petro en relación con el alza de las tarifas de la luz y con el metro de Bogotá. Debajo de esta columna en la versión virtual de El Tiempo se sugiere leer a Juan Lozano, Nancy Patricia Gutiérrez, Luis Felipe Henao y Diego Santos, todos con credenciales uribistas y acérrimos críticos del gobierno.

Que la crítica a Petro es lo que prevalece también se puede ver al leer a los columnistas del centro político como el exministro Santista Gabriel Silva, para quien Petro “ha ido erosionando el sistema legal”, y como el exministro liberal y académico Fernando Cepeda, quien descalifica a Petro describiéndolo como confundido, dogmático, volátil e impredecible. Varios académicos del Externado y columnistas como Ramiro Bejarano se manifestaron en un sentido similar en un debate organizado por esa universidad de origen liberal.

Que otros medios de comunicación se pronuncian diariamente en contra del Gobierno es más evidente si uno se atreve a ver, oír o leer la televisión, la radio o los medios digitales de mayor influencia nacional como La FM de RCN, Blu Radio de Caracol y Semana. Sus directores Luis Carlos Vélez, Néstor Morales y Vicky Dávila se caracterizan por su irrespeto al principio periodístico de la imparcialidad.

Es común que a este respecto no se mencione un hecho crucial. La oposición de los medios de comunicación a Petro no solo se debe a la decisión íntima o profesional de los periodistas en ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, sino que también proviene de los intereses de sus propietarios. Los medios de mayor cobertura son el feudo de los grandes grupos económicos o de los hombres más ricos del país: Sarmiento, Santodomingo Jr., Ardila Jr. y Ganitzky Jr. Cuando los márgenes de ganancia de los grupos económicos están en juego como consecuencia de las reformas a la salud, las pensiones y laboral, es común que sus voces sean multiplicadas por los medios de comunicación que son de su propiedad.

Las redes sociales por su parte son quizás más efectivas en moldear la posición de los ciudadanos con menor formación política, o de quienes no tienen acceso a la prensa, ni las publicaciones académicas. En las cadenas de WhatsApp se distribuyen con dolo y concertadamente todo tipo de acusaciones y noticias disparatadas y falsas. La última que me llegó provino de un tío uribista y afirma que el presidente Petro posee mansiones y fincas en Bogotá, Barranquilla y Córdoba por un valor de $17.500 millones, y dos casas en Miami que valdrían más de U$1 millón.

La misma actuación del gobierno Petro cuentan también con la oposición del régimen Uribista que se prolongó en el gobierno Duque, y que hoy subsiste en instituciones estatales como la Fiscalía y la Procuraduría. Para la muestra un botón muy conocido: La Procuradora, quien es cercana al Clan Char y cuyo hijo es beneficiario de contratos billonarios del Alcalde de Barranquilla, suspendió y luego reintegró a Daniel Rojas, Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Este funcionario del gobierno lucha contra la corrupción heredada en la SAE y contra la venta durante el gobierno Duque de la Tripe A -la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo que opera en Barranquilla- por un precio sustancialmente menor al real.

Por otra parte, la presencia en las calles de quienes apoyan las reformas presentadas por el Gobierno habría generado un desequilibrio a favor de Petro si la oposición no hubiera podido ejercer su derecho a manifestarse. Pero la oposición estuvo en las calles el día siguiente, sin que hubiera sido objeto de ninguna represión violenta por la policía -como sí lo fueron quienes protestaron por meses contra el gobierno Uribista de Duque.

Y aquellos que se preocupan por los riesgos para la separación de poderes y el fortalecimiento del Ejecutivo en detrimento del Congreso deberían tener en cuenta que los partidos de gobierno no cuentan con mayorías en el Congreso, sino que la aprobación de los proyectos de ley requiere de la existencia de una coalición con partidos como el Conservador y el Liberal. Roy Barreras -político de centro y actual Presidente del Senado- ha manifestado su desacuerdo con el proyecto de reforma a la salud y con la misma convocatoria de Petro a salir a las calles.

