La encrucijada de Hidroituango

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La encrucijada de Hidroituango

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¡Todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar!

La preocupación en torno a la seguridad energética del país pasa a un segundo plano frente al riesgo de que el proyecto colapse y la furia de las aguas se lleve de calle cuanto encuentre a su paso.

La encrucijada de Hidroituango

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PREÁMBULO

La ejecución del megaproyecto de Hidroituango y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre su suerte. La grave contingencia que se presentó en abril de 2018 se ha prolongado por 45 meses, la cual llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la licencia ambiental que le había otorgado. En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua no para reconsiderar la medida.

En efecto, dando cumplimiento a la misma, se contrató a la consultora chilena Pöyry. EPM se comprometió a presentar dicho dictamen para finales de 2019, luego para diciembre de 2020; después, pidió una prórroga hasta el 31 de julio de 2021 y, finalmente, fue radicado el informe de 427 páginas en la ANLA el 29 de diciembre del año anterior. Al momento en que se presentó la contingencia, el avance del proyecto era del 84.3% y ella le significó un retroceso hasta el 60%. Al corte de diciembre de 2021, estaba nuevamente alrededor del 86.9%.

Para comenzar, hagamos una breve recapitulación de los más recientes hechos concernientes a la marcha del proyecto. Primero, fue el juicio de responsabilidad fiscal adelantado por parte de la Contraloría General. Luego, a consecuencia de su fallo en segunda instancia, que lo dejó en firme y vinculó a la aseguradora MAPFRE, se dio el anuncio por parte del Alcalde de Medellín Daniel Quintero del cambio del consorcio constructor por otro, lo que precipitó el reintegro por parte de EPM de los US $450 millones del crédito contraído con el BID Invest por exigencia del mismo. Después de la cumbre en Palacio convocada por el Presidente Iván Duque para tratar de destrabar la marcha del proyecto, la aseguradora MAPFRE acaba de desembolsar los últimos US $633.8 millones para completar los US $983 millones de la póliza todo riesgo por el siniestro. Si a ello se suman los demás pagos realizados por las otras aseguradoras (SURAMERICANA, SBS, AXXA COLPATRIA, el total recibido en cumplimiento del Acuerdo de transacción alcanzado entre ellas y EPM al que se llegó el pasado mes de diciembre coincide con el monto en el cual tasó la Contraloría General el daño infligido al patrimonio público ($4.3 billones).

Ello llevó a la Contraloría General a “declarar resarcido integralmente el daño determinado en la presente causa fiscal, por pago total” y a ordenar “el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de propiedad de los declarados responsables”. De esta manera, se ha removido el obstáculo legal aducido por el Alcalde para renovarle el contrato al consorcio constructor (las medidas cautelares que ahora han sido levantadas en dicho auto) para dar continuidad a las obras, como en efecto se dio. Huelga decir que el costo del proyecto se ha elevado sensiblemente, pasando de un presupuesto inicial de $11.4 billones a $18.3 billones (¡!).

EL FRENO DE MANO

Después de tantas idas y venidas, vueltas y revueltas, la preocupación mayor es que la demora en presentar el dictamen pericial a la ANLA se ha convertido en un freno de mano para el avance de las obras, ya que en su Resolución se dispone como medida cautelar “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”. Sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas. Mientras esté vigente la susodicha Resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este año, respectivamente.

Huelga decir, que de no cumplirse con este cronograma EPM entraría otra vez en incumplimiento de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios. Desde luego, la ANLA se tomará su tiempo para evaluar el estudio que se ha sometido a su consideración, “a fin de emitir un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta” y, mientras tanto, el tiempo discurre sin que se vea luz al final del túnel.

Como se recordará, la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año, por la no entrada en operación de HIDROITUANGO el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto. Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43.1 millones, la cual hizo efectiva la operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo.

Por ello, hay que tomar muy en serio la advertencia de la Superintendente Natasha Avendaño cuando afirmó que “el cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022 tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía en firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, esta vez el 1 de diciembre de este año, cuando se inicia nuevamente el período de vigencia de la obligación establecido por la CREG recientemente. El margen de maniobra que tiene EPM y el consorcio constructor del proyecto es muy estrecho y angustiante. Ésta es la verdadera encrucijada de Hidroituango.

(Texto relacionado: De la contingencia a la incertidumbre: ¿Hidroicuando?)

EL DICTAMEN PERICIAL

El dictamen presentado a la ANLA, una especie de auditoría forense, se asemeja a los estudios de impacto ambiental (EIA) que las empresas deben presentar como requisito cuando solicitan una licencia ambiental y la resolución que la ANLA emita en su momento, disponiendo el levantamiento de la medida preventiva que tomó mediante la Resolución in comento, hará las veces del Plan de manejo ambiental (PMA) anejo a la licencia ambiental. No obstante, al conocerse el contenido del estudio presentado como producto del peritaje realizado por Pöyry, se encendieron todas las alarmas, pues, aunque la consultora considera que el proyecto “es técnicamente recuperable”, sus hallazgos revelan cinco puntos críticos, todos ellos de extrema gravedad, planteando riesgos que de materializarse podrían llevar al colapso del mismo.

Son ellos: 1) daños en el muro de cemento – bentonita en la parte superior de la presa 2) daños de la losa del vertedero 3) taludes en el cuenco amortiguador 4) el derrumbe de la zona sur de la caverna 5) tsunami causado por deslizamientos en el embalse.  Advierte el estudio que, de materializarse, “tal escenario catastrófico afectaría no solamente el tramo del río Cauca entre la presa y Nechí, sino potencialmente hasta la confluencia con el río Magdalena, poniendo en peligro una gran cantidad de centros poblados ubicados en la llanura del Caribe”.

A propósito, hace rato se había llamado la atención sobre el peligro que entrañaba controlar el nivel del embalse y garantizar el caudal ecológico apelando al uso continuo del vertedero durante meses y años, el cual por diseño tiene como función el desagüe ocasional. Por diseño, el caudal debería aproximarse a los 1.700 m³ por segundo y ha venido soportando valores superiores, alcanzando los 2.400 m³ por segundo, originando, como lo delata  el dictamen en uno de sus apartes, “un deterioro o desgaste con el tiempo, de la estructura de hormigón”. De ello se sigue que, inexorablemente, las condiciones de salvamento del proyecto pasan por convertir la energía potencial almacenada en el embalse por energía cinética a través de la turbinacion  del agua y para ello se requiere que, cuanto antes, sin mayores dilaciones, las ocho unidades contempladas en el proyecto entren en operación.

Lo dice claramente el informe: “los hallazgos pueden resultar, directa o indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas”. Se plantea, entonces, una premura para el avance de las obras y los correctivos de los puntos críticos señalados, porque cada día que pasa aumenta el riesgo. No hay tiempo que perder, pues, definitivamente, “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian desatentadamente.

Un efecto colateral del retraso de este proyecto, vital para el país, es que de los 75 kms lineales que tiene el embalse, hoy más de 20 kms están afectados por la formación agresiva del buchón.  Esto afecta el ecosistema de manera muy profunda, ya que cambia las condiciones bióticas y abióticas de la cuenca del río. Si bien se ha trabajado para erradicar esas plantas en el espejo superior del embalse, permanece aún afectando la profundidad y la oxigenación del agua. Es menester articular este manejo para su mitigación entre la autoridad ambiental y los responsables de la construcción del proyecto.

EL TIEMPO APREMIA

Por su parte, la autoridad ambiental, que tiene esta papa caliente en sus manos, ha dicho que “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a Hidroituango”. Sin perjuicio del rigor con el que la autoridad ambiental deberá evaluar el peritazgo y tomar su decisión, el tiempo apremia y en este momento es el mayor enemigo. Por esta misma razón, dicho estudio denota la inconveniencia del cambio de ejecutor del proyecto, como ya lo habían dicho en su pronunciamiento los siete decanos de facultades de ingeniería de Antioquia, la Sociedad Antioqueña de Ingeniería (SAI) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), pues ello implicaría un retraso adicional de la entrada en operación del proyecto de mínimo un año. A este respecto, preocupa sobremanera que la extensión del contrato al consorcio constructor se diera sólo por 11 meses, hasta el 30 de noviembre, reservando los tres últimos meses, según EPM, dizque para el “empalme”, añadiendo incertidumbre a la incertidumbre. Cabe preguntarse “empalme” por qué y para qué. ¿Será que insistirán en ello después del pronunciamiento de la Contraloría y de la advertencia contenida en el dictamen pericial que lo descarta por inconveniente y riesgoso?

Empecinarse en hacerlo sería un error garrafal, inexplicable, además, porque de no ser idóneo el consorcio contratista para finalizar la obra que iniciaron, ¿cómo entender la decisión de prorrogar el contrato, así sea a medias? Por lo demás, el dictamen pericial, aunque no se ocupa, porque no era el objeto del mismo, de la causa raíz, tampoco trata de establecer responsabilidades. No lo descalifica y, por el contrario, le atribuye una buena gestión de la contingencia, cuando afirma que esta “podría haber resultado en una catástrofe nacional. Afortunadamente la rápida respuesta de los profesionales a cargo, se logró evitar la rotura de la presa, que podría resultar en la pérdida total del proyecto, acompañado con inundaciones desastrosas en el valle del río Cauca y en la llanura del Caribe”. Si no se ha terminado de superar la contingencia, ¿cómo entender el anuncio del Gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo de la apertura en el mes de febrero de una nueva licitación para adjudicar el remate de esta obra colosal? Ello sería tanto como desdeñar lo cierto por lo dudoso.

En este momento, conocido este estudio, producto del peritaje que se le hizo al estado actual y a la estabilidad del proyecto, la preocupación sobre el impacto de su entrada en operación en la seguridad energética del país, que no es un asunto menor, así como la presión al alza del precio y la tarifa de la energía al usuario final que viene dándose, pasa a un segundo plano frente al riesgo de que el proyecto colapse y la furia de las aguas se lleve de calle cuanto encuentre a su paso.

EPÍLOGO

Como epílogo de estas disquisiciones en torno a la suerte del más importante proyecto y el de mayor envergadura del sector energético del país, digamos que los retos que plantea, ahora que el dictamen pericial asegura que es “técnicamente recuperable”, son un asunto demasiado serio y complejo para dejarlo en manos de los políticos y menos en una coyuntura electoral como en la que estamos. Los problemas políticos se resuelven políticamente, los problemas administrativos se resuelven administrativamente, los problemas jurídicos se resuelven jurídicamente y los problemas técnicos se resuelven técnicamente. La salida a la actual encrucijada de Hidroituango es eminentemente técnica; los expertos y especialistas son quienes tienen la última palabra, sin dejar de lado la gestión del riesgo, que también requiere de la experticia de los especialistas y avezados conocedores, integrados todos en un equipo interdisciplinario de primer nivel. ¡Aquí no debe haber pábulo para la improvisación!

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*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta

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