La discapacidad en la social racanería de la Paz con Legalidad

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Si la información de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) disponible en el DANE es completa y correcta, los hechos no respaldan el verbo triunfalista de la Paz con legalidad en cuanto a la discapacidad.

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Desde 2017 en adelante, la ECV, además de indagar por las dificultades severas que tienen los individuos para realizar ciertas actividades – como oír, hablar, ver, o moverse, entre otras -, también indaga por lo que ocasionó la discapacidad o las discapacidades. Entre las distintas opciones de respuesta que ofrece el cuestionario hay una muy relevante para el reconocimiento y la restitución de los derechos de las víctimas: el conflicto armado.

En 2018, 9.670 personas afirmaron que una de las causas de su discapacidad – o de sus discapacidades – fue el conflicto armado; en 2019, 14.436; en 2020, 17.682 y, en unas semanas, sabremos cuántas fueron en 2021, cuando el DANE publique la ECV correspondiente.

Bien podría decir algún Archila que el conflicto armado no está siquiera entre las tres principales causas de la discapacidad en Colombia y tendría razón: son las enfermedades, la edad y los accidentes las razones que en mayor proporción aducen las personas como esas causas. Bien podría alegar el Molano de turno que los datos de 2018 no pueden achacársele totalmente a este gobierno y que, en el gobierno anterior, hubo más víctimas del conflicto, y parcialmente tendría razón: 18,763 personas respondieron lo mismo en 2017, cuando otro era el gobierno, que efectivamente se fue en las calendas de agosto de 2018.

Pero decir y alegar esas cosas solo tergiversaría los hechos y afrentaría a las víctimas de la violencia. Lo que hicieron el señor Duque Márquez y quienes lo acompañaron en su gobierno por las personas con discapacidad a causa del conflicto armado debe ser evaluado a la luz y las sombras de la protección de los derechos de las víctimas, no de las muchas palabras que digan, aleguen o escriban los correveidiles de costumbre.

Volvamos a los hechos. En términos generales, el conflicto armado parece injerir más en dos tipos de discapacidad: las visuales, que hacen referencia a ver de cerca o de lejos o a los alrededores, y las motoras, que están relacionadas con mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras. Así mismo, las personas más afectadas se concentran en dos rangos etarios: entre 35 y 39 años y entre 55 y 59 años, aunque en el primer rango etario los más afectados en todas las discapacidades son los hombres y, en el segundo rango etario, las mujeres.

El número de personas con discapacidad que son víctimas del conflicto y que quedaron incapacitadas permanentemente también ha aumentado durante este gobierno: 35 de cada 100 en 2019 y 38 también de cada 100 en 2020. De ellas, el 47 % recibió en 2019 alguna pensión por jubilación, sustitución pensional, invalidez o vejez; dicho porcentaje apenas rondó el 30 % en 2020.

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Quizá por la imposibilidad fáctica de una pensión, o porque ninguno de ellos puede recibir algún ingreso por la tenencia de activos financieros ni por la venta o el alquiler de activos físicos, o porque no quieren seguir dependiendo exclusivamente de lo que sus familiares puedan transferirles, o porque la pensión no es suficiente, o porque suelen vivir en arriendo, o porque todas o varias de las anteriores razones aplican conjuntamente, la tasa de participación – quienes están trabajando o haciendo todo lo que esté a su alcance para trabajar, contratados o por cuenta propia – de las víctimas del conflicto con discapacidad también se ha incrementado: 29,0 % en 2019 vs. 33,4 % en 2020.

Lastimosamente, a las víctimas del conflicto con discapacidad que están ocupadas les va económicamente peor que a los que no tienen una discapacidad. En 2019, 38 de cada 100 personas cotizaban para la pensión, de ellas solo seis eran víctimas del conflicto armado con discapacidad; en 2020, 37, de las cuales 0,5 -o, en sentido estricto y coherente, 1 de cada 74- eran víctimas del conflicto armado con discapacidad.

Sus ingresos laborales, en medio de lo bajos que son en Colombia, también están muy por debajo de lo que devengan las demás personas: en 2019, la mitad de las personas que no tenían una discapacidad recibieron $830.000 o menos, mientras que la mitad de las víctimas del conflicto con alguna discapacidad recibieron $620.000; en 2020, esas medianas fueron $877.800 y $600.000 pesos. No solo siguió existiendo la brecha, también se incrementó desfavorablemente para las víctimas con discapacidad.

Ese es el verdadero balance de la rácana Paz con legalidad del gobierno Duque en cuanto a lo que tiene que ver con la discapacidad y el conflicto armado. Aunque solo hasta 2023 conoceremos plenamente el desastre que este gobierno hereda en cuanto a la inclusión de esta población, es claro que cuatro años no fueron suficientes para que ni el Presidente ni el Ministro de Defensa entendieran que la población y las víctimas siempre serán la piedra de toque de las políticas públicas de paz y seguridad.

P.D. 1. Aunque el cuestionario de la ECV no pregunta por el tipo de ocupación, por las respuestas a la pregunta de afiliación al régimen de salud puede conjeturarse que entre el 30 % y el 40 % de las víctimas del conflicto armado con discapacidad son militares o policías activos o retirados. Este es un hecho que hasta el mismo gobierno pareciera desatender fervorosamente.

P.D. 2. El documento Paz con legalidad: un camino de hechos hacia La Paz, firmado por los señores Duque Márquez y Archila Peñalosa, solo menciona la palabra discapacidad dos veces: la primera, como una condición genérica de beneficiarios de proyectos productivos; la segunda, para mencionar el nombre de una consejería presidencial.

P.D. 3. De acuerdo con el Reglamento de uniformes, insignias y distinciones RGE 4-20.1 del Ejército Nacional, esta fuerza armada sí tiene un uniforme de color negro: el overol dril negro para el personal a cargo del mantenimiento en los talleres y se usa solo por orden del comandante de la unidad. El mismo RGE 4-20.1 prohíbe explícitamente el uso de barbas en cualquiera de sus formas.

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*Daniel Poveda. Economista. Exvicepresidente del Capítulo de Economía de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y miembro del movimiento Defendamos la Paz.

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