Además, siendo una coalición de centro-izquierda, el gabinete cuenta con ministros de centro como Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, quienes ya han manifestado objeciones a proyectos del gobierno. No acumulando poder sino compartiéndolo con el centro político es como Petro ha estructurado su gobierno. Y no olvidemos que la rama judicial ha permanecido completamente independiente.

Quienes ven en la participación de los ciudadanos más allá de las elecciones algo extraño y dañino para la democracia olvidan las propuestas que hizo Petro durante la campaña y los proyectos de ley de su gobierno apuntan a materializar una profunda reforma legal y social: garantizar derechos humanos fundamentales como la salud, la pensión, a un salario justo y a la educación de la mayoría de los colombianos. Todo lo cual supone una reducción de los márgenes de ganancia de los dueños de los grandes capitales -o de los “dueños del país”. En este contexto, la magnitud de las reformas y el poder económico, político y mediático de sus contradictores exigen la mayor acumulación posible de apoyo popular para que los cambios profundos se hagan realidad.

Los mayores de 20 años podemos recordar cómo los medios de comunicación bombardearon la Alcaldía de Petro en Bogotá con noticias y comentarios que en el mejor de los casos eran parciales y cargadas, y en el peor, simples mentiras. En ningún momento periodistas como Darcy Quinn pusieron en evidencia el conflicto de intereses en los que incurría -siendo ella compañera sentimental del Zar de las basuras- cuando desprestigiaba a Petro describiendo como apocalíptica la situación de recolección de las basuras -la cual fue fabricada por los privados afectados por las reformas según lo han reconocido algunos de los involucrados.

El calculado desprestigio del gobierno Petro ha comenzado a dar frutos con el ascenso de la opinión desfavorable a Petro a un 56%, según una encuesta reciente de Datexco. Pero esta vez Petro no ha esperado a que lo destituyan o a que le impidan gobernar para intentar salvarse a último momento. Ya aprendió la lección de los tiempos de su Alcaldía. Esta vez Petro se les adelantó a sus contradictores y habló anticipadamente desde el balcón.

Petro no apunta a gobernar asistido por un Estado de opinión. Petro busca que los ciudadanos apoyen sus reformas. A su vez, los ciudadanos apoyan las reformas por las que votaron y lo hacen para garantizar que se materialicen. Los que critican las marchas por ver en ellas acumulación de poder en Petro, irrespeto de la separación de poderes, síntomas de populismo y autoritarismo e inclusive a Robespierre, deberían tener en cuenta la coyuntura política nacional en toda su complejidad.

El calado y el carácter social de las reformas del gobierno Petro, la magnitud del poder de sus opositores y la inmovilidad histórica de las fuerzas del status quo al que se enfrenta el primer gobierno de centro-izquierda en la historia de Colombia exigen la ampliación de la participación del pueblo en la política y en el trámite legislativo. Hago votos porque se realice el fin último de las reformas: la democratización social y económica que se deriva de la garantía efectiva de derechos humanos como la salud, las pensiones, el trabajo y la educación. Nada más y nada menos.

La participación de los ciudadanos no desajusta la democracia. Por el contrario, democratiza la política. Quizás se trate de hacer real la democracia participativa enunciada en la Constitución de 1991. Tal vez tengamos que abandonar el miedo a la democracia que se adivina detrás de muchas de las críticas. Tal vez tengamos que dar la bienvenida a nuevas expresiones democráticas que no hemos visto en Colombia a lo largo de 200 años de vida republicana y de gobierno de los partidos políticos de las élites. Y tal vez sea necesario, inclusive, redefinir la democracia de una manera más comprensiva y radical.

*José Manuel Barreto, PhD, Profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional, Uniandes y Universidad Católica. @JoseManuelB2013

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