La entrevista

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No queda más que concluir que corresponderá a los políticos llegar a los acuerdos necesarios para que la reinstitucionalización sea posible.

Tomada de la entrevista de Con La Luz al embajador Armando Benedetti

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Concedió el señor embajador de Colombia en Caracas una entrevista a un medio venezolano que ha traído cola, no por lo medular sino por lo incidental de la misma que, sin embargo no es menos importante.

El representante en Caracas del Gobierno del señor Presidente Petro, utilizando expresiones que en nuestro país no son generalmente bien aceptadas, se refiere con ellas al señor Guaidó, obviando las limitaciones que las convenciones diplomáticas establecen y que él está obligado a guardar. En paralelo y como reacción, el máximo representante del Gobierno interino ante la Casa Blanca utiliza los mismos calificativos atribuidos al personaje venezolano referido pero ahora los eleva hacia el presidente de Colombia, sin nombrarlo, lo cual es también absolutamente lamentable. Si la expresión en Caracas fue impertinente, la segunda lo es igual pues ambos personajes ocupan la misma posición ante el Gobierno que les reconoce.

Hecha esa claridad, hubo en la entrevista varios asuntos importantes aun cuando a nuestro juicio uno medular.

Plantea la entrevistadora el tema de los derechos humanos y la intervención de la Corte Penal Internacional en nuestro país.

El embajador Benedetti  al responder mencionó que a su juicio en Colombia se vulneraban más los mismos que en Venezuela a lo cual la periodista replicó argumentando la intervención de ese ente internacional en nuestro país y allí radica, salvo mejor opinión, lo fundamental del problema.

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Si damos por cierto la afirmación del representante colombiano respecto a los DDHH  en su país, la pregunta sería cuál es el motivo que no esté Colombia siendo juzgada en dicha corte y la respuesta es obvia, su Poder Judicial.

Conforme al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional actúa cuando se cometen delitos que dicha normativa establece y adicionalmente el país respectivo no los juzga debidamente. Ese es el problema de Venezuela, la inoperancia judicial para absolver o condenar en derecho a quienes sean juzgados por hechos de esa naturaleza. Lo anterior es producto de la manera como las decisiones judiciales han sido interferidas desde las instancias ejecutivas, bien directamente o como consecuencia de la cooptación que hicieron desde los inicios del proceso que nos ocupa del sistema de justicia los que decidieron su integración.

La diferencia observada en la entrevista referida respecto de ese tema, solo se resolverá en Venezuela con la reinstitucionalización del Poder Judicial. En la medida que este sea confiable para todos, la intervención de la Corte Penal Internacional será innecesaria. Por lo que es obvio concluir que, las acciones que adelantó la administración Maduro a través de su Asamblea Nacional recientemente al modificar la ley del TSJ, no fueron suficientes y obviamente no lo podían ser, puesto que repitieron el patrón de captación referido.

Con vista a lo ocurrido, no queda más que concluir que corresponderá a los políticos llegar a los acuerdos necesarios para que la reinstitucionalización sea posible, mientras que los diplomáticos, donde quiera que estén, ajustan su conducta y opiniones a los límites que las normas que les son aplicables establecen.

La entrevista se puede consultar haciendo click aquí

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